Por Miguel Ángel Rouco
31 Mayo 2015
BUENOS AIRES.- Las cifras son reveladoras de la profundidad de la crisis y de la herencia kirchnerista al próximo gobierno.
En el primer trimestre del año, el rojo fiscal supera los U$S 6.500 millones y de no ser por la contribución del Banco Central y de la Anses, el desequilibrio hubiera trepado hasta casi U$S 8.000 millones. De continuar con este rojo -es probable que se intensifique por los efectos sobre el gasto público en un año electoral-, 2015 cerraría con un bache financiero de U$S 35.000 millones, casi 7 puntos del PBI.
Esta es el real estado contable que deberá enfrentar la administración que surja triunfante de las elecciones de octubre, con todos los riesgos que ello trae aparejado a futuro.
Estas cifras son apenas una aproximación a la totalidad del trauma kirchnerista. Sobre estos números hay que añadir los pasivos contingentes que rondarían otro monto similar.
A pesar de la denodada prédica oficial, los subsidios al sector privado -planes sociales, energía y transporte más los aportes a empresas públicas-, representan más del 80% del déficit.
Contra la escasez de divisas y contra un financiamiento externo casi nulo, este rojo sólo se financia con emisión monetaria y liquidación de reservas, lo que es equivalente a financiarlo con el impuesto inflacionario.
Esto transforma al excesivo gasto público en el combustible de la inflación y mientras esto no se ampliamente entendido por la dirigencia política, la Argentina caerá sistemáticamente en crisis recurrentes.
Pero la totalidad del problema se queda a mitad de camino si no se entiende que el gasto estatal se lleva 41 puntos del PBI contra 34 puntos del PBI que representan los ingresos tributarios, aún con el nivel de presión fiscal más alto de la historia. La diferencia, precisamente, son esos 7 puntos del PBI.
Pero aun falta computar los pasivos contingentes, otra herencia que deja la dinastía Kirchner. De acuerdo con estimaciones privadas, entre los juicios en el Ciadi, la deuda con el Club de París, los reclamos de los holdouts y los “me too”, más las demandas de los jubilados y pensionados por la mala liquidación de sus haberes y la falta de actualización, el Estado debe enfrentar obligaciones que superan los U$S 40.000 millones. Estos pasivos obligarán a aumentar el stock de deuda ya que ante la falta de divisas, el estado argentino se verá obligado a emitir más deuda para cancelar estos fallos.
Mientras tanto, la economía privada está ahogada y cercada por problemas burocráticos, por las demandas sindicales y por la alta presión tributaria.
La caída superior al 20% en las ventas externas de alimentos -el principal polo exportador del país-, deja al desnudo que el modelo está muy lejos de ser industrialista y más lejos aún de proteger a los trabajadores y al sector productivo.
El enorme peso de los impuestos sobre el costo final de los productos -casi 41%-, hace que muchas empresas estén trabajando sin rentabilidad y apenas amortizando capital. La falta de ajuste por inflación en los balances, hace que las empresas deban pagar impuestos por ganancias ficticias. Las trabas a las exportaciones y a las importaciones de insumos no sólo resta dinamismo a la actividad, sino que se convierte en un alza del costo financiero.
Las demandas sindicales en algunos sectores están llevando a muchas compañías a trabajar en un delicado punto de equilibrio sin rentabilidad, lo que ha llevado a que muchas empresas vean reducida su productividad laboral, dejándolas fuera del mercado.
Con 21 meses de caída consecutiva de la actividad industrial, y sin rentabilidad, el aumento del desempleo está a la vuelta de la esquina.
El tránsito hasta octubre amenaza con ser tortuoso, a juzgar por la falta de acuerdo en paritarias, un próximo paro y una actividad industrial que se paraliza.
En el primer trimestre del año, el rojo fiscal supera los U$S 6.500 millones y de no ser por la contribución del Banco Central y de la Anses, el desequilibrio hubiera trepado hasta casi U$S 8.000 millones. De continuar con este rojo -es probable que se intensifique por los efectos sobre el gasto público en un año electoral-, 2015 cerraría con un bache financiero de U$S 35.000 millones, casi 7 puntos del PBI.
Esta es el real estado contable que deberá enfrentar la administración que surja triunfante de las elecciones de octubre, con todos los riesgos que ello trae aparejado a futuro.
Estas cifras son apenas una aproximación a la totalidad del trauma kirchnerista. Sobre estos números hay que añadir los pasivos contingentes que rondarían otro monto similar.
A pesar de la denodada prédica oficial, los subsidios al sector privado -planes sociales, energía y transporte más los aportes a empresas públicas-, representan más del 80% del déficit.
Contra la escasez de divisas y contra un financiamiento externo casi nulo, este rojo sólo se financia con emisión monetaria y liquidación de reservas, lo que es equivalente a financiarlo con el impuesto inflacionario.
Esto transforma al excesivo gasto público en el combustible de la inflación y mientras esto no se ampliamente entendido por la dirigencia política, la Argentina caerá sistemáticamente en crisis recurrentes.
Pero la totalidad del problema se queda a mitad de camino si no se entiende que el gasto estatal se lleva 41 puntos del PBI contra 34 puntos del PBI que representan los ingresos tributarios, aún con el nivel de presión fiscal más alto de la historia. La diferencia, precisamente, son esos 7 puntos del PBI.
Pero aun falta computar los pasivos contingentes, otra herencia que deja la dinastía Kirchner. De acuerdo con estimaciones privadas, entre los juicios en el Ciadi, la deuda con el Club de París, los reclamos de los holdouts y los “me too”, más las demandas de los jubilados y pensionados por la mala liquidación de sus haberes y la falta de actualización, el Estado debe enfrentar obligaciones que superan los U$S 40.000 millones. Estos pasivos obligarán a aumentar el stock de deuda ya que ante la falta de divisas, el estado argentino se verá obligado a emitir más deuda para cancelar estos fallos.
Mientras tanto, la economía privada está ahogada y cercada por problemas burocráticos, por las demandas sindicales y por la alta presión tributaria.
La caída superior al 20% en las ventas externas de alimentos -el principal polo exportador del país-, deja al desnudo que el modelo está muy lejos de ser industrialista y más lejos aún de proteger a los trabajadores y al sector productivo.
El enorme peso de los impuestos sobre el costo final de los productos -casi 41%-, hace que muchas empresas estén trabajando sin rentabilidad y apenas amortizando capital. La falta de ajuste por inflación en los balances, hace que las empresas deban pagar impuestos por ganancias ficticias. Las trabas a las exportaciones y a las importaciones de insumos no sólo resta dinamismo a la actividad, sino que se convierte en un alza del costo financiero.
Las demandas sindicales en algunos sectores están llevando a muchas compañías a trabajar en un delicado punto de equilibrio sin rentabilidad, lo que ha llevado a que muchas empresas vean reducida su productividad laboral, dejándolas fuera del mercado.
Con 21 meses de caída consecutiva de la actividad industrial, y sin rentabilidad, el aumento del desempleo está a la vuelta de la esquina.
El tránsito hasta octubre amenaza con ser tortuoso, a juzgar por la falta de acuerdo en paritarias, un próximo paro y una actividad industrial que se paraliza.
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