“Era un muchacho a cargo del juzgado en una época nefasta”

Los letrados Bonnin y Lucero refutaron las acusaciones de la Fiscalía y de las querellas. El 12 de junio dictarían el fallo Los defensores pidieron al TOF que el ex juez federal Manlio Martínez sea absuelto

29 May 2015
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EN EL BANQUILLO. El ex juez federal Manlio Martínez (de pie) está siendo juzgado por el TOF desde marzo. la gaceta / foto de Inés Quinteros Orio

“Sobre este juicio pesa una gran simbología. (Las querellas y la Fiscalía) intentan aplicar un derecho penal del enemigo. Se quiere sindicar a Manlio Martínez como único responsable de la administración de justicia en la provincia”. El defensor Manuel Bonnin inauguró ayer de esta manera el alegato de la defensa del ex juez federal en el Tribunal Oral Federal (TOF). Junto a su colega Vanessa Lucero, refutaron las acusaciones por delitos de lesa humanidad que pesan sobre el ex magistrado por su desempeño en la investigación de la “matanza” -así la calificó el TOF en un fallo- de cinco militantes de Montoneros en 1976 y por la posterior detención de Miguel Romano, dueño de la casa en la que se produjo el hecho.

Los representantes del Ministerio Público de la Defensa rechazaron cada imputación y afirmaron que es inocente. Requirieron a los jueces Hugo Cataldi (presidente), José Asis y Mario Garzón que sea absuelto.

Bonnin expresó que, con su accionar en esa época ayudando a detenidos, Martínez se ganó el enojo de las autoridades militares y que la bomba que “le pusieron en su casa” durante el terrorismo de Estado habría sido, de hecho, por una de esas determinaciones. El letrado consideró que gran parte de los alegatos que el miércoles expusieron los acusadores subrayaron la falta de “heroísmo” del letrado y efectuaron un “juzgamiento moral”: “afirmaron que tendría que haber renunciado. Cuando aquí se dijo que renunció y que el testigo Rodolfo Vargas Aignasse dijo que le advirtió ‘si te vas sos boleta’”.

Habeas corpus

Lucero hizo hincapié en la tramitación de recursos de habeas corpus por detenidos-desaparecidos en el Juzgado del imputado. Sucede que la Fiscalía había contabilizado que varias centenas fueron rechazados. Explicó que se tramitaban como se lo hace ahora y que se remitían oficios (a las fuerzas de seguridad) y se las emplazaba a responder rápidamente, según leyó. “Qué curioso. Las visitas que tuvo Martínez a la base operacional de Famaillá fueron a petición de los familiares. La Fiscalía dice que fue a hacer una demostración de poder a Acdel Vilas. No, fue porque la madre (de una víctima) le pidió que fuera”, afirmó. La abogada consideró que no hubo una mala tramitación de los recursos. “No le contestaban sobre el destino de las personas apresadas a la OEA ni las Naciones Unidas ¿Por qué el doctor Martínez tendría el poder de que sí le contestaran?”, ironizó.

Bonnin se refirió específicamente a las imputaciones por la “matanza” juzgada en el expediente conocido como “Romero Niklison”. “Las acusaciones pasaron de ser por encubrimiento a ser una participación secundaria de los homicidios. Agravaron la acusación. Es grave la falta de congruencia entre la inicial y la del debate. No es lo mismo encubrir que participar de un crimen”, consignó. Puso en duda que el episodio del 20 de mayo de 1976 haya sido una “ejecución” y se refirió a un “enfrentamiento”. “El hecho es lamentable y trágico, pero ningún testigo demostró ni un ápice de lo que lo acusan. Montoneros era una organización armada. Pretender que habían sido mansamente (atacados) es tomarnos por ingenuos. No hay pruebas de que haya sucedido como dicen y menos, sobre la presunta participación de mi defendido. La única concreta de que Martínez estuvo ahí fue su propia declaración”, retrucó. Advirtió que la entrega de los cuerpos de dos de las víctimas (tres permanecen desaparecidos) fue un gesto “humanitario” de Martínez porque él no tenía competencia en el caso.

“No tenía competencia”

“Manlio Martínez liberaba detenidos y atendía a los familiares (de apresados y desaparecidos). Pero aquí lo quieren revertir. Se lo quiere tratar casi como un jefe militar cuando era un muchacho a cargo de un juzgado en una época nefasta (…). Nunca hubo una reunión con Antonio Bussi, Adel Vilas o Roberto Albornoz. Fue el único que lo indagó a Bussi en 1984, cuando este aún tenía poder. A Martínez lo nombró Juan D. Perón y lo ratificó su mujer (Estela Martínez). Según la acusación aparece como un paracaidista nombrado por Vilas. No tenía competencia, poder de decisión, de ninguna manera prestó colaboración (a los militares)”, aseveró.

Lucero abordó, por último, las acusaciones por el caso Romano. Aseguró que el entonces juez siguió el procedimiento esperado de acuerdo a las normas vigentes de la época y que, inclusive, la tramitación de los pedidos del defensor de Romano fue rápida. “Las torturas no están probadas en esta causa ¿Por qué tenemos que creer en lo que dicen los hijos (afirmaron que lo vieron golpeado y torturado y que luego él relató el maltrato), que son parte interesada? Y no sé qué tiene que ver en este juicio ni con el imputado la venta del inmueble a un empleado del Juzgado”, dijo la abogada.

Martínez es juzgado desde marzo. Está previsto que el 12 se dicte la sentencia. La causa es un desprendimiento de la llamada “Romero Niklison” (2011), que condenó a los represores Luciano Benjamín Menéndez y Roberto Albornoz a perpetua y cuya sentencia está firme. Se abordó los asesinatos de cinco militantes de Montoneros (Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen).

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