La Fiscalía pidió 25 años de cárcel para el ex juez Martínez

Los acusadores argumentaron que el ex magistrado integró una organización criminal Hoy, a partir de las 15.30, los defensores del letrado presentarán los alegatos en el Tribunal Oral Federal

28 May 2015
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CON ATENCIÓN. El ex juez federal Manlio Martínez escuchó ayer los alegatos de las partes querellantes y de la Fiscalía; hoy será el turno de la defensa. la gaceta / foto de Analía Jaramillo

El Ministerio Público Fiscal sostuvo ayer que el ex juez federal Manlio Martínez no sólo habría encubierto delitos del terrorismo de Estado sino que habría “cumplido una promesa de impunidad sellada con anterioridad”, para ingresar a la “organización criminal” que llevó adelante la represión ilegal. El fiscal (ad hoc) Agustín Chit fue el encargado de exponer esta idea durante el alegato en el juicio que desde marzo se le sigue al ex magistrado, por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad relacionados con la investigación de la matanza de cinco militantes de Montoneros en una casa de la calle Azcuénaga al 1.800 (mayo de 1976) y con la posterior detención y torturas del propietario de la vivienda, Miguel Romano.

Después de tres horas y media de alegar, los fiscales Diego Velasco (general), Pablo Camuña (N°2, coordinador de la oficina local de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad) y Chit pidieron al Tribunal Oral Federal (TOF) que condene a Martínez a 25 años de prisión; que se evalúe su estado de salud para determinar si puede ser alojado en una cárcel común y que deje de percibir una jubilación especial.

“Les dio garantías a los ejecutores, que dieron frutos hasta 2011, cuando recién se pudo juzgar estos hechos. Vaya que cumplió eficientemente su parte del acuerdo”, consignó Chit sobre el juicio de la causa conocida como “Romero Niklison”, que condenó hace cuatro años por las ejecuciones de Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen a los represores Luciano Benjamín Menéndez y Roberto “El Tuerto” Albornoz a perpetua. Este proceso oral es una derivación de ese expediente.

Velasco desestimó la versión del acusado, quien manifestó durante sus declaraciones que él y su familia estaban amenazados y que las presiones sobre los jueces eran permanentes. Afirmó que Martínez “no fue un títere sino que quiso pertenecer a esa asociación (ilícita)”. “El terrorismo de Estado eligió a sus actores, porque lo que iban a hacer era excepcional y no cualquier persona podía realizar esas actividades. No era fácil encontrar a alguien que mientras sus compañeros de facultad morían y eran torturados, les iniciaba causas criminales porque defendían a presos políticos, ni a alguien que diga 842 (por el número de habeas corpus) veces a familias que a sus hijos o familiares no lo tenían la Policía o el Ejército y que sabía que en ese momento muy posiblemente los estuvieran torturando. Tampoco a alguien al que no se le moviera un pelo ante una joven vejada y abusada. Pero lo encontraron y es el imputado”, acusó.

Una causa compleja

Camuña repasó el intrincado camino del caso que sentó en el banquillo por primera vez en la provincia a un ex magistrado federal por una causa relacionada con violaciones a los derechos humanos. Consignó que la mención de Martínez surgió de boca del represor Antonio Domingo Bussi al declarar en “Romero Niklison”. “Afirmó que recordaba vagamente el hecho, pero que el ex juez había intervenido. Luego, en 2011, en la sentencia, el juez (José María) Pérez Villalobo advirtió el desempeño del entonces juez”, añadió. Enumeró las 11 excusaciones y recusaciones de jueces y funcionarios judiciales para graficar lo complejo que fue que la causa contra un ex miembro del Poder Judicial llegara a la sala de audiencias.

Recordó que, en los inicios del Operativo Independencia y de acuerdo con el diario del comandante de ese plan Acdel Vilas, la Justicia era un “escollo” y que debía encontrar a alguien que aplicara la ley con “inequívoca ortodoxia”, en relación a Martínez.

A continuación, analizó tres grupos de documentaciones del juzgado: “los 843 habeas corpus, que salvo uno o dos, todos fueron rechazados. La mitad fueron por personas que hoy siguen desaparecidas; las causas por leyes antisubversivas, que disminuyeron al aumentar la clandestinidad del accionar judicial y, por último, los pedidos de autopsias, hubo 101 muertes violentas en esa época que no se investigaron. El Poder Judicial se articuló con el plan criminal”.

El juicio contra Martínez está entrando en su etapa final. Hoy, desde las 15.30, se escuchará el alegato de la Defensa.

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