Dudan del alcance del fallo contra el voto a los 16 años

El gobernador Alperovich señaló como una contradicción que esa franja etaria pueda participar en comicios nacionales, y no provinciales.

24 May 2015
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ARCHIVO LA GACETA

“Acá se van a dar dos cosas -dijo el gobernador José Alperovich-: el 9 de agosto van a poder votar los jóvenes en la elección nacional. Y el 23 de agosto, no van a poder votar (en la provincial). (Esta restricción) es no creer en los jóvenes, no darles la oportunidad”.

El fallo de la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que declara inconstitucional la ley provincial para el “voto joven” dejó un sabor amargo en la Casa de Gobierno, que había pergeñado la norma sancionada en 2012 por la Legislatura.

El malestar sin embargo no es exclusivo del oficialismo. Sectores de la oposición, como el Frente de Izquierda-PTS, expresaron también su rechazo a la sentencia dictada el jueves por los vocales Ebe López Piossek y Sergio Gandur. A su vez, otros espacios contrarios al alperovichismo, como la Democracia Cristiana (DC), celebraron que se evite la participación de menores de 16 y 17 años en la votación para gobernador y vice, intendentes, legisladores y demás cargos electivos a renovar.

En la semana que pasó, en medio de la polémica por las modificaciones impulsadas por Alperovich al Régimen Electoral Provincial, López Piossek y Gandur emitieron un fallo en la causa iniciada por un planteo de declaración de certeza formulado desde el PRO.

En 2012, siguiendo la línea de una medida dispuesta por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el oficialismo habilitó a través de una ley provincial (N° 8.532) la participación opcional de jóvenes de 16 y 17 años en los comicios provinciales.

“Desde el momento en que salió a debate esta norma advertimos que se trataba de una ley que chocaba de frente con lo establecido por la Constitución provincial, en cuyo artículo 42 remarca que el voto es a partir de los 18 años. Una vez más, fue la Justicia la que tuvo que poner freno a las arbitrariedades legales que impulsó el oficialismo tucumano a lo largo de todo su gobierno, basándose en mayorías circunstanciales con las que cuenta en la Legislatura”, dijo el legislador Alberto Colombres Garmendia, referente local del PRO.

El viernes, en rueda de prensa, el gobernador Alperovich expresó una postura contraria a la del macrista. “Es no creer en los jóvenes, es no darles una oportunidad. Era un tema voluntario. De todas maneras, como siempre lo hemos hecho, vamos a acatar lo que diga la Justicia”, afirmó. Segundos antes, había marcado la contradicción de que los menores de 16 y 17 años podrán votar en las elecciones para presidente y otros cargos nacionales, pero no para roles locales.

El legislador alperovichista Ramiro González Navarro cuestionó al macrismo por haber impulsado esta demanda. “La primera cuestión más que dudosa es la legitimación del PRO (para actuar). Como el propio tribunal lo reconoce, para que sea procedente una acción declarativa, la falta de certeza debe ser susceptible de ‘producir un perjuicio o lesión al actor’. ¿Cuál sería el agravio o perjuicio que le resulta a un partido político de una norma ampliatoria de derechos?”, planteó el abogado. Y advirtió que, al no haber “un eventual perjuicio, lo que no hay aquí es un ‘caso’ que el tribunal pueda resolver”. “Todo eso -agregó- nos conduce a la siguiente pregunta: ¿qué efectos o alcances puede tener una sentencia declarativa de inconstitucionalidad en un caso como este? La declaración de inconstitucionalidad no tiene efectos derogatorios de la norma; sólo se inaplica para el interesado que lo planteó. ¿Quién podría impedir que un menor de 16 se presente a votar, si la sentencia no se aplica a su respecto? Diferente hubiera sido una cautelar que ordenara no aplicar la ley en los próximos comicios, pero tal cautelar se rechazó, según me confirman en la Cámara”, dijo González Navarro.

El abogado Bernardo Lobo Bugeau, integrante de la Secretaría de DDHH de la Nación, criticó que los magistrados hayan interpretado “que la única posibilidad para que esa franja de jóvenes pueda votar es la reforma constitucional”. “Sin embargo, teniendo como objetivo hacer positivo el carácter progresivo de los derechos humanos (...), se le podría haber dado plena validez a la ley 8.532, que refería a la ampliación de derechos, aspecto estructural de los derechos fundamentales”, afirmó.

En la oposición también hay voces contrarias a la sentencia. La precandidata a diputada por el PTS en el Frente de Izquierda, Alejandra Arreguez, indicó que el fallo cercena derechos. “Quieren censurar a miles de jóvenes que quieren votar porque son los que más sufren las consecuencias de las políticas nefastas de los partidos que hoy gobiernan la provincia. Suena absurdo que quienes van efectivamente a votar a presidente en unos meses, no puedan hacerlo a gobernador, concejal e intendente. Lo inconstitucional es el cercenamiento de derechos y la discriminación que realiza la Justicia a pedido de los candidatos del PRO, los empresarios (Mauricio) Macri y Alberto Colombres Garmendia”, dijo.

El legislador José Páez (DC) recordó que, junto a los demás opositores, abandonó el recinto en 2012 cuando se trató esta ley. “Celebramos este fallo”, aseveró.

La polémica, además de tener diversas posturas, cuenta con final abierto, ya que la Provincia puede de recurrir la sentencia ante la Corte Suprema.

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