16 Mayo 2015
EX JUEZ IMPUTADO. Manlio Martínez durante el juicio oral. la gaceta / foto de inés quinteros orio
La Justicia Federal de Tucumán imputa a Manlio Martínez, ex juez de esa casa, la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Pero ayer, en la declaración que brindó durante la audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), el acusado rechazó los crímenes que se le atribuyen, y apuntó contra el juez (Daniel Bejas) y el fiscal (Pablo Camuña) que lo llevaron a juicio. “El que tiene que estar sentado acá, en el banquillo, es (el general César) Milani porque en 1975 integraba las Fuerzas Armadas. Y lo sorprendente es que los mismos juez y fiscal que me tienen detenido hace un año por una acusación insólita, una acusación líquida que se extiende como un mantra sobre cualquier cosa, hayan actuado a favor del jefe del Ejército”, se quejó.
Martínez, luego, se refirió irónicamente a la conexión entre Milani, y el secuestro y homicidio del soldado Alberto Ledo (según el fiscal federal Carlos Brito, el jefe del Ejército habría encubierto esos delitos y falsificado el legajo de deserción de Ledo, que desapareció en Monteros, en 1976). “Yo estoy detenido y, sin embargo, a mí no me desapareció ningún secretario ni tampoco abandonó el cargo ningún funcionario ni yo hice un informe diciendo que abandonaron el cargo”, expresó Martínez. A comienzos de este año, Bejas rechazó el pedido que había formulado Brito para que Milani preste declaración indagatoria. Previamente, Camuña, en su carácter de fiscal ad hoc, había pedido el archivo de la denuncia que implicaba a Milani con el Operativo Independencia. Por esta actuación, los senadores de la oposición votaron en contra de su designación como fiscal federal N°2 en diciembre (el pliego pasó con el apoyo del kirchnerismo).
“No abro juicio sobre los cargos que se le hacen a Milani, pero lo traigo a colación porque me interesa la situación de Martínez, que es el que está sentado acá. Esto demuestra claramente que somos iguales ante la ley pero no ante los jueces que tienen que aplicar la ley. Porque no es posible que hace un año la Cámara haya asentado el criterio de que las Fuerzas Armadas constituyen un a asociación ilícita y un señor que es miembro de esa institución desde 1975 esté en libertad”, dijo el imputado.
El ex juez también citó a Raúl Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también ex magistrado de los Tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura. “No lo llamé (como testigo) porque se había vencido el término, pero para mí sólo basta su contestación donde manifiesta la intención de declarar y me dice: ‘distinguido doctor, con gusto responderé a lo que se vivió en esos años si es posible por teleconferencia, que sería mucho mas cómodo. Somos varios los sobrevivientes de esos años’”, citó ante el TOF integrado por Hugo Norberto Cataldi, José Fabián Asís y Mario Eugenio Garzón.
Palabras de Walsh
Durante su intervención, Martínez controvertió distintos testimonios y pruebas aportados en el curso del debate, que ya ingresó en la etapa de los alegatos (las exposiciones comenzarán a partir del 26 de este mes). El imputado llamó la atención sobre la “uniformidad” de los relatos de los testigos, y formuló aclaraciones respecto del discurso de Rolando Figueroa y Humberto Rava, actual secretario de Derechos Humanos de la provincia.
También insistió en negar la supuesta sociedad con los represores que le endilga el Ministerio Público Fiscal; rechazó haber cooperado con el militar Acdel Vilas, “director” del Operativo Independencia en Tucumán, y recordó que los presos perseguidos por el régimen habían sido sobreseídos, más allá de que continuasen privados de la libertad por decisión del Gobierno de facto. “Cuando me ofrecieron ser juez federal seguramente no era consciente de dónde me estaba metiendo, pero, una vez que me metí, me propuse seguir adelante y cumplir con la función que me habían encomendado. Y así he seguido y obrado siempre dentro del marco de la ley”, explicó. Y para ilustrar sobre los límites de la tarea judicial durante la dictadura, recordó las palabras de Rodolfo Walsh, autor de “Operación masacre” y víctima del terrorismo de Estado: “la fiscalía sostiene que el juez podía entrar en la cárcel, pero Walsh escribió que los represores crearon en las principales guarniciones del país centros de detención donde no entraba ningún juez, abogado, periodista u observador internacional”.
Martínez, luego, se refirió irónicamente a la conexión entre Milani, y el secuestro y homicidio del soldado Alberto Ledo (según el fiscal federal Carlos Brito, el jefe del Ejército habría encubierto esos delitos y falsificado el legajo de deserción de Ledo, que desapareció en Monteros, en 1976). “Yo estoy detenido y, sin embargo, a mí no me desapareció ningún secretario ni tampoco abandonó el cargo ningún funcionario ni yo hice un informe diciendo que abandonaron el cargo”, expresó Martínez. A comienzos de este año, Bejas rechazó el pedido que había formulado Brito para que Milani preste declaración indagatoria. Previamente, Camuña, en su carácter de fiscal ad hoc, había pedido el archivo de la denuncia que implicaba a Milani con el Operativo Independencia. Por esta actuación, los senadores de la oposición votaron en contra de su designación como fiscal federal N°2 en diciembre (el pliego pasó con el apoyo del kirchnerismo).
“No abro juicio sobre los cargos que se le hacen a Milani, pero lo traigo a colación porque me interesa la situación de Martínez, que es el que está sentado acá. Esto demuestra claramente que somos iguales ante la ley pero no ante los jueces que tienen que aplicar la ley. Porque no es posible que hace un año la Cámara haya asentado el criterio de que las Fuerzas Armadas constituyen un a asociación ilícita y un señor que es miembro de esa institución desde 1975 esté en libertad”, dijo el imputado.
El ex juez también citó a Raúl Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también ex magistrado de los Tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura. “No lo llamé (como testigo) porque se había vencido el término, pero para mí sólo basta su contestación donde manifiesta la intención de declarar y me dice: ‘distinguido doctor, con gusto responderé a lo que se vivió en esos años si es posible por teleconferencia, que sería mucho mas cómodo. Somos varios los sobrevivientes de esos años’”, citó ante el TOF integrado por Hugo Norberto Cataldi, José Fabián Asís y Mario Eugenio Garzón.
Palabras de Walsh
Durante su intervención, Martínez controvertió distintos testimonios y pruebas aportados en el curso del debate, que ya ingresó en la etapa de los alegatos (las exposiciones comenzarán a partir del 26 de este mes). El imputado llamó la atención sobre la “uniformidad” de los relatos de los testigos, y formuló aclaraciones respecto del discurso de Rolando Figueroa y Humberto Rava, actual secretario de Derechos Humanos de la provincia.
También insistió en negar la supuesta sociedad con los represores que le endilga el Ministerio Público Fiscal; rechazó haber cooperado con el militar Acdel Vilas, “director” del Operativo Independencia en Tucumán, y recordó que los presos perseguidos por el régimen habían sido sobreseídos, más allá de que continuasen privados de la libertad por decisión del Gobierno de facto. “Cuando me ofrecieron ser juez federal seguramente no era consciente de dónde me estaba metiendo, pero, una vez que me metí, me propuse seguir adelante y cumplir con la función que me habían encomendado. Y así he seguido y obrado siempre dentro del marco de la ley”, explicó. Y para ilustrar sobre los límites de la tarea judicial durante la dictadura, recordó las palabras de Rodolfo Walsh, autor de “Operación masacre” y víctima del terrorismo de Estado: “la fiscalía sostiene que el juez podía entrar en la cárcel, pero Walsh escribió que los represores crearon en las principales guarniciones del país centros de detención donde no entraba ningún juez, abogado, periodista u observador internacional”.
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