(Sin) perros de la droga
El defensor oficial fue directo. “¿No usaron perros para buscar droga en Supernor?”, le preguntó al ex jefe de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop). “No, el que teníamos se murió unas semanas antes”, respondió el comisario Fabián Salvatore. Y no volvieron a tener otro animal adiestrado en la repartición. El interrogatorio sucedió en el juicio oral que se sigue en los tribunales federales contra dos de los dueños del comercio que funcionó en avenida Roca y Entre Ríos, por la supuesta comercialización de estupefacientes. La estrategia del defensor oficial federal Ciro Lo Pinto para mostrar las falencias que, a su entender, ocurrieron en el allanamiento, desnudó las carencias tecnológicas de la principal organización de la provincia dedicada a perseguir a los “transas”.

El caso de “Supernor” es un ejemplo claro de cómo se persigue y se investiga el narcotráfico en Tucumán. La denuncia anónima fue realizada en enero de 2010, y elevada al entonces juez federal subrogante Mario Racedo. La Justicia se tomó nueve meses en decidir investigar. Recién en octubre de ese año, Racedo dispuso que durante 30 días la Digedrop indagara sobre la veracidad de la denuncia. “Que nadie se duerma frente a los traficantes”, había reclamado Elsa Juárez, una madre de adictos del barrio Antena que en 2010 organizó y encabezó “Las Madres del Pañuelo Negro”. Lo dijo al salir de una entrevista, precisamente, con el ex juez Racedo, a quien le habían pedido explicaciones por las demoras en las causas.

Una vez que la Justicia ordenó la investigación, la Digedrop organizó su equipo de investigación. Adoptaron principalmente dos medidas. Por un lado se infiltraron entre los jóvenes que se reunían frente al local los fines de semana a la madrugada. El segundo lugar hicieron una guardia en las cercanías para registrar con una cámara de video el movimiento que había en el lugar. “¿Qué equipo utilizaron?”, le preguntó Lo Pinto al oficial Omar Ernesto Flores. “No recuerdo ahora cuál usamos en ese momento, pero era uno viejo. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos”, justificó el policía.

Desde que terminó la investigación y se elevaron los informes a la Justicia, pasaron más de 60 días hasta que el juez resolvió que se realizara el allanamiento. “Me han desnudado. Me pusieron contra la pared de un baño e hicieron que me saque la ropa y que me ponga en cuclillas”, relató una de las cocineras. “A las personas se les respetó el pudor”, se defendió Salvatore. La requisa a personas sin ropa es una práctica habitual, reconocieron los policías, y en muchos casos fue exitosa. Encontraron droga en ropa interior, en pañales de bebés y dentro de las partes íntimas de los requisados. “No tenemos otra forma de hacerlo”, explicó uno de los policías que declaró en el juicio. La principal organización de la provincia para perseguir a los dealers no cuenta con perros antinarcóticos para detectar droga, ni con filmadoras ni cámaras fotográficas de última generación para las investigaciones ni con escáneres para buscar droga en el cuerpo y la ropa de las personas. La carencia de elementos tecnológicos contrasta con la permanente formación de los miembros de la Digedrop. A mediados de abril, por ejemplo, un equipo asistió en Salta a un curso en la Lucha contra el Narcotráfico.

Y mientras la Corte Suprema de Justicia demora su decisión de si la ley que traslada a la Justicia provincial las causas de microtráfico de droga es inconstitucional, los defensores de Menores alertaron al ministro Público Fiscal que la relación droga-menores-delito se está tornando dramática. Por ello la reunión de la semana pasada que convocó Edmundo Jiménez en su despacho con distintos organismos. El tema no es nuevo, y así lo define la defensora de Menores Inés Avellaneda: “Ya se lo dijo otras veces, la droga avanza y el Estado retrocede”.

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