“Si es cierta la denuncia del Colegio, hubo violación de derechos humanos esenciales”

El Poder Judicial de Tucumán transita por una crisis gravísima, y sólo podrá superar esta coyuntura adversa con investigaciones penales y administrativas valientes, transparentes y exhaustivas. Así lo cree Ricardo De Felipe, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). “Si es cierta la denuncia del Colegio de Abogados de la Capital, hubo violación de derechos humanos esenciales”, reflexionó el dirigente luego de una audiencia con la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

“En las causas mencionadas como representativas del modus operandi irregular de la Fiscalía de Guillermo Herrera advertimos que hubo gente detenida o al borde de ser privada de la libertad. Si se corroboran los hechos denunciados, evidentemente hay una afectación inmensa a la libertad y dignidad de las víctimas, que son, repito, derechos humanos esenciales”, expresó De Felipe en un diálogo con LA GACETA. El abogado precisó que el patrón de conducta detectado en el desempeño de Herrera era grave en cuanto a sus repercusiones económicas o patrimoniales, pero, también y sobre todo, por la posibilidad de que ciudadanos inocentes hayan sido privados injustamente de su libertad para obtener ventajas indebidas.

Autoridades de la FACA; de la abogacía local y de otras provincias, y de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) se reunieron este jueves para respaldar la auditoría interna que abrió la Corte respecto de los casos “Teves”, “Albarracín”, “Jorrat”, “Rigourd” y “Valdez”. El 31 de marzo, Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, declaró en sede judicial que estas actuaciones de Herrera revelarían el mismo modus operandi irregular. Ese patrón de conducta anómalo consistiría, según García Posse, en la tramitación de denuncias relativas a conflictos entre particulares de evidente naturaleza civil, no penal; la hiperactividad de la fiscalía orientada más a la adopción y al requerimiento de medidas que no tienen relación con la investigación en sí sino que resultan actuaciones de coerción sobre el denunciado o querellado, y el cese abrupto del interés del fiscal una vez que los particulares llegaban a un acuerdo patrimonial.

Los dirigentes profesionales pidieron garantías para la investigación penal que acumula las denuncias contra los fiscales Herrera, Alejandro Noguera y Arnoldo Suasnábar, y el juez Juan Francisco Pisa que presentaron por separado la Unidad de Información Financiera, el Colegio, y los letrados Alfredo Falú, Carlos Garmendia y Julio Gerardo Valdez. El ministro público Edmundo Jiménez remitió estas presentaciones al fiscal Diego López Ávila que, a su vez, pidió a la Justicia una autorización para desacumular las denuncias e iniciar una investigación sumaria.

“En la FACA hay mucha preocupación porque es muy grave lo que sucede en el seno de uno de los poderes de la Provincia de Tucumán”, comentó De Felipe. Y añadió: “nosotros somos férreos defensores del sistema republicano, de la independencia del Poder Judicial y del estado de Derecho, y, como organización de abogados, cuando vemos actos que pueden poner en riesgo la credibilidad o el funcionamiento correcto de la Justicia, inmediatamente tenemos que obrar en consecuencia y hacer las denuncias correspondientes”. El titular de la federación precisó que esa posición era asumida no por un interés particular sino por el interés de las instituciones y de la sociedad: “porque los Tribunales no existen para el beneficio exclusivo de los abogados. Entendemos que hay que reforzar las garantías para la tranquilidad de la ciudadanía, que necesita o exige un servicio de justicia acorde a la Constitución”.

El miedo en democracia

En su visita a esta capital, el abogado santafesino De Felipe criticó la actitud que Jiménez había adoptado respecto de la auditoría abierta por la Corte en las causas “Teves”, “Albarracín”, “Jorrat”, “Rigourd” y “Valdez”. “Lo que hizo el titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar es una arbitrariedad y un atropello. Él (por Jiménez) está obligado a respetar la fiscalización porque ello hace a un nivel de transparencia que el estado de Derecho necesita”, opinó.

El 14 de abril y luego de la publicación de la denuncia de García Posse, Antonio Gandur, presidente de la Corte, ordenó una auditoría sobre la serie de actuaciones cuestionadas de Herrera. En ese momento, Jiménez adujo que Gandur no tenía potestad para fiscalizar al Ministerio Público. Luego, el alto tribunal en pleno ratificó la decisión del presidente. A posteriori, los auditores labraron un acta que dice que Jiménez intentó limitar los alcances de la auditoría y que les advirtió que “podrían tener problemas si leían el expediente”. En virtud de ese incidente, el alto tribunal en pleno dio cuatro horas al ministro público y al fiscal Herrera para que pusiesen las causas polémicas a disposición de los auditores. Pero, para entonces, la documentación había sido redistribuida a otras fiscalías por disposición de Jiménez. Finalmente, el viernes 24 de abril, la Corte tomó posesión de las actuaciones sometidas a la auditoría.

“No compartimos la posición del Ministerio Público en cuanto a que su resistencia supuso obstáculos para el acceso de los auditores a las causas que objetó el Colegio de Abogados de la Capital. Entendemos que hay que esclarecer las dudas existentes respecto del manejo de esos expedientes”, expresó De Felipe. Y agregó: “este es el momento para descubrir qué está pasando en el Poder Judicial, para ampliar las denuncias y llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Quiero transmitir una vez más que es gravísimo, que no podemos aceptar que los ciudadanos estén sometidos a una presión, y a un obrar institucional ilegítimo e ilegal. Permitir esto es quedarse sin república y naturalizar que la ciudadanía no confíe en la Justicia”.

El abogado manifestó que respaldaba a los dirigentes que habían hecho públicas sus sospechas respecto de la actuación de algunos magistrados porque esta actitud de vigilancia era fundamental para la salud de las instituciones. “En democracia, el miedo es intolerable. Y nosotros defendemos el derecho humano fundamental a la libre expresión y a la crítica. La situación denunciada por el Colegio de Abogados supone que hubo ciudadanos extorsionados, que han vivido con la amenaza de ser detenidos. En algunos casos, esa amenaza se concretó”, dijo De Felipe. El profesional insistió en que era inaceptable la idea de que la Justicia y, sobre todo, la Justicia penal, haya sido usada para fines distintos a los que justifican su existencia. “Necesitamos que las circunstancias denunciadas sean investigadas con claridad y amplitud, y que se abra todo lo que haya que abrir puesto que el asunto es de una gravedad institucional extrema”, advirtió.