El Estado como buitre de sus propios ciudadanos

Por Álvaro José Aurane 02 Mayo 2015

“Ya empezamos a trabajar para buscar los recursos que nos permitan pagar el aguinaldo. Quiero terminar el mandato sin sacar un crédito. Lo que pretendo es buscar el dinero y seguir cumpliendo con recursos propios”. Estas 35 palabras contradictorias pronunciadas el miércoles por el gobernador encriptan uno de los anuncios más trascendentes de lo que el oficialismo trama en materia financiera, al cierre de un cuatrimestre que sólo deparó histerias políticas. Porque aunque el jefe de Estado no guste del vocablo “crédito”, de eso se trata. Y aunque diga que el dinero buscado es para pagar la primera cuota del Sueldo Anual Complementario de los estatales, el destino de esos recursos será otro. Eso, si llegase a conseguirlos. Obtenerlos es la madre de las cuestiones financieras alperovichistas desde hace tres años.

Fue el 10 de mayo de 2012 cuando la Legislatura autorizó al Ejecutivo (por 37 a 6) a tomar préstamos por $ 400 millones. Luego de ocho horas de debate, los oficialistas fueron a cenar con el mandatario, y casi todos oyeron a modo de agradecimiento la embriagante promesa de la reelección indefinida. Tras la resaca, él anfitrión negó todo por la mañana.

José Alperovich nunca pudo endeudarse. No se trata de que no quiso: él pidió el aval legislativo para hacerlo. A despecho, la Casa Rosada jamás le permitió emplear ese cheque gordo.

En 2013, cuando el alperovichismo puso en juego tres bancas de diputados y sólo renovó dos, el Poder Ejecutivo Nacional apenas lo habilitó para tomar deuda por $ 100 millones. No servía y el gobernador lo descartó. En octubre pasado, volvió a pedir audiencia en el Ministerio de Economía de la Nación para solicitar que el Banco Central permitiera a la Casa de Gobierno disponer de $ 400 millones en calidad de “por las dudas”.

La descripción del trámite no es menor: revela que la Provincia preveía endeudarse con bancos privados. Desde que Carlos Menem y Domingo Cavallo establecieron la Convertibilidad (tan masivamente criticada hoy como aclamada ayer), las entidades crediticias tienen vedado todo préstamo a los Estados provinciales, salvo autorización del BCRA. Pero el año pasado tampoco hubo caso.

Ahora, la autorización legislativa para tomar un crédito por $ 400 millones ya no le sirve al Gobierno tucumano. Por un lado, porque el monto ha quedado “chico”. Ahora requiere un 50% más.

Por otra parte, el aval parlamentario quedó obsoleto porque en la relación bipolar de la Nación con la realidad, este año a los banqueros les toca el disfraz de “malos” en el libreto del “relato”. Por caso, el ministro Axel Kicillof ha manifestado que a los bancos “no les ha caído bien” la última colocación de Bonar 24, por el cual la Argentina consiguió esta semana 1.400 millones de dólares. Una declaración enigmática, porque si bien no hubo comisión (normalmente, entre 0,3% y 0,7%), el Deutsche Bank, en nombre del riesgo legal de una colocación amenazada por los holdouts, le cargó al precio del bono un 1%. O sea, hay bancos a los que la operatoria les cayó fenomenalmente bien.

De allí que el Gobierno tucumano esta vez estaría barajando pedir autorización para emitir un bono por $ 600 millones. Eso también se llama tomar crédito. La Provincia, por cierto, puede emitir estos valores mediante ley provincial, pero sólo si recuperara el bono dentro del año calendario. Y ya llegó mayo. Si quiere que el plazo se extienda, necesita de la autorización del Gobierno nacional. Y eso deja al alperovichismo en la misma posición que no puede ocultar desde 2012: en la liga “K” está en la “B”.

Es decir, si este año tampoco hay permiso nacional de endeudamiento, la desautorización política será indisimulable. El Bonar 24 paga un interés del 9%, tasa alarmante en comparación con la de los países limítrofes: Bolivia abona 5%; Paraguay, 4%; Uruguay, 3,5%; Chile, 2,5%. La multimillonaria diferencia, según el “relato”, se llama “soberanía”. ¿De eso, para el alperovichismo, no hay?

Por cierto, en la banquina política no sólo quedará el mandatario local (hace rato que tiene las balizas encendidas), sino también su “delfín”, Juan Manzur, a quien le gusta jactarse de que su influencia en la Casa Rosada, tras seis años en el Gabinete, es mayor que la del hombre al que aspira a suceder. Esto porque, obviamente, la democracia pavimentadora va por los $ 600 millones justo en el año de las dos trascendentales elecciones.

Si bien en el poder político pretenden oficialmente que endeudarse en nueve dígitos durante un año electoral es pura coincidencia, al menos conceden extraoficialmente que los recursos no son para sueldos. Las cifras oficiales lo confirman: si la planilla salarial es de $ 1.300 millones por mes, su anualización (aguinaldo incluido), roza los $ 17.000 millones. Comparado con los $ 32.000 millones del Presupuesto 2015, resulta que en Tucumán, los 74.000 estatales representan el 53% del total de ingresos provinciales.

Léase, el alperovichismo tiene margen de maniobra. Y lo pone en práctica: hay por lo menos 20.000 contratos de no más de $ 3.000 mensuales (cada Municipalidad ha implementado los suyos, también) con los cuales el oficialismo mantiene un ejército de punteros. Claro que el “relato” declara que se trata de “contención” laboral. Traducido: para los que gobiernan, los índices (desempleo, inflación, pobreza, inseguridad...) son meramente políticos: están para que sean discutidos hasta el fin de los tiempos. En cambio, la realidad (elevada a la categoría de única verdad) es que no hay piquetes de desocupados.

¿Cuál es la excusa más o menos formal para los $ 600 millones? Si por un instante hay que suponer que ese dineral no será ocupado enteramente para financiar el acoplado proselitismo oficialista, la respuesta sotto voce del funcionariado es que con esa plata se afrontarán los juicios previsionales de jubilados transferidos. Las sentencias favorables a quienes pleitearon el pago de las diferencias entre lo que cobraron y lo que debieron percibir si les respetaban el 82% móvil.

Por supuesto, el alperovichismo reniega. Y ese rezongo da veracidad al argumento de que buena parte de los recursos son para liquidar fallos previsionales. Este Gobierno que vio durante 12 años morir a miles (sí, miles) de abuelos que marcharon cada miércoles en la plaza en reclamo de su reconocido derecho a la movilidad y la porcentualidad, sólo puede maldecir porque hay muchos millones que no podrá volcar a su populismo clientelar.

Según manifiestan en el poder político, hay una industria del juicio del que muchos (pero muchos) pasivos tampoco son beneficiarios. Afirman que buena parte de las causas que se ejecutarán contra el Estado fueron compradas, en promedio, hace una década. Ahora -sostienen en el oficialismo- son unos cuantos abogados los que cobrarán en efectivo los montos de seis cifras. Sus patrocinados, cuando “vayan a firmar”, sólo recibirán un pucho de cinco dígitos.

Ese es el identikit del Estado Canalla. Le negaron un haber decente a los hombres y las mujeres que aportaron a lo largo de una vida de trabajo, para que esa dignidad terminara llenando bolsillos ajenos. El alperovichismo (cuyo segundo apellido es mirandismo) responsabiliza de la industria del juicio al traspaso de la caja previsional ejecutada por el bussismo. Y el bussismo hablará de una pesada herencia orteguista; que por cierto rememorará las mochilas legadas por el domatismo fallido y el rierismo empleomaníaco... La canallada radica en que el Estado tucumano se llamase, alternativamente, José, Julio, Antonio, Ramón o Fernando, pero nunca Tucumán.

Cuando 2014 moría, ingresó en la Cámara en lo Contencioso Administrativo un recurso de amparo promovido por el abogado Roberto Toledo, que pretende una medida cautelar que reconozca el inmediato beneficio de la movilidad y la porcentualidad a los jubilados tucumanos. El planteo denuncia el oprobio de que la Provincia, en democracia, apueste a la extinción vegetativa de sus ciudadanos para no pagarles lo que les debe.

El Estado tucumano es, desde hace décadas, el buitre de sus viejos. Auspicia la injusticia de las remuneraciones miserables, para generar pleitos que serán comprados por especuladores, quienes varios años después (y sin haber invertido la vida laboral que dejaron esos abuelos) cobrarán fortunas.

Si los planes oficiales salen bien, se emitirán bonos para pagar fallos previsionales a ciudadanos que esperan desde hace años un justo resarcimiento, pero también para beneficiar a los tucumanísimos holdouts (su traducción literal es retención). O para financiar la campaña. O para ambas cosas. En cualquier caso, los contribuyentes costearán la continuidad de un Estado que, sin importar quién gobierna, viene comiéndose ininterrumpidamente las entrañas de sus gobernados. Claro que puede no haber autorización nacional para el endeudamiento. Y si la posibilidad de que el plan oficial no funcione no parece del todo mala, el desquicio está completo.

Parece no tener brújula el Estado que, por futuro cercano, propone opciones entre las cuales es imposible distinguir la peor. El Estado donde el que gobierna anuncia que buscará fondos, pero que no pedirá créditos. El Estado que endeudará a sus contribuyentes no para abonar mejores jubilaciones sino para pagar los juicios por no pagar mejores jubilaciones. El Estado en el que hay riesgos de que el vecino financie la campaña del partido oficial, con independencia de que quiera votarlo o no... Sin embargo, aún quedan certezas inconmovibles para que el ciudadano evite desorientarse. Al Oeste, está Catamarca. Al Este, Santiago del Estero. Al Norte, Salta...