Por Marcelo Aguaysol
29 Abril 2015
Un problema de base. Esa es la herencia que la próxima gestión deberá resolver rápidamente si quiere que sus acciones de Gobierno, particularmente económicas, sean efectivas. Y es que Tucumán adolece de una considerable falta de diagnóstico económico. Salvo por la fuerte intervención monetaria y financiera del sector público (con el pago regular de los salarios a los agentes de la administración pública), la actividad económica ha registrado, en el último trienio, resultados por debajo de la línea.
En 2012, el Producto Bruto Geográfico (PBG), es decir, el valor de la producción de bienes y servicios dentro de la provincia, ha cerrado con signo negativo (-0,1%), mientras que al año siguiente, la economía tucumana habría mostrado un crecimiento nulo.
La situación se complicó en 2014. Signada por la recesión y el freno de la actividad en la Argentina, la producción tucumana sintió la baja en los precios internacionales y la menor demanda del mercado. En ese escenario, algunas mediciones privadas -que en muchos casos sustituyen la falta de estadísticas oficiales- han calculado una caída de la economía en torno de un 1,5% a un 2%. Claro está que esa proyección toma en cuenta que, durante la segunda mitad de 2014, hubo una incipiente reactivación, particularmente en el consumo. Para este año, la situación parece que no se modificará sustantivamente: la gestión querrá dejar el mandato con una economía en movimiento antes que en un ciclo recesivo.
Sin embargo, el efecto arrastre del ciclo recesivo ha dejado en claro sus efectos socioeconómicos: un incremento del nivel de desocupación en el Gran Tucumán-Tafí Viejo, con 25.000 desempleados y otros 36.000 subocupados y una pérdida de puestos privados entre 7.000 y 10.000 casos.
El principal aglomerado urbano de la provincia ha acumulado cuatro trimestres consecutivos de suba de la tasa de desocupación. Y los jóvenes de hasta 29 años siguen siendo blanco fácil para este flagelo, por más que se hayan instrumentando programas que tiendan a la incorporación de esa franja etaria al mercado laboral.
Si bien hacia el final del año todos los distritos del país tendían a revertir la tendencia declinante, el 2014 evaluado en conjunto no dejó de ser un muy mal año para casi todas las economías provinciales. En 21 sobre 24 distritos, el Indicador Sintético de Actividad Provincial (ISAP) promedio de 2014 fue inferior al promedio de 2013.
Las caídas fueron particularmente severas en San Juan y Tierra del Fuego, dos distritos golpeados por el mal momento de sus principales actividades productivas (minería e industria electrónica, respectivamente). En el extremo opuesto sólo aparece la pujante Neuquén que ganó dinamismo merced al incremento de las inversiones en el sector de hidrocarburos, indica el último reporte de Federico Muñoz & Asociados. Tucumán figura en el lote intermedio, con una caída de actividad promedio cercana al 2%. En el medio de esto, tampoco se sabe el comportamiento global del comercio exterior tucumano, particularmente durante los dos semestres de 2014. Sólo se conoce que algunos complejos exportadores les fue peor que a otros por efecto de la caída internacional de los precios de las materias primas.
Los candidatos a suceder al gobernador José Alperovich deberían poner en su agenda, como prioridad, la regularización en la difusión de las estadísticas públicas, algo que hasta 2007 era una norma y que luego, por la intervención política al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se constituyó en una excepción a la regla. La gestión alperovichista se ha mantenido cómoda a lo largo de estos años en el que hacer mediciones propias era un verdadero pecado para la Casa Rosada.
Desde marzo de 2008 Tucumán ha dejado de tener una medición pública del Índice de Precios al Consumidor (IPC). No obstante, a Alperovich jamás le faltaron los datos acerca de la evolución inflacionaria, esa que en 2014 ha cerrado entre un 30% y un 32%. Claro está que no hay informes oficiales que así lo digan, como tampoco hay una base que permita establecer -por caso- cuántos son los pobres que habitan el suelo argentino. De ese tema es preferible no hablar, señalan los funcionarios nacionales que ensayan múltiples respuestas para no arriesgar una cifra estimativa. Tal vez un indicio para confirmar ese dato es el incremento del gasto público. Más inflación, menos crecimiento, una ecuación que ha bajado el ritmo de expansión en la recaudación de impuestos provinciales.
A la próxima administración le quedará pendiente también la lucha contra la informalidad, esa que se queda con el 40% de todo lo que produce la economía local. De eso dependerá, por caso, sostener el ritmo de ingresos tributarios. Empresarios y especialistas en impuestos suelen quejarse de que el fisco sólo acciona contra aquellos que están identificados y que no tiene el mismo ímpetu contra los otros, los que están en las penumbras y que se sienten “intocables”.
De acuerdo con los cálculos oficiales, si hay un combate efectivo contra la economía en negro, el fisco podría acceder a un aporte extra de $ 4.700 millones. De ese modo, evitaría un mayor ajuste en las finanzas. Esa lucha choca contra una realidad: el limitado margen para la fiscalización in situ. Algo similar le ocurre a la regional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que ha decidido poner más énfasis en el control electrónico de la facturación y en los operativos globales a establecimientos cuando están en pleno proceso productivo.
Sólo así puede explicarse que Tucumán registre tanta informalidad en su economía y en sus niveles de empleo, en el que, por cada 100 trabajadores, 45 no fueron registrados por sus empleadores. Algunos consideran que se trata de una cuestión de costos. La realidad lo define simplemente como una costumbre para no dañar la rentabilidad deseada. Mientras eso se sostenga, la claridad no llegará a la economía tucumana.
En 2012, el Producto Bruto Geográfico (PBG), es decir, el valor de la producción de bienes y servicios dentro de la provincia, ha cerrado con signo negativo (-0,1%), mientras que al año siguiente, la economía tucumana habría mostrado un crecimiento nulo.
La situación se complicó en 2014. Signada por la recesión y el freno de la actividad en la Argentina, la producción tucumana sintió la baja en los precios internacionales y la menor demanda del mercado. En ese escenario, algunas mediciones privadas -que en muchos casos sustituyen la falta de estadísticas oficiales- han calculado una caída de la economía en torno de un 1,5% a un 2%. Claro está que esa proyección toma en cuenta que, durante la segunda mitad de 2014, hubo una incipiente reactivación, particularmente en el consumo. Para este año, la situación parece que no se modificará sustantivamente: la gestión querrá dejar el mandato con una economía en movimiento antes que en un ciclo recesivo.
Sin embargo, el efecto arrastre del ciclo recesivo ha dejado en claro sus efectos socioeconómicos: un incremento del nivel de desocupación en el Gran Tucumán-Tafí Viejo, con 25.000 desempleados y otros 36.000 subocupados y una pérdida de puestos privados entre 7.000 y 10.000 casos.
El principal aglomerado urbano de la provincia ha acumulado cuatro trimestres consecutivos de suba de la tasa de desocupación. Y los jóvenes de hasta 29 años siguen siendo blanco fácil para este flagelo, por más que se hayan instrumentando programas que tiendan a la incorporación de esa franja etaria al mercado laboral.
Si bien hacia el final del año todos los distritos del país tendían a revertir la tendencia declinante, el 2014 evaluado en conjunto no dejó de ser un muy mal año para casi todas las economías provinciales. En 21 sobre 24 distritos, el Indicador Sintético de Actividad Provincial (ISAP) promedio de 2014 fue inferior al promedio de 2013.
Las caídas fueron particularmente severas en San Juan y Tierra del Fuego, dos distritos golpeados por el mal momento de sus principales actividades productivas (minería e industria electrónica, respectivamente). En el extremo opuesto sólo aparece la pujante Neuquén que ganó dinamismo merced al incremento de las inversiones en el sector de hidrocarburos, indica el último reporte de Federico Muñoz & Asociados. Tucumán figura en el lote intermedio, con una caída de actividad promedio cercana al 2%. En el medio de esto, tampoco se sabe el comportamiento global del comercio exterior tucumano, particularmente durante los dos semestres de 2014. Sólo se conoce que algunos complejos exportadores les fue peor que a otros por efecto de la caída internacional de los precios de las materias primas.
Los candidatos a suceder al gobernador José Alperovich deberían poner en su agenda, como prioridad, la regularización en la difusión de las estadísticas públicas, algo que hasta 2007 era una norma y que luego, por la intervención política al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se constituyó en una excepción a la regla. La gestión alperovichista se ha mantenido cómoda a lo largo de estos años en el que hacer mediciones propias era un verdadero pecado para la Casa Rosada.
Desde marzo de 2008 Tucumán ha dejado de tener una medición pública del Índice de Precios al Consumidor (IPC). No obstante, a Alperovich jamás le faltaron los datos acerca de la evolución inflacionaria, esa que en 2014 ha cerrado entre un 30% y un 32%. Claro está que no hay informes oficiales que así lo digan, como tampoco hay una base que permita establecer -por caso- cuántos son los pobres que habitan el suelo argentino. De ese tema es preferible no hablar, señalan los funcionarios nacionales que ensayan múltiples respuestas para no arriesgar una cifra estimativa. Tal vez un indicio para confirmar ese dato es el incremento del gasto público. Más inflación, menos crecimiento, una ecuación que ha bajado el ritmo de expansión en la recaudación de impuestos provinciales.
A la próxima administración le quedará pendiente también la lucha contra la informalidad, esa que se queda con el 40% de todo lo que produce la economía local. De eso dependerá, por caso, sostener el ritmo de ingresos tributarios. Empresarios y especialistas en impuestos suelen quejarse de que el fisco sólo acciona contra aquellos que están identificados y que no tiene el mismo ímpetu contra los otros, los que están en las penumbras y que se sienten “intocables”.
De acuerdo con los cálculos oficiales, si hay un combate efectivo contra la economía en negro, el fisco podría acceder a un aporte extra de $ 4.700 millones. De ese modo, evitaría un mayor ajuste en las finanzas. Esa lucha choca contra una realidad: el limitado margen para la fiscalización in situ. Algo similar le ocurre a la regional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que ha decidido poner más énfasis en el control electrónico de la facturación y en los operativos globales a establecimientos cuando están en pleno proceso productivo.
Sólo así puede explicarse que Tucumán registre tanta informalidad en su economía y en sus niveles de empleo, en el que, por cada 100 trabajadores, 45 no fueron registrados por sus empleadores. Algunos consideran que se trata de una cuestión de costos. La realidad lo define simplemente como una costumbre para no dañar la rentabilidad deseada. Mientras eso se sostenga, la claridad no llegará a la economía tucumana.
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