Un auditor asegura que analizarán en forma íntegra los casos objetados del fiscal Herrera

“Jamás vivimos una situación tan desagradable como la de la semana pasada”, admitió Lezana Flores, jefe de los auditores penales El funcionario a cargo de la auditoría ordenada por la Corte Suprema de Justicia recordó que no habían salido bien los controles previos en la Fiscalía X

29 Abr 2015
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BAJO SUPERVISIÓN. La actuación del fiscal Guillermo Herrera en cinco causas es analizada por la Corte Suprema. la gaceta / foto de hector peralta (archivo)

Luis Lezana Flores se presenta como un funcionario judicial de bajo perfil que sólo teme a Dios, y que prefiere no ser fotografiado y permanecer lo más distante posible del runrún de los Tribunales. Pero las circunstancias excepcionales que rodean a la auditoría de una serie de causas objetadas del fiscal Guillermo Herrera (X Nominación) lo sacan de la “burbuja” en la que suele habitar para explicar en qué consistirá la fiscalización dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. “Tenemos la orden de analizar en forma íntegra las actuaciones ‘Rigourd’, ‘Valdez’, ‘Teves’, ‘Albarracín’ y ‘Jorrat’”, indica el jefe de los auditores del fuero penal en su despacho en el Palacio de Justicia.

El viernes y después de 10 días de tironeos, los funcionarios Lezana Flores, Agustín Ladetto y Mariana Tasquer lograron trasladar los expedientes controvertidos al Cuerpo de Auditores. En el medio hubo tres órdenes de la Corte: la primera, del presidente Antonio Gandur, que abrió la auditoría a partir de una denuncia del Colegio de Abogados de la Capital; la segunda, del alto tribunal en pleno que ratificó la decisión anterior y la tercera, también del alto tribunal en pleno, que dio cuatro horas al ministro público Edmundo Jiménez y al fiscal Herrera para que pusiesen las causas polémicas a disposición de los auditores. Para entonces, la documentación había sido redistribuida a otras fiscalías por disposición de Jiménez.

Entre la segunda y la tercera acordada de los vocales Gandur, René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse, el secretario Lezana Flores labró el acta que refleja que el ministro público intentó condicionar los alcances de la auditoría y que advirtió a los fiscalizadores que “podrían tener problemas si leían los expedientes”. “Nunca nos había pasado algo así. Jamás vivimos una situación tan desagradable como la de la semana pasada”, admite el funcionario. Y añade: “hay cosas que no figuran en el acta. Ese miércoles antes de ir al Ministerio Público, el presidente Gandur nos dijo que no sería fácil acceder a las causas, pero yo creí que no habría inconvenientes puesto que siempre habíamos trabajado con tranquilidad. Y cuando estábamos ahí, comenzando a analizar los casos en una oficina muy pequeña (del fuero penal), entró el ministro público con otros dos funcionarios (la secretaria María del Carmen Veiga y el relator Néstor Rafael Macoritto); después, apareció el fiscal Herrera también. Ante eso, decidí suspender la auditoría porque así no se podía continuar: es insólito que nos prohíban la lectura”.

Lezana Flores expresa que una auditoría no puede limitarse a controlar plazos, foliaturas o sellos, como pretende Jiménez. “No tenemos facultades para fiscalizar las decisiones de los magistrados, pero sí debemos describir los distintos pasos procesales. Era imposible auditar en esas condiciones y se lo dijimos al ministro público, de modo que nos retiramos y labramos un acta. Jiménez hizo la suya pero nosotros no firmamos porque esta no reflejaba la realidad. Insisto en que la Corte nos pidió que veamos los expedientes en forma íntegra y no sólo en la medida en que quiere el ministro público, para quien acto jurisdiccional es también la denuncia, el escrito de las partes, la declaración testimonial, la declaración del imputado, etcétera”, comenta.

Antecedente negativo

Lezana Flores asegura que el Cuerpo de Auditores dispone de todas las actuaciones objetadas por el Colegio de Abogados. Según Francisco García Posse, presidente de esa institución, el desempeño de Herrera en “Teves”, “Valdez”, “Rigourd”, “Albarracín” y “Jorrat” reflejaría el mismo patrón de conducta irregular consistente en la tramitación de denuncias relativas a conflictos entre particulares de evidente naturaleza civil, no penal; la hiperactividad de la fiscalía orientada más a la adopción y al requerimiento de medidas que no tienen relación con la investigación en sí sino que resultan actuaciones de coerción sobre el denunciado o querellado, y el cese abrupto del interés del fiscal una vez que los particulares llegan a un acuerdo patrimonial. García Posse expuso esta hipótesis en el ámbito de la causa penal a cargo del fiscal Diego López Ávila (IV Nominación), que acumula las denuncias del Colegio, de la Unidad de Información Financiera, y de los letrados Carlos Garmendia, Alfredo Falú y Julio Gerardo Valdez contra los fiscales Alejandro Noguera, Herrera y Arnoldo Suasnábar, y el juez Juan Francisco Pisa.

“Como dice el reglamento, la finalidad del control que realizamos se propone asegurar que los resultados de los servicios judiciales en general se ajusten a la legislación vigente y a las instrucciones institucionales; su esencia radica en determinar si la actividad controlada está o no alcanzando los resultados deseados en un sistema de justicia accesible y oportuno”, precisa Lezana Flores. El jefe de los auditores penales insiste en que la fiscalización describe las resoluciones judiciales adoptadas, pero no las juzga, en el afán de detallar cómo se desarrolló el proceso en cuestión. “Controlamos su calidad y organización; el manejo de los tiempos y de las formas, y la productividad y disciplina interna de la dependencia auditada. A nosotros nos corresponde detectar cualquier tipo de irregularidad y comunicarla a la Corte en el informe final”, agrega.

En el supuesto de las actuaciones de la Fiscalía X objetadas por el Colegio, el Cuerpo de Auditores practicará una auditoría de reacción inmediata, que supone un análisis “foja por foja”. “Tenemos un plazo para entregar el informe final, que vencería a fines de la semana próxima, pero, por las dilaciones que hubo, a lo mejor nos den una prórroga”, acota Lezana Flores. En cualquier caso, la ciudadanía puede esperar que ese auditor, junto con Ladetto y Tasquer, elaboren un documento que diga cómo han sido llevadas las actuaciones controvertidas desde el momento en el que empezaron hasta el momento de la compulsa. “Nosotros vamos a señalar si hay coherencia entre los distintos actos procesales, siempre respetando la decisión jurisdiccional”, promete.

No es la primera vez que el Cuerpo de Auditores creado en 2010 fiscaliza la tarea del despacho de Herrera. Lezana Flores explica que hubo dos intervenciones anteriores, una auditoría preventiva durante la presidencia del vocal Estofán, en 2013, y un seguimiento en 2014, ya en la gestión de Gandur. Al respecto, acota: “nosotros hacemos el primer control y damos un plazo de seis meses para mejorar todas las circunstancias e irregularidades comunicadas. Luego de ese término, implementamos un procedimiento de seguimiento y, si observamos que no hubo cambios significativos, entonces normalmente el presidente de la Corte toma alguna decisión. En el seguimiento de la Fiscalía X vimos algunas modificaciones, pero no muchas”. El jefe de los auditores penales especifica que en la oficina de Herrera encontraron una situación bastante anómala, que incluso fue publicada en este diario: “se trata del envío de causas a las comisarías, expedientes que en teoría no podían estar en la Fiscalía X y que no fueron llevadas al archivo. En muchos de estos casos había policías imputados. Ese fue un hallazgo gravísimo, que no tiene explicación porque el fiscal no está autorizado a mandar casos a la Policía como depósito, menos aún si había agentes involucrados. Y todo esto sucedía sin control, o sea que, si en el ínterin se perdió alguna causa, nunca lo sabremos”.

“Ninguna irregularidad”.- “El 2 de abril de 2013 fui auditado exhaustivamente por el Cuerpo de Auditores y no se observó ninguna irregularidad”. (LA GACETA, 6 de mayo de 2014)

“PARA SER MÁS EFICIENTES”.- “Los controles nos ayudan a ser más eficientes en nuestro trabajo, a manejar mejor los términos y a que las causas no se duerman”. (LA GACETA, 6 de mayo de 2014)

“CON GUSTO PRESTAREMOS TODOS LOS ESCRITORIOS”.- “La Corte no verificó que yo ya había sido auditado en 2013 y mandó otra auditoría. Con gusto prestaremos todos los escritorios, cajones y los recovecos para que la hagan”. (LA GACETA, 6 de mayo de 2014)

UNA RESPUESTA Al TITULAR DE LA CORTE SUPREMA.- “La mora se debe al volumen enorme de causas que manejamos y las deficiencias formales constatadas obedecen a errores involuntarios”. (Respuesta a una nota del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur, 28 de julio de 2014)

“Mi fiscalía está dispuesta a aceptar los cambios”.- “Fruto de la depuración emprendida, hemos logrado pasar de 8.000 causas en trámite a 926. Destaco el trabajo del Cuerpo de Auditores y de la Oficina de Gestión, y digo que mi fiscalía está totalmente dispuesta a (aceptar) los cambios que la Corte ordene para su mejor funcionamiento”. (Respuesta a una nota del presidente Antonio Gandur, 28 de julio de 2014)

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