Edmundo Jiiménez: "no existe ningún conflicto con la Corte Suprema"

El Ministro Público Fiscal y Pupilar descartó que considere renunciar en virtud de la fiscalización ordenada por el alto tribunal. Dijo que apoyaba la auditoría y desmintió que se haya negado a entregar actuaciones.

28 Abr 2015
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JEFE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Edmundo Jiménez en la conferencia de prensa que dio ayer en el fuero penal. la gaceta / foto de roberto delgado

La orden de auditar una serie de actuaciones objetadas del fiscal Guillermo Herrera (X Nominación) no generó tensión ni enfrentamiento entre el Ministerio Público Fiscal y Pupilar, y la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). Edmundo Jiménez, titular del primer órgano, reiteró esa posición en la conferencia de prensa que convocó y brindó ayer para, según dijo, “aclarar la crónica” de los hechos de la semana pasada. “No existe ningún conflicto con la Corte Suprema. No sólo eso, no voy a tener nunca (una pelea) porque siempre hemos trabajado juntos”, aseguró.

El ex ministro de Gobierno y Justicia histórico de la gestión de José Alperovich afirmó que apoya las auditorías que el alto tribunal practica en las unidades judiciales, y desmintió que se haya negado a entregar las causas de Herrera cuestionadas por el Colegio de Abogados de la Capital. “Nosotros estamos de acuerdo con las fiscalizaciones que se hacen semanalmente y que aportan a la gestión de la Justicia. Vi que se menciona que el Ministerio Público no quería entregar los expedientes, pero esto no es así: siempre pusimos a disposición las causas”, explicó luego de comentar que siguió la información a la distancia porque había estado desde el miércoles pasado en la Ciudad de Buenos Aires “haciendo gestiones” .

“Cuando yo intervine, lo que sí dije es que no podían retirarse los expedientes del lugar. Y esto debido no a una decisión mía sino a una disposición de la CSJT que cuando reglamentó las auditorías estableció que estas debían realizarse in situ (en el lugar). Posteriormente, en mi ausencia, (la Corte) dictó la resolución que dice que en cuatro horas había que poner los expedientes a disposición de los auditores: el alto tribunal puede hacer esto porque la decisión de que se trasladen (las causas) tiene la misma jerarquía que la decisión que antes decía que las auditorías debían hacerse in situ”, planteó.

Jiménez añadió que los fiscales entregaron los expedientes sin problemas (previamente, él había dispuesto sacar los casos objetados de la órbita de Herrera, y redistribuirlos en las fiscalías de Mariana Rivadeneira, Adriana Reinoso Cuello, María de las Mercedes Carrizo y Adriana Giannoni). “Otra cuestión que surgió cuanto intervine es que la auditoría no podía avanzar sobre cuestiones jurisdiccionales, que son las decisiones de los jueces o fiscales. Esto tampoco es una decisión mía sino de la Corte. En una acordada en la que encomienda al Ministerio Público ser veedor de las auditorías, (el alto tribunal) indicó que hay que resguardar la jurisdicción de los jueces”, recordó.

Ni dimisión ni excusación

Jiménez afirmó que si se veían bien los informes y resoluciones de la CSJT en realidad no había contradicción alguna. “Si hoy el Ministerio Público tiene una ley que le da autonomía funcional y un presupuesto es porque la Corte, en particular (el presidente Antonio) Gandur, impulsó esta reforma que nos posibilita realizar nuestras tareas con muchísimas más posibilidades (...). No hay conflicto, mucho menos una crisis en el Poder Judicial”, opinó el ministro público que asumió en agosto, en reemplazo de Luis De Mitri (se jubiló junto con el ex fiscal Carlos Albaca como consecuencia de las repercusiones institucionales del caso “Lebbos”).

Jiménez descartó que haya considerado renunciar debido a lo ocurrido durante la semana pasada, donde incluso hubo un acta labrada por los auditores de la CSJT que da cuenta de que él les advirtió que “podrían tener problemas si leían los expedientes”. “Dije que no hay conflicto con la Corte. ¿A usted le gustaría que yo renuncie?”, interrogó a la periodista que le había planteado la inquietud.

En cuanto a la redistribución de las actuaciones “Teves”, “Albarracín”, “Rigourd”, “Valdez” y “Jorrat”, Jiménez dijo que la decisión obedeció a criterios de prudencia y de transparencia. “No se trata para nada de una cuestión que afecte a la ecuanimidad u honorabilidad de Herrera. Comuniqué la resolución de inmediato al presidente de la Corte, y quiero decir incluso que ni he visto ni conozco las causas”, agregó.

Asimismo, el ministro público insistió en que no se apartará del asunto pese a que en la causa de Roxana Teves están implicados -como letrados querellantes- sus hijos Edmundo Jiménez y Ana Lucía Jiménez.. “En realidad, la auditoría está dirigida a la Fiscalía (de Herrera), no a los abogados ni a los acusados ni a las partes. Tengo que cumplir con mi deber, y no andar excusándome ni eludiendo”, manifestó.

La fiscalización en cuestión fue ordenada por Gandur el 14 de abril. Una semana después, la Corte en pleno ratificó la medida. El miércoles 22, los auditores labraron el acta que indica que Jiménez intentó limitar el control a los sellos, firmas y plazos. El jueves pasado, los vocales Gandur, René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse exigieron a Jiménez y a Herrera que entregasen la documentación en cuatro horas. Luego, el fiscal contestó que ya no tenía los expedientes. El viernes, por fin, los auditores tomaron posesión de las causas polémicas y las llevaron a la sede del Cuerpo de Auditores, en el Palacio de Justicia.

En paralelo tramita en el fuero penal una causa que acumula las denuncias del Colegio de Abogados, de la Unidad de Información Financiera, y de los letrados Carlos Garmendia, Alfredo Falú y Julio Gerardo Valdez contra los fiscales Alejandro Noguera, Herrera y Arnoldo Suasnábar, y el juez Juan Francisco Pisa.

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