“La cárcel era un campo de concentración”

Roodschild, ex preso político, apuntó a la “complicidad” de la Justicia en la dictadura

25 Abr 2015
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UN SUSPIRO. El ex juez se tomó un alto en medio de la audiencia judicial. la gaceta / foto de analía jaramillo

Ricardo Roodschild llevaba cuatro años detenido cuando, finalmente, en 1979 un recurso de hábeas corpus dio señales de prosperar. Un compañero de cautiverio de la cárcel de Caseros le había ayudado a elaborarlo para presentarlo en un juzgado de Buenos Aires. La ilusión, relató, duró poco. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos iba a visitar. Yo sólo quería saber por qué estaba preso, no tenía una causa. Me llevaron al juzgado dos veces en Buenos Aires, la última para completar mi declaración. Me sentía contento. Cuando llegué a la cárcel después de la segunda vez, me dijeron que me esperaban del Juzgado de Tucumán”, detalló. Aseguró que en una oficina de la penitenciaría un secretario, que sería del ex juez federal Manlio Martínez, le leyó una página y media de acusaciones. Las primeras que, dijo, escuchaba en su contra. “Según ese documento yo era absolutamente peligroso. No había ni denunciante. El secretario dijo que eso les había llegado al Juzgado y que estaban actuando de oficio. A los 15 o 20 días me vuelven a citar al juzgado de Buenos Aires. Conté la situación y me dijeron que ya no podían seguir actuando. Ya había causa”, lamentó. La sentencia de Roodschild fue clara: “el Poder Judicial fue cómplice del terrorismo de Estado, no creo en las casualidades. En Tucumán estábamos en la cárcel. Éramos ‘legales’, pero en un campo de concentración en el que mataron a dos compañeros: José Torrente y Juan Carlos Suter”.

El ex preso político declaró ayer en el proceso oral que se sustancia en el Tribunal Oral Federal (TOF) contra Martínez por delitos de lesa humanidad.

Formó parte de los testigos llamados de contexto, que dieron cuenta de patrones de actuación del Poder Judicial. Roodschild y otros ex detenidos habían coincidido que se les habrían “armado” expedientes para justificar sus encierros, ordenados por las fuerzas de seguridad. En el caso de Roodschild, había sido secuestrado de su casa, en noviembre de 1975, y recorrió diversos centros clandestinos hasta llegar a Villa Urquiza. Él había declarado en la megacausa que el año pasado juzgó a represores por los crímenes cometidos en la cárcel provincial. Había detallado las terribles condiciones en las que estaban encerrados y la violencia de sus captores. Después de Villa Urquiza, fue trasladado por diversas penitenciarías del país. Obtuvo la libertad total -sin vigilancia- recién a fines de 1982.

En el juzgado

También pasó ayer frente a los jueces Hugo Cataldi (presidente), José Asis y Mario Garzón, una empleada de la secretaría Electoral del Juzgado Federal que trabajó durante 10 años con el ex juez Martínez. Marta Ahumada detalló cómo cambió la vida en la dependencia judicial a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Recordó, particularmente, un episodio. “A media mañana, me llama Martínez y me pide que suba a su despacho. Estaban Rodolfo Vargas Aignasse y su esposa (el senador Guillermo Vargas Aignasse había sido secuestrado horas antes). Lloraban. El doctor me pidió fichas de afiliación. Las llevé y me fui. A los tres días, no me las había devuelto. Subí a pedirlas. Me dijo: ‘llevalas y no las quiero ver más. Escondelas. Tengo miedo de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia. No sé estos locos (por los militares) qué pretenden. No quiero cagar a nadie, no hay más informes (con datos sobre afiliados) para nadie’”, describió. La mujer consignó que envolvió los expedientes y fichas de afiliación con plásticos y los ocultó en un depósito, detrás de ficheros. “Me había indicado que empezara por esconder los de los partidos de izquierda”, precisó.

Advirtió que Martínez sí la autorizó a brindar direcciones y nombres de familiares de afiliados a abogados como Juan Roberto Robles o Antonio Moreno. “Ellos decían que había personas dentro de la cárcel que nadie sabía que estaban. Era para ubicar a sus parientes. El doctor Martínez me dijo que lo hiciera para ayudarlos”, afirmó.

Consignó también que llegaban “radiogramas” del Gobierno nacional requiriendo listas de afiliados de partidos como el Comunista y Socialista. “Se contestaba que no habían sido habidas las fichas”, subrayó. Afirmó que trabajaban amenazados.

Cuando Martínez declaró, negó todos los cargos. “Los militares tenían los fales (sic) apuntando a las cabezas de jueces. Tenía 29 años. Ayudé a algunos detenidos y en otros casos, me limité a aplicar la ley”, había manifestado al inicio del juicio.

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