“Los jueces dieron amparo a las fuerzas de seguridad para asesinar”

Fernando Sosa Padilla fue secuestrado de su casa el 16 de octubre de 1974. Recordó que fue llevado primero a la delegación de la Policía Federal, donde sufrió golpizas y apremios ilegales. Después, en su paso por la Brigada de Investigaciones, la situación no fue mejor. El 2 de diciembre de ese año, le dieron allí una paliza a los detenidos. “Creo que fue por la muerte del capitán Humberto Viola. Roberto ‘El Tuerto’ Albornoz me apuntó la cabeza con una ametralladora y me dijo: ‘zurdo de mierda, de esta no te salvás’”, detalló. Luego, el 13 de diciembre, fue recluido en la cárcel de Villa Urquiza, en el sector donde estaban alojados los presos políticos aislados, antes y durante el terrorismo de Estado. Era el pabellón donde se sufrían los peores maltratos y tormentos, según quedó acreditado en la megacausa que abordó lo que ocurrió en la penitenciaría.

Sosa Padilla enumeró su derrotero ayer en el juicio que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal (TOF) contra el ex juez Manlio Martínez por crímenes de lesa humanidad. Lo hizo para explicar por qué requirió una audiencia con el entonces titular del juzgado federal de Tucumán que se concretó a fines de febrero de 1975. “Quería denunciar lo vivido en todas estas ocasiones, las requisas y amenazas en la cárcel. En el celular en el que me trasladaron me iban golpeando y apuntando. Al ingresar al juzgado, se presentó y le pedí que quería que quedara constancia escrita. Me dijo que entendía mi situación, pero que no tomaría nota”, lamentó el testigo. Sosa Padilla subrayó que había sido procesado por el ex juez Jesús Santos, y que fue condenado por Martínez a cuatro años por infracciones a la Ley 20.840 (de Seguridad Nacional). Fue liberado, finalmente el 10 de febrero de 1979 del penal de Rawson.

Expresó su preocupación por la marcha de los juicios en el país, sobre todos, los que buscan dilucidar las responsabilidades civiles en delitos relacionados con el terrorismo de Estado. También por la liberación de represores condenados en causas de derechos humanos en la provincia.

“No tengo nada personal contra el doctor, pero tiene que quedar en claro algo: Martínez no era neutral. No respondía a la Constitución Nacional, sino a los estatutos del llamado Proceso de Reorganización Nacional. La llamada corporación judicial necesita una reconversión. Que quede claro que los jueces les dieron el amparo y allanaron el camino para que las fuerzas de seguridad pudieran secuestrar, torturar, asesinar y hacer desaparecer a miles de argentinos”, reflexionó.

Luego, aludió al alegato del fiscal del juicio a las Juntas, Julio César Strassera. “ ‘Señores jueces: Nunca más’. Doctora Elda Calabró, detenida desaparecida. Doctor Ángel Pisarello, secuestrado y asesinado. Jorge Rondoletto; secuestrado con su familia y querida María Alejandra Niklison, asesinada en la calle Azcuénaga con otros compañeros de la organización Montoneros ¡Presentes ahora y hasta la victoria siempre!”, concluyó.

Las audiencias continuarán hoy y mañana. El ex juez es juzgado desde mediados de marzo por su desempeño en la investigación de la matanza de cinco militantes en mayo de 1976, asunto que fue abordado en la causa “Romero Niklison” (este proceso es una derivación de ese). Según la fiscalía, sus actitudes habrían producido la “legitimación” de la ejecución del grupo por parte de policías y militares, y “asegurado” la impunidad. El juicio también aborda la detención del dueño de la casa donde se produjo la masacre.

Martínez, en su defensa, sostiene que era incompetente debido a que el asunto correspondía a la Justicia Militar y a que actuó amenazado durante la Dictadura.