08 Marzo 2015
BUENOS AIRES.- El informe sobre Libertad de Prensa en la Argentina que se dio a conocer ayer en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció un escenario “crecientemente complejo para el periodismo” en el comienzo de un año que se describió como “de cruciales elecciones” y dentro de un clima de “manifestaciones hostiles y difamatorias por parte de funcionarios, medidas gubernamentales discriminatorias e iniciativas potencialmente restrictivas para la libertad de expresión”.
La síntesis de lo ocurrido durante los últimos meses en el país en materia de libertad de prensa se inició, en la asamblea que sesiona en Panamá hasta mañana, explicitando las “reacciones del Gobierno” hacia los medios no alineados, en relación a la cobertura de la muerte del fiscal Alberto Nisman.
“El Gobierno reaccionó acusando a sectores de la Justicia y medios de comunicación de llevar a cabo maniobras de desestabilización política”, señaló el informe.
Y, remarcó que “la presidente Cristina Fernández embistió contra los medios por la cobertura de la multitudinaria marcha que se realizó al cumplirse un mes de la muerte del fiscal, se refirió una vez más a la ‘cadena nacional del odio y el desánimo’, acusó a Clarín y La Nación de apropiación de la papelera Papel Prensa y calificó a la libertad de expresión como un privilegio aparentemente exclusivo de esos diarios”.
Tras su lectura, se presentó un video de seis minutos sobre los principales hechos relativos a la libertad de expresión en el último semestre que arrancó con la ruptura de las notas del diario Clarín que hizo el ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, a comienzos de febrero en relación al caso Nisman, al grito de “todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura” y “es importante que el pueblo argentino sepa quién le miente”. El video reseñó, además, los ataques a periodistas y medios por parte del Gobierno a raíz del caso Nisman; la salida del país del periodista de Buenos Aires Herald, Damián Patcher, por la misma cuestión; la aplicación selectiva de la Ley de Medios; el crecimiento del aparato de propaganda oficial y cerró con las consideraciones que tuvo la presidenta, Cristina Fernández, hacia quienes marcharon el 18F.
El Informe también hizo saber que “en los últimos días, se verificaron acciones que vuelven a mostrar indicios de persecución penal contra editores periodísticos críticos aparentemente vinculada con la cobertura del caso Nisman”, ya que el Gobierno “reavivó su vieja acusación” contra directivos de los diarios Clarín y La Nación “por delitos de lesa humanidad en la adquisición de la empresa Papel Prensa, cuestión que ya había sido juzgada en democracia sin hallarse delito alguno”.
Según el reporte, que junto al video presentó el vicepresidente regional, Daniel Dessein (La Gaceta de Tucumán), “en las últimas semanas se verificaron presiones al juez de la causa”, entre ellas la sugerencia de “una indagatoria a los editores”. En la misma línea, apuntó que “a fin de año, a instancias de la Procuradora General de la Nación (alineada con el Poder Ejecutivo), se apartó sorpresivamente al fiscal que venía entendiendo en la causa y se nombró, en un trámite cuestionado, a un fiscal subrogante de una agrupación cercana al Gobierno”.
También recordó que “antes de que se produjera la muerte del fiscal, la prensa ya desarrollaba su actividad en medio de un clima nutrido por manifestaciones hostiles y difamatorias por parte de funcionarios, medidas gubernamentales discriminatorias e iniciativas potencialmente restrictivas para la libertad de expresión”.
El informe apuntó además a la publicidad oficial y a “la discrecionalidad con que se distribuye” para “condicionar” la opinión, “en contradicción con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en sus fallos y por las recomendaciones realizadas por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, entre otros organismos internacionales”.
La denuncia no involucró únicamente al Gobierno nacional, sino que también sumó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que “ha aumentado el rubro de publicidad oficial de manera exponencial desde que accedió al poder” y al de Buenos Aires, que “ha inundado las calles con avisos que llevan el color que distingue al gobernador, lanzado de lleno, antes de los tiempos legales, a su campaña a presidente de la Nación”. (DyN)
La síntesis de lo ocurrido durante los últimos meses en el país en materia de libertad de prensa se inició, en la asamblea que sesiona en Panamá hasta mañana, explicitando las “reacciones del Gobierno” hacia los medios no alineados, en relación a la cobertura de la muerte del fiscal Alberto Nisman.
“El Gobierno reaccionó acusando a sectores de la Justicia y medios de comunicación de llevar a cabo maniobras de desestabilización política”, señaló el informe.
Y, remarcó que “la presidente Cristina Fernández embistió contra los medios por la cobertura de la multitudinaria marcha que se realizó al cumplirse un mes de la muerte del fiscal, se refirió una vez más a la ‘cadena nacional del odio y el desánimo’, acusó a Clarín y La Nación de apropiación de la papelera Papel Prensa y calificó a la libertad de expresión como un privilegio aparentemente exclusivo de esos diarios”.
Tras su lectura, se presentó un video de seis minutos sobre los principales hechos relativos a la libertad de expresión en el último semestre que arrancó con la ruptura de las notas del diario Clarín que hizo el ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, a comienzos de febrero en relación al caso Nisman, al grito de “todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura” y “es importante que el pueblo argentino sepa quién le miente”. El video reseñó, además, los ataques a periodistas y medios por parte del Gobierno a raíz del caso Nisman; la salida del país del periodista de Buenos Aires Herald, Damián Patcher, por la misma cuestión; la aplicación selectiva de la Ley de Medios; el crecimiento del aparato de propaganda oficial y cerró con las consideraciones que tuvo la presidenta, Cristina Fernández, hacia quienes marcharon el 18F.
El Informe también hizo saber que “en los últimos días, se verificaron acciones que vuelven a mostrar indicios de persecución penal contra editores periodísticos críticos aparentemente vinculada con la cobertura del caso Nisman”, ya que el Gobierno “reavivó su vieja acusación” contra directivos de los diarios Clarín y La Nación “por delitos de lesa humanidad en la adquisición de la empresa Papel Prensa, cuestión que ya había sido juzgada en democracia sin hallarse delito alguno”.
Según el reporte, que junto al video presentó el vicepresidente regional, Daniel Dessein (La Gaceta de Tucumán), “en las últimas semanas se verificaron presiones al juez de la causa”, entre ellas la sugerencia de “una indagatoria a los editores”. En la misma línea, apuntó que “a fin de año, a instancias de la Procuradora General de la Nación (alineada con el Poder Ejecutivo), se apartó sorpresivamente al fiscal que venía entendiendo en la causa y se nombró, en un trámite cuestionado, a un fiscal subrogante de una agrupación cercana al Gobierno”.
También recordó que “antes de que se produjera la muerte del fiscal, la prensa ya desarrollaba su actividad en medio de un clima nutrido por manifestaciones hostiles y difamatorias por parte de funcionarios, medidas gubernamentales discriminatorias e iniciativas potencialmente restrictivas para la libertad de expresión”.
El informe apuntó además a la publicidad oficial y a “la discrecionalidad con que se distribuye” para “condicionar” la opinión, “en contradicción con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en sus fallos y por las recomendaciones realizadas por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, entre otros organismos internacionales”.
La denuncia no involucró únicamente al Gobierno nacional, sino que también sumó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que “ha aumentado el rubro de publicidad oficial de manera exponencial desde que accedió al poder” y al de Buenos Aires, que “ha inundado las calles con avisos que llevan el color que distingue al gobernador, lanzado de lleno, antes de los tiempos legales, a su campaña a presidente de la Nación”. (DyN)
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