23 Diciembre 2014
“Más de 14.000 días les fueron robados, en total, a las casi 40 víctimas que estuvieron en el penal de Villa Urquiza”. El fiscal federal (ad hoc) a cargo de la oficina local de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Pablo Camuña, graficó con esa cifra uno de los aspectos del daño generado a los ex presos políticos y a los llamados “subversivos”.
El Ministerio Público Fiscal (MPF), representado también por Leopoldo Peralta Palma (fiscal general subrogante ante el Tribunal Oral Federal) y Patricio Rovira (fiscal federal ad hoc), efectuó ayer el pedido de pena para los 10 imputados de la megacausa “Villa Urquiza”, que aborda los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado en pabellones de la penitenciaría provincial.
En ese contexto, Camuña también consignó que, de acuerdo con estadísticas de organismos de Derechos Humanos nacionales, el 60% de los ex detenidos se encuentra en la pobreza y no pudo sobreponerse a los hechos. Los fiscales desecharon las versiones de los imputados y dieron cuenta de sus roles en el centro clandestino a partir de los testimonios de sobrevivientes y de los registros laborales de la penitenciaría.
“No veremos arrepentimiento de nadie porque viven desde hace más de 30 años en la negación. Se han plantado aquí como mártires o chivos expiatorios”, fustigó Camuña.
Peralta Palma y Rovira repasaron una a una las calificaciones legales, responsabilidades y requirieron que los imputados sean castigados con entre 8 años de cárcel y perpetua. Peralta Palma recalcó una y otra vez que los sospechosos “mintieron” al sostener que no conocieron a los detenidos, que no hubo mujeres en el penal o que no participaron de la represión.
Pidieron que el militar retirado Jorge Lazarte- considerado por los acusadores “supervisor militar” en la Jefatura de Policía- sea condenado a perpetua. En tanto, que para el ex jefe de Inteligencia de la fuerza policial, Roberto “El Tuerto” Albornoz, reclamaron ocho años. Sucede que para el Ministerio Público Fiscal y de acuerdo con testigos, la mayoría de los afectados fueron llevados a la cárcel previo paso por el centro clandestino de la Jefatura.
Por otro lado, propusieron las penas para los ex guardiacárceles: Santos Gonzáles (15 años), Augusto Montenegro (22 años), Daniel Álvarez (25 años), Ángel Audes (perpetua), Juan Carlos Medrano (perpetua), Pedro García (perpetua), Francisco Ledesma (perpetua) y Héctor Valenzuela (perpetua).
Pidieron a los jueces que revean las prisiones domiciliarias y reclamaron que, de haber condenados, permanezcan en la cárcel hasta que la sentencia quede firme. Instaron a que, de ser encontrados culpables, se tramite que Lazarte reciba la baja deshonrosa del Ejército y que el resto sea exonerado de la Policía y del Servicio Penitenciario.
Al cierre de esta edición, los defendores oficiales y particulares se encontraban presentando sus alegatos. Solicitaron la absolución de la mayoría de los acusados.
Está previsto que hoy, después de tres meses de proceso oral, el Tribunal dicte la décima sentencia por crímenes de lesa humanidad en la provincia. Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga determinarán las responsabilidades, o no, de los imputados en delitos que van desde privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos hasta violaciones y homicidios cometidos en Villa Urquiza entre 1975 y 1983.
El Ministerio Público Fiscal (MPF), representado también por Leopoldo Peralta Palma (fiscal general subrogante ante el Tribunal Oral Federal) y Patricio Rovira (fiscal federal ad hoc), efectuó ayer el pedido de pena para los 10 imputados de la megacausa “Villa Urquiza”, que aborda los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado en pabellones de la penitenciaría provincial.
En ese contexto, Camuña también consignó que, de acuerdo con estadísticas de organismos de Derechos Humanos nacionales, el 60% de los ex detenidos se encuentra en la pobreza y no pudo sobreponerse a los hechos. Los fiscales desecharon las versiones de los imputados y dieron cuenta de sus roles en el centro clandestino a partir de los testimonios de sobrevivientes y de los registros laborales de la penitenciaría.
“No veremos arrepentimiento de nadie porque viven desde hace más de 30 años en la negación. Se han plantado aquí como mártires o chivos expiatorios”, fustigó Camuña.
Peralta Palma y Rovira repasaron una a una las calificaciones legales, responsabilidades y requirieron que los imputados sean castigados con entre 8 años de cárcel y perpetua. Peralta Palma recalcó una y otra vez que los sospechosos “mintieron” al sostener que no conocieron a los detenidos, que no hubo mujeres en el penal o que no participaron de la represión.
Pidieron que el militar retirado Jorge Lazarte- considerado por los acusadores “supervisor militar” en la Jefatura de Policía- sea condenado a perpetua. En tanto, que para el ex jefe de Inteligencia de la fuerza policial, Roberto “El Tuerto” Albornoz, reclamaron ocho años. Sucede que para el Ministerio Público Fiscal y de acuerdo con testigos, la mayoría de los afectados fueron llevados a la cárcel previo paso por el centro clandestino de la Jefatura.
Por otro lado, propusieron las penas para los ex guardiacárceles: Santos Gonzáles (15 años), Augusto Montenegro (22 años), Daniel Álvarez (25 años), Ángel Audes (perpetua), Juan Carlos Medrano (perpetua), Pedro García (perpetua), Francisco Ledesma (perpetua) y Héctor Valenzuela (perpetua).
Pidieron a los jueces que revean las prisiones domiciliarias y reclamaron que, de haber condenados, permanezcan en la cárcel hasta que la sentencia quede firme. Instaron a que, de ser encontrados culpables, se tramite que Lazarte reciba la baja deshonrosa del Ejército y que el resto sea exonerado de la Policía y del Servicio Penitenciario.
Al cierre de esta edición, los defendores oficiales y particulares se encontraban presentando sus alegatos. Solicitaron la absolución de la mayoría de los acusados.
Está previsto que hoy, después de tres meses de proceso oral, el Tribunal dicte la décima sentencia por crímenes de lesa humanidad en la provincia. Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga determinarán las responsabilidades, o no, de los imputados en delitos que van desde privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos hasta violaciones y homicidios cometidos en Villa Urquiza entre 1975 y 1983.
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