El patrimonio de Rojkés, eje de un debate en una causa judicial

La Sala III de la Cámara Penal ha de resolver planteos de la querella

11 Dic 2014
Karina Pellasio, la mujer que gritó “ladrona” a la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich (FpV), pretende pasar de acusada a acusadora, según Carlos Guido Cattáneo, representante de la primera dama y querellante. Con este y otros argumentos, el letrado se opuso a la producción de las pruebas que propuso Juan Roberto Robles, abogado de Pellasio y dirigente de la UCR. Dichas probanzas involucran la exposición del patrimonio de la funcionaria pública en tanto están dirigidas a acreditar que esta efectivamente “robó”. La Sala III de la Cámara Penal, que había aceptado las medidas solicitadas por Robles en 2013, ha de resolver si ratifica su decisión o da marcha atrás.

Según Robles, el tribunal que ha de definir el rumbo de la denuncia por supuestas injurias que dedujo Rojkés de Alperovich está integrado por Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Juana Juárez (interviene por sorteo en virtud de la vacante que exhibe el estrado por la jubilación de la camarista Ana Lía Castillo de Ayusa). Robles destaca que estos tres magistrados fueron designados por el gobernador José Alperovich, esposo de la querellante, a partir de las ternas que confecciona el Consejo Asesor de la Magistratura creado en 2009. El detalle no es nimio puesto que Pellasio se propone vincular en la prueba del robo al propio jefe del Poder Ejecutivo. La cuestión no pasó inadvertida para Cattáneo, que calificó de “impertinentes” los informes requeridos a organismos del Estado, y a la peritación contable sobre el patrimonio de la senadora y de su cónyuge.

“La defensa y el tribunal han intervertido (sic) el rol del querellante, que de acusador ha pasado a ser acusado e investigado sin que siquiera pueda esbozar defensa alguna, ya que no se busca un hecho concreto, sino que se pretende investigar toda la vida de la querellante”, expresó Cattáneo. El letrado pidió a la Sala III que deje sin efecto la autorización otorgada a Robles para producir las pruebas y dijo que ese permiso era nulo. Además, se reservó el derecho de acudir a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y, eventualmente, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La primera dama pidió a Pellasio un resarcimiento de $ 250.000. Según su denuncia, esa vecina de Yerba Buena le gritó “¡usted es una ladrona! ¡Devuelva todo lo que robó!” en septiembre de 2012, en una confitería de la avenida Aconquija.

Cattáneo esgrimió que si Pellasio había llamado “ladrona” a Rojkés, la prueba de la verdad sólo podía consistir en la demostración de que le corresponde el calificativo: “y no en la supuesta falta de calidad institucional de la provincia en cuyo Gobierno mi representada carece de participación ni en un supuesto enriquecimiento ilícito que (Pellasio) jamás mencionó al pronunciar sus injurias, y al contestar la carta documento que le remitimos, la querella y la acción civil”. Cattáneo razonó que la estrategia procesal de Pellasio violaba los derechos a la intimidad y al debido proceso de Rojkés, y convertía a la causa en un espectáculo circense.

En el escrito correspondiente, Robles dijo que la querellante se proponía violar el derecho de defensa de Pellasio y, eventualmente, que condenen a la acusada sin permitirle acreditar su inocencia. “No nos sorprende que Rojkés haya manifestado oposición a la producción de todas las pruebas que ofrecimos. Una auténtica funcionaria republicana hubiera ofrecido en forma pública, voluntaria, espontánea y documentada el origen, evolución y actualización de su patrimonio”, expresó.

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