23 Noviembre 2014
Los querellantes de la megacausa por delitos de lesa humanidad “Arsenales II-Jefatura II” Marta Rondoletto, Alfredo Forti, Licia Campos, Julia Salinas, Cecilia Parrile y Margarita Lascowsky se sumaron a los pedidos para que represores condenados vuelvan a la cárcel. Mediante una presentación efectuada ante el Tribunal Oral Federal (TOF) por su abogada Julia Vitar, las víctimas y familiares de víctimas se adhirieron al reclamo presentado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) contra una resolución de la Cámara de Casación Penal. La sala III de este Tribunal liberó a 17 ex militares y ex policías y dispuso la prisión domiciliaria para otros 13, de acuerdo con los registros oficiales del TOF.
En el escrito, Vitar consideró que el Tribunal local debe resolver la forma en que se sustanciará la prisión preventiva de los acusados, hasta que la sentencia de diciembre de 2013 quede firme (tal como había planteado en los alegatos). Además de advertir sobre el riesgo de fuga de los acusados, la letrada hizo especial hincapié en la necesidad de resguardar a los testigos-víctima: “ni la Justicia ni las fuerzas de seguridad federales proveen la tranquilidad necesaria a mis representados. No existe certeza de que las prisiones domiciliarias son controladas (...). Este Tribunal se ha desentendido de la seguridad y la integridad física y psíquica de los cientos de testigos y familiares de desaparecidos que declararon”.
Preocupados también por esta situación, organismos de Derechos Humanos presentarán el martes un habeas corpus preventivo masivo. Convocaron a declarantes, familiares de desaparecidos y ciudadanos que se sientan amenazados a concurrir al TOF (Crisóstomo y Chacabuco) entre las 11 y las 11.45 para aportar sus datos. Tras concretar el planteo en la Justicia federal (Piedras y Congreso), se congregarán en un acto de repudio a la liberación nuevamente en las puertas del TOF.
En el escrito, Vitar consideró que el Tribunal local debe resolver la forma en que se sustanciará la prisión preventiva de los acusados, hasta que la sentencia de diciembre de 2013 quede firme (tal como había planteado en los alegatos). Además de advertir sobre el riesgo de fuga de los acusados, la letrada hizo especial hincapié en la necesidad de resguardar a los testigos-víctima: “ni la Justicia ni las fuerzas de seguridad federales proveen la tranquilidad necesaria a mis representados. No existe certeza de que las prisiones domiciliarias son controladas (...). Este Tribunal se ha desentendido de la seguridad y la integridad física y psíquica de los cientos de testigos y familiares de desaparecidos que declararon”.
Preocupados también por esta situación, organismos de Derechos Humanos presentarán el martes un habeas corpus preventivo masivo. Convocaron a declarantes, familiares de desaparecidos y ciudadanos que se sientan amenazados a concurrir al TOF (Crisóstomo y Chacabuco) entre las 11 y las 11.45 para aportar sus datos. Tras concretar el planteo en la Justicia federal (Piedras y Congreso), se congregarán en un acto de repudio a la liberación nuevamente en las puertas del TOF.
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