Por Álvaro José Aurane
22 Noviembre 2014
Allí, tras el amor, / es el recuerdo. / Como leer las líneas de la vida / en las manos de un muerto.
Memorial de Jonás I, de Walter Adet.
Las dos peores denuncias en contra de la abominación en que devino el Estado tucumano han sido expuestas. No son políticas ni judiciales, sino existenciales. Fueron formuladas por dos mujeres. Dos que ya no están.
La muerte de Florinda Leguizamón (fallecida el sábado y homenajeada durante toda la semana) les imputó a los tres poderes del Estado un cargo angustiante: los ancianos son superfluos para este régimen. Esa mujer dedicó su vida a la docencia, a defender los derechos de los educadores y a reivindicar para los jubilados el 82% móvil. A los 77 años ya no pudo más de dolencias e injusticias. Se fue sin lograr que a los abuelos les dieran el haber decente que les adeudan. No lo pidió durante años (marchaba en la plaza bajo el sol inclemente y la mirada del Gobierno impiadoso) para irse de vacaciones a Dubai a pasear en camello, sino para llegar a fin de mes sin lujos asiáticos.
Reclamaba lo que la Justicia sentenció en 1996: el Poder Ejecutivo debe pagar la movilidad y la porcentualidad a los jubilados transferidos, cosa que este Gobierno ya no hizo en 2006, cuando dejó de actualizar, de manera regular, la mensualidad de nuestros viejos. Más aún: Florinda Leguizamón reclamaba lo que le había prometido el gobernador cada vez que se acercaban las elecciones. Porque en 2005, 2007, 2009 y 2013 hubo compromisos (y decretos) de que a los jubilados les reconocerían el beneficio previsional, pero después venía una aplicación limitada, y todo quedaba en nada.
El 82% móvil y el retorno del tren de pasajeros entre Tucumán y Tafí Viejo (hizo sólo un viaje de ida en 2009, 10 días antes de los comicios de diputados, con José Alperovich a bordo y Cristina Fernández por teleconferencia) son las dos mentiras más viles con que se entusiasmó a miles de tucumanos durante la década embustera. El Estado no debería mentir.
Precisamente, fue el Estado y no solamente la Casa de Gobierno. Por supuesto que el Ejecutivo se jubiló engañando a los jubilados, pero sólo porque se lo permitieron los que debieron impedírselo. Actualizada a abril pasado, los ocho años de deuda que reclaman los “Jubilados de la Plaza” totaliza $ 507 millones. O sea, apenas el 1,5% del Presupuesto Provincial 2015, que todavía no se votó en el recinto. Léase: no les dan a los jubilados lo que les corresponde porque no quieren.
Sólo en la Secretaría General de la Gobernación, para otorgar subsidios en el año electoral, se previeron $ 105 millones, equivalentes al 21% de la deuda con los pasivos que se arrastra desde 2006. Cuando la Legislatura trate el plan de gastos, ¿qué hará el oficialismo, que suma 42 de los 49 legisladores, respecto del 82% móvil? ¿La lealtad será con el pueblo o con el dueño de las manos eternamente levantadas? Juan Domingo Perón otorgó una jubilación digna a 2 millones de argentinos en la primera mitad de la década del 40, cuando el país tenía 19 millones de habitantes; y cuando él no era Presidente sino, tan sólo, secretario de Trabajo y Previsión. Si los que manejan los millonarios “gastos sociales” en nombre de “ayudar a la gente” van a seguir obligando a los adultos mayores a optar entre comer o pagarse los remedios, deberían revisar documentos históricos. Como el de Eva Duarte, proclamando: “Le tengo más miedo a la oligarquía que pueda estar dentro de nosotros que a esa que vencimos el 17 de Octubre”. No hay que parecer peronista, sino serlo.
El cuero
Trabajar y aportar toda la vida para que el Estado no pague lo que debe es ser víctima de un robo. Sin embargo, el alperovichismo y su Responsabilidad Social Limitada no alcanzan hasta ahí. Sólo hay solidaridad proclamada con las víctimas de motoarrebatadores. “Hay que estar en el cuero de cuando a uno le roban. No sé cómo reaccionaría uno, si me pasara”, aseguró el gobernador, a propósito de los linchamientos, fuera de lugar y fuera de tiempo. Lo primero, porque él no está para justificar la justicia por mano propia, sino todo lo contrario. Lo segundo porque, si en realidad estaba tratando de mostrarse empático, llega once años tarde. Por un lado, los asaltados son víctimas de un Gobierno que fracasó sin pausa en materia de seguridad ciudadana. Por otro, los delincuentes juveniles de hoy eran niños cuando esta gestión llegó prometiendo redistribución de la riqueza.
Por cierto, en 2013, cuando le dio una suba salarial del 35% a la Policía acuartelada (aumento que el Ejecutivo hubiera podido anular por haber sido concedido durante la sedición de una fuerza armada), no pareció ponerse en el cuero de los ciudadanos saqueados en banda. Ni con las decenas de muertos que enlutaron las calles del Estado Fracaso, mientras la Presidenta bailaba en Plaza de Mayo.
Justamente, más trascendente que la frase para el olvido del mandatario es todo cuanto olvida la palabra pública. ¿No habría que ponerse en el cuero del padre de una joven madre abusada, mutilada, asesinada y tirada en un descampado? Paulina Lebbos es la segunda denunciante del atroz Estado tucumano. Tanta impunidad en su contra requiere el concurso de todos los poderes públicos.
La corporación
Ocho aniversarios de negación de justicia cumplió la pesquisa judicial, que reactivó Diego López Ávila. El primer fiscal fue Alejandro Noguera, apartado de la causa luego de que LA GACETA lo retratara saliendo de la casa del gobernador. Más tarde lo ascendieron. Después vino Carlos Albaca, que tras siete años sólo dejó una prueba clave arruinada y ningún acusado. Se jubiló con el 82% móvil, gracias a la armoniosa coordinación de acciones y de omisiones estatales.
La Corte Suprema jamás pidió la remoción del fiscal, a pesar del diluvio de irregularidades determinadas en la auditoría realizada por la fiscala de Cámara Marta Jerez de Rivadeneira. Según ese expediente, el ex funcionario judicial actuó con negligencia, indolencia y ligereza. Pese a ello, los jueces supremos no solicitaron el juicio político por “falta de cumplimiento de las funciones a su cargo”, como sí hicieron en 2009 con la entonces fiscala de Concepción, Eva Frías de Ruiz. Tan grave es lo hecho (y lo dejado de hacer) por Albaca que otra fiscala de Cámara, Juana Prieto de Sólimo, lo imputó esta semana por su desempeño en la instrucción del caso Lebbos.
Gracias a que el superior tribunal no pidió que lo echaran, el ex fiscal pudo retirarse con el 82% móvil. Las autoridades deben haberse puesto en el cuero de lo que sería vivir con la jubilación ordinaria, pero -como ocurre con las sentencias- la “comprensión” fue individual. Si Florinda Leguizamón, en lugar de luchadora por los derechos de todos, hubiera pertenecido a la corporación judicial, podría haber hecho casi cualquier cosa y gozar de una renta jubilatoria anual de $ 600.000.
La Casa de Gobierno también fue fundamental para el acomodado retiro del ex fiscal. Hablamos del mismo Ejecutivo que rechazó las renuncias previas a la jubilación de dos camaristas de trayectoria impecable, perseguidos por absolver a los acusados de secuestrar a Marita Verón luego de que, gracias a la tarea de la Policía, no hallaran pruebas condenatorias. Pero con Albaca procedió distinto. Cuando el fiscal (ese que había informado por escrito a la Corte que manejaba la hipótesis de los “hijos del poder” en el crimen de Paulina Lebbos) presentó su dimisión, le fue aceptada sin demora. A pesar de que él ni siquiera había imputado a alguien y (sobre todo) de que no estaba en condiciones de jubilarse. Lo cual desemboca en la mayor vergüenza pública de esta Legislatura.
En el Poder Legislativo, la UCR y el PRO pidieron destituir a Albaca, pero la comisión de Juicio Político, con la solitaria oposición de FR, rechazó sendos planteos porque el ex fiscal había presentado una renuncia condicionada a su jubilación. Una aberración, porque si no lograba jubilarse por falta de años de aportes, seguiría siendo fiscal y estaría libre del proceso destituyente. Eso mismo pasó. Entonces el PRO insistió con su planteo, pero Albaca ya había ganado el tiempo que necesitaba: el funcionariado de La Cámpora, tan afecto a las abluciones de derechos humanos, encontró el camino en la Anses (esa agencia de colocación de electrodomésticos, con plata de los pobres abuelos) y lo jubiló.
La decadencia
Tampoco hay justicia para Paulina en esta tierra de hombres que no aman a las mujeres. Lo que ella y Florinda Leguizamón denuncian, desde finales distintos pero no felices, es que para este Estado las causas justas nada valen. No importa que se tenga toda la vida por delante. Ni toda una vida digna por detrás. Ellas testimonian la decadencia estatal, porque ese decadentismo empieza por derruir instituciones colectivas e inexorablemente sigue por arruinar vidas individuales.
Aquí, tras los hombres que no amaban la calidad democrática, es el proceso deconstituyente. No se trata, simplemente, de que les estorben los límites que impone la Constitución y por eso se empeñen en prevaricarla. Se trata, en realidad, de que repudian el sistema constitucional en sí mismo, es decir, el mecanismo de contrapesos diseñado para que nadie detente la suma del poder público, en beneficio propio y en desmedro de cualquiera.
Aquí, tras los hombres que no amaban el sistema republicano, es la monarquía del clientelismo. La república no sólo es división de poderes sino primero, y fundamentalmente, un mecanismo de gobierno donde ningún hombre tiene más poder que el que la ley le confiere, sin importar cuántos votos reúna.
Aquí, tras la historia grande de esta patria chica que prometía un futuro enorme, es el recuerdo. Como leer las líneas de la vida en las manos de Florinda y Paulina.
Memorial de Jonás I, de Walter Adet.
Las dos peores denuncias en contra de la abominación en que devino el Estado tucumano han sido expuestas. No son políticas ni judiciales, sino existenciales. Fueron formuladas por dos mujeres. Dos que ya no están.
La muerte de Florinda Leguizamón (fallecida el sábado y homenajeada durante toda la semana) les imputó a los tres poderes del Estado un cargo angustiante: los ancianos son superfluos para este régimen. Esa mujer dedicó su vida a la docencia, a defender los derechos de los educadores y a reivindicar para los jubilados el 82% móvil. A los 77 años ya no pudo más de dolencias e injusticias. Se fue sin lograr que a los abuelos les dieran el haber decente que les adeudan. No lo pidió durante años (marchaba en la plaza bajo el sol inclemente y la mirada del Gobierno impiadoso) para irse de vacaciones a Dubai a pasear en camello, sino para llegar a fin de mes sin lujos asiáticos.
Reclamaba lo que la Justicia sentenció en 1996: el Poder Ejecutivo debe pagar la movilidad y la porcentualidad a los jubilados transferidos, cosa que este Gobierno ya no hizo en 2006, cuando dejó de actualizar, de manera regular, la mensualidad de nuestros viejos. Más aún: Florinda Leguizamón reclamaba lo que le había prometido el gobernador cada vez que se acercaban las elecciones. Porque en 2005, 2007, 2009 y 2013 hubo compromisos (y decretos) de que a los jubilados les reconocerían el beneficio previsional, pero después venía una aplicación limitada, y todo quedaba en nada.
El 82% móvil y el retorno del tren de pasajeros entre Tucumán y Tafí Viejo (hizo sólo un viaje de ida en 2009, 10 días antes de los comicios de diputados, con José Alperovich a bordo y Cristina Fernández por teleconferencia) son las dos mentiras más viles con que se entusiasmó a miles de tucumanos durante la década embustera. El Estado no debería mentir.
Precisamente, fue el Estado y no solamente la Casa de Gobierno. Por supuesto que el Ejecutivo se jubiló engañando a los jubilados, pero sólo porque se lo permitieron los que debieron impedírselo. Actualizada a abril pasado, los ocho años de deuda que reclaman los “Jubilados de la Plaza” totaliza $ 507 millones. O sea, apenas el 1,5% del Presupuesto Provincial 2015, que todavía no se votó en el recinto. Léase: no les dan a los jubilados lo que les corresponde porque no quieren.
Sólo en la Secretaría General de la Gobernación, para otorgar subsidios en el año electoral, se previeron $ 105 millones, equivalentes al 21% de la deuda con los pasivos que se arrastra desde 2006. Cuando la Legislatura trate el plan de gastos, ¿qué hará el oficialismo, que suma 42 de los 49 legisladores, respecto del 82% móvil? ¿La lealtad será con el pueblo o con el dueño de las manos eternamente levantadas? Juan Domingo Perón otorgó una jubilación digna a 2 millones de argentinos en la primera mitad de la década del 40, cuando el país tenía 19 millones de habitantes; y cuando él no era Presidente sino, tan sólo, secretario de Trabajo y Previsión. Si los que manejan los millonarios “gastos sociales” en nombre de “ayudar a la gente” van a seguir obligando a los adultos mayores a optar entre comer o pagarse los remedios, deberían revisar documentos históricos. Como el de Eva Duarte, proclamando: “Le tengo más miedo a la oligarquía que pueda estar dentro de nosotros que a esa que vencimos el 17 de Octubre”. No hay que parecer peronista, sino serlo.
El cuero
Trabajar y aportar toda la vida para que el Estado no pague lo que debe es ser víctima de un robo. Sin embargo, el alperovichismo y su Responsabilidad Social Limitada no alcanzan hasta ahí. Sólo hay solidaridad proclamada con las víctimas de motoarrebatadores. “Hay que estar en el cuero de cuando a uno le roban. No sé cómo reaccionaría uno, si me pasara”, aseguró el gobernador, a propósito de los linchamientos, fuera de lugar y fuera de tiempo. Lo primero, porque él no está para justificar la justicia por mano propia, sino todo lo contrario. Lo segundo porque, si en realidad estaba tratando de mostrarse empático, llega once años tarde. Por un lado, los asaltados son víctimas de un Gobierno que fracasó sin pausa en materia de seguridad ciudadana. Por otro, los delincuentes juveniles de hoy eran niños cuando esta gestión llegó prometiendo redistribución de la riqueza.
Por cierto, en 2013, cuando le dio una suba salarial del 35% a la Policía acuartelada (aumento que el Ejecutivo hubiera podido anular por haber sido concedido durante la sedición de una fuerza armada), no pareció ponerse en el cuero de los ciudadanos saqueados en banda. Ni con las decenas de muertos que enlutaron las calles del Estado Fracaso, mientras la Presidenta bailaba en Plaza de Mayo.
Justamente, más trascendente que la frase para el olvido del mandatario es todo cuanto olvida la palabra pública. ¿No habría que ponerse en el cuero del padre de una joven madre abusada, mutilada, asesinada y tirada en un descampado? Paulina Lebbos es la segunda denunciante del atroz Estado tucumano. Tanta impunidad en su contra requiere el concurso de todos los poderes públicos.
La corporación
Ocho aniversarios de negación de justicia cumplió la pesquisa judicial, que reactivó Diego López Ávila. El primer fiscal fue Alejandro Noguera, apartado de la causa luego de que LA GACETA lo retratara saliendo de la casa del gobernador. Más tarde lo ascendieron. Después vino Carlos Albaca, que tras siete años sólo dejó una prueba clave arruinada y ningún acusado. Se jubiló con el 82% móvil, gracias a la armoniosa coordinación de acciones y de omisiones estatales.
La Corte Suprema jamás pidió la remoción del fiscal, a pesar del diluvio de irregularidades determinadas en la auditoría realizada por la fiscala de Cámara Marta Jerez de Rivadeneira. Según ese expediente, el ex funcionario judicial actuó con negligencia, indolencia y ligereza. Pese a ello, los jueces supremos no solicitaron el juicio político por “falta de cumplimiento de las funciones a su cargo”, como sí hicieron en 2009 con la entonces fiscala de Concepción, Eva Frías de Ruiz. Tan grave es lo hecho (y lo dejado de hacer) por Albaca que otra fiscala de Cámara, Juana Prieto de Sólimo, lo imputó esta semana por su desempeño en la instrucción del caso Lebbos.
Gracias a que el superior tribunal no pidió que lo echaran, el ex fiscal pudo retirarse con el 82% móvil. Las autoridades deben haberse puesto en el cuero de lo que sería vivir con la jubilación ordinaria, pero -como ocurre con las sentencias- la “comprensión” fue individual. Si Florinda Leguizamón, en lugar de luchadora por los derechos de todos, hubiera pertenecido a la corporación judicial, podría haber hecho casi cualquier cosa y gozar de una renta jubilatoria anual de $ 600.000.
La Casa de Gobierno también fue fundamental para el acomodado retiro del ex fiscal. Hablamos del mismo Ejecutivo que rechazó las renuncias previas a la jubilación de dos camaristas de trayectoria impecable, perseguidos por absolver a los acusados de secuestrar a Marita Verón luego de que, gracias a la tarea de la Policía, no hallaran pruebas condenatorias. Pero con Albaca procedió distinto. Cuando el fiscal (ese que había informado por escrito a la Corte que manejaba la hipótesis de los “hijos del poder” en el crimen de Paulina Lebbos) presentó su dimisión, le fue aceptada sin demora. A pesar de que él ni siquiera había imputado a alguien y (sobre todo) de que no estaba en condiciones de jubilarse. Lo cual desemboca en la mayor vergüenza pública de esta Legislatura.
En el Poder Legislativo, la UCR y el PRO pidieron destituir a Albaca, pero la comisión de Juicio Político, con la solitaria oposición de FR, rechazó sendos planteos porque el ex fiscal había presentado una renuncia condicionada a su jubilación. Una aberración, porque si no lograba jubilarse por falta de años de aportes, seguiría siendo fiscal y estaría libre del proceso destituyente. Eso mismo pasó. Entonces el PRO insistió con su planteo, pero Albaca ya había ganado el tiempo que necesitaba: el funcionariado de La Cámpora, tan afecto a las abluciones de derechos humanos, encontró el camino en la Anses (esa agencia de colocación de electrodomésticos, con plata de los pobres abuelos) y lo jubiló.
La decadencia
Tampoco hay justicia para Paulina en esta tierra de hombres que no aman a las mujeres. Lo que ella y Florinda Leguizamón denuncian, desde finales distintos pero no felices, es que para este Estado las causas justas nada valen. No importa que se tenga toda la vida por delante. Ni toda una vida digna por detrás. Ellas testimonian la decadencia estatal, porque ese decadentismo empieza por derruir instituciones colectivas e inexorablemente sigue por arruinar vidas individuales.
Aquí, tras los hombres que no amaban la calidad democrática, es el proceso deconstituyente. No se trata, simplemente, de que les estorben los límites que impone la Constitución y por eso se empeñen en prevaricarla. Se trata, en realidad, de que repudian el sistema constitucional en sí mismo, es decir, el mecanismo de contrapesos diseñado para que nadie detente la suma del poder público, en beneficio propio y en desmedro de cualquiera.
Aquí, tras los hombres que no amaban el sistema republicano, es la monarquía del clientelismo. La república no sólo es división de poderes sino primero, y fundamentalmente, un mecanismo de gobierno donde ningún hombre tiene más poder que el que la ley le confiere, sin importar cuántos votos reúna.
Aquí, tras la historia grande de esta patria chica que prometía un futuro enorme, es el recuerdo. Como leer las líneas de la vida en las manos de Florinda y Paulina.
Lo más popular
