Reforma procesal penal: los técnicos dan un pas al costado para que empiece la fase política

El punto de partida para una modernización del sistema procesal penal existe y fue presentada oficialmente el martes pasado en la Legislatura. La materialización del cambio propuesto es harina de otro costal: precisamente, serán los vientos políticos que mueven o paralizan los molinos institucionales los que decidan la suerte del documento elaborado por un subgrupo de técnicos de la comisión especial. Ese comité sabe de fracasos puesto que su nacimiento (el 4 de julio de 2013) justamente obedeció al aborto del plan piloto que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) había diseñado para modificar la investigación penal preparatoria.

Un año, cuatro meses y siete días después, Marcelo Caponio, secretario de Gobierno y legislador con licencia, aprovechó la presentación de la primera versión del anteproyecto para despedirse de la comisión que integran representantes de los poderes del Estado y de la abogacía. A diferencia de los encuentros anteriores, el martes hubo una mayoría de miembros del Poder Legislativo (Guillermo Gassenbauer, Ramiro González Navarro, Regino Racedo, Ariel García y Gerónimo Vargas Aignasse) porque faltaron todos los integrantes del Ministerio Público -incluso el fiscal Edgardo Sánchez, que participó activamente en la redacción del borrador-, y porque fue escasa la presencia de representantes del Poder Ejecutivo y de la abogacía.

“Queremos que la Justicia llegue rápido y eficazmente, y terminar con la famosa ‘puerta giratoria’ donde el delincuente entra por una puerta y sale por la otra. Esto en modo alguno implica desconocer garantías constitucionales: tenemos una base cierta para seguir adelante”, dijo Caponio y propuso como reemplazante a González Navarro, su ex compañero del bloque alperovichista. Nadie se opuso a la moción y, después de unas palabras de agradecimiento del nuevo titular, la reunión prosiguió con la presentación del documento.

La oradora del equipo técnico fue Ana Lía Castillo de Ayusa, ex camarista penal (renunció para jubilarse) y procesalista experta. La académica dijo que el código de 1991 se había contentado con poner la investigación en cabeza del fiscal y que se imponía profundizar el modelo (acusatorio) adoptado entonces. “No transitar por una reforma nos ha llevado a carecer del proceso rápido que, no sin razón, demanda la ciudadanía”, explicó. La ex jueza comentó que la corriente reformista actual propugna la oralización y la publicidad de la investigación penal preparatoria; el replanteo del sistema de nulidades que demora el proceso; la participación más activa de la víctima del delito, y la creación de una oficina de gestión y administración que libere al juez de las tareas que le impiden ocuparse por completo de resolver los conflictos. “Nuestro anteproyecto enfatiza estos aspectos”, precisó.

Entre las novedades relevantes que enumeró la ponente está la obligación de celebrar audiencias durante la investigación de los hechos. “Hoy bien sabemos que el imputado no conoce al fiscal que le solicita la prisión preventiva ni mucho menos conoce al juez que se la concede ni sabe por cuánto tiempo va a estar privado de la libertad: todo esto termina con la audiencia”, dijo. El borrador restringe asimismo los alcances de la prisión preventiva (reduce a la mitad el máximo de dos años previsto en el código actual y aumenta los requerimientos para su aplicación). “Tucumán tiene que estar a la altura de este tiempo”, dijo Castillo de Ayusa, que se puso a disposición para discutir y despejar dudas. González Navarro dijo que había que leer el borrador y recibir la opinión de las autoridades del Estado. “Iniciamos un período de diálogo fecundo”, anunció. La política establecerá los límites y posibilidades de esa conversación.

MÁS NOVEDADES

Alternativas al juicio.- El borrador del anteproyecto de reforma del Código Procesal Penal de Tucumán regula una variedad de salidas diferentes al juicio oral, como la conciliación, la mediación, el principio de insignificancia, etcétera.

Principio de oportunidad.-El documento presentado a la comisión elimina la obligación de investigar todas las denuncias, como dispone el principio de legalidad en vigor. Sin embargo, el criterio de selección de las pesquisas quedará establecido por la ley (será reglado) y la decisión que al respecto tome el fiscal será controlada por la autoridad judicial.

Los plazos.- El borrador prescribe que los términos son perentorios (obligatorios) para todas las partes. Ello quiere decir que elimina la idea de que los magistrados pueden transgredir los plazos previstos en el código. Además, introduce nuevos mecanismos de control y de caducidad, y propone consecuencias para el caso de silencio de los jueces.

La víctima.- El documento que generó la comisión especial (después de audiencias públicas y de un viaje de “reconocimiento” del funcionamiento del sistema en Santa Fe) ampara en forma amplia a la víctima del delito y le garantiza diferentes posibilidades de participación en el proceso.

Nulidades.- El borrador erradica la “industria de la nulidad” que voltea procesos por errores insustanciales al incorporar un principio de saneamiento que manda, en lo posible, completar o salvar el acto declarado nulo.

Apelación.- El texto desarma el sistema que concentra la revisión de la investigación penal preparatoria de toda la provincia en un tribunal de tres miembros (el camarista Eudoro Albo sustenta una opinión distinta sobre este aspecto). Además, regula un mecanismo para impugnar la sentencia que cumple con el requerimiento del “doble conforme” y subsana el vacío legal que expuso el caso “Verón”.