Quieren conocer quién está detrás de los cepos

La unión hace la fuerza. Así podría titularse el episodio que siete concejales de Yerba Buena protagonizaron ayer, cuando hicieron abrir el recinto de reuniones, entraron y reafirmaron su voluntad de conformar una comisión que investigue a Marm Group SRL, la empresa que coloca los cepos en esa ciudad, pese a que no habían sido convocados a ninguna sesión.

Los peronistas Antonio Pisano, Marcelo Albaca y Mauricio Marcoccia, el macrista Pedro Albornoz Piossek, el radical Mariano Campero y los representantes de un partido vecinal, Javier Jantus y Mateo Bauzá, debatieron sobre el desempeño de la firma que en noviembre de 2011 fue contratada por el intendente Daniel Toledo para que brinde el servicio de reordenamiento del tránsito.

En su mayoría, los ediles coincidieron en que quieren conocer a quién o quiénes pertenece el capital accionario de la sociedad. “No sabemos quiénes son los dueños de Marm Group. Eso es gravísimo, porque se trata de una concesionaria del Estado municipal”, expresó el massista Marcoccia. Calificó de preocupante que los empleados de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Vía Pública de la Municipalidad trabajen para esa empresa. “¿Cómo es posible que agentes municipales brinden servicios a una compañía privada? ¿Dónde está el convenio que los habilita?”, preguntó.

También Campero se pronunció en esa línea, puesto que resaltó -a su juicio- que nadie controla el accionar de Marm Group, pese a que ha habido reclamos de particulares y denuncias ante organismos fiscales y judiciales. “Este cuerpo jamás ha visto una rendición de cuentas”, objetó. Asimismo, destacó que la Dirección de Tránsito -que es el organismo que debe verificar la colocación de los trabarruedas- carece de director, puesto que ningún funcionario ocupa ese cargo.

Albornoz Piossek dijo que nunca pudo obtener información sobre quién es el “dueño real de la empresa”. De hecho, desde hace un año, en la Justicia se tramita una denuncia suya contra Marm Group, caratulada bajo el delito de asociación ilícita. La causa está a cargo del fiscal de la X° Nominación, Guillermo Herrera, y en este tiempo no ha habido novedades.

En un velorio

El martes, los ediles le habían pedido al presidente del cuerpo, el toledista Antonio Caferro, que los convocara a sesión especial, para tratar temas “graves”. Entre ellos, enumeraron el hecho de violencia sufrido por Albornoz Pioosek, quien la semana pasada denunció que un abogado de la Municipalidad, César Roque Paliza (h), lo agredió en la puerta de su casa, por haberlo señalado como “supuesto testaferro” de Marm Group. El letrado negó las acusaciones.

Otro tema que pidieron tratar es la creación de la comisión investigadora de Marm Group. Aunque la citación no se produjo, ellos se reunieron. Por eso, las bancas de Caferro y de los oficialistas Luciano Villegas y Rolando Canseco estuvieron vacías. Consultado al respecto, Villegas dijo que el reglamento fija que se puede solicitar una sesión especial con las firmas de cinco concejales, al menos. En ese caso, queda a criterio del presidente citar al cónclave o no. “No hubo convocatoria porque los oficialistas nos encontrábamos junto al intendente, en el velorio de un hermano del legislador Sisto Terán Nougués”, precisó.

En el contrato que en 2011 firmaron la Municipalidad y Marm Group, la empresa estaba representada por una mujer, Luciana Carolina Scarpellini, en su carácter de socia gerenta. Sin embargo, en la integración societaria, figuraban Roger Vittorio Manfredi, Félix Facundo Antuña, Luis Enrique Marcoccia y Oscar Rubio. Estas personas declararon a LA GACETA que no tenían nada que ver con Marm Group, y que habían cedido el capital accionario.

En junio de este año, un hombre que se indentificó como Eduardo Pando dijo que la compañía había sido vendida en noviembre de 2013, y que él había sido contratado por los nuevos dueños, un par de ingenieros cuyos nombres “no conocía”. El Concejo Deliberante no fue notificado de dicha operación.