08 Octubre 2014
En un movimiento político inusual en el Concejo Deliberante de Yerba Buena, siete concejales se pusieron de acuerdo. Ayer, presentaron un pedido de llamamiento a sesión especial para hoy, a las 11, con el objetivo de tratar tres temas a los que calificaron como “graves y urgentes”.
Los ediles quieren emitir un pronunciamiento conjunto sobre el episodio de violencia del que fue víctima un miembro de ese cuerpo, el macrista Pedro Albornoz Piossek. También pretenden que se conforme una comisión que investigue a Marm Group, la empresa que coloca los cepos en esa ciudad. Y por último, planean discutir la derogación del decreto 134, que establece que ningún concejal puede solicitar informes a un funcionario del municipio sin la autorización previa del cuerpo.
“Este pedido se fundamenta en la situación de extrema gravedad en la que se encuentra la Municipalidad, con motivo de las acciones llevadas a cabo por Marm Group, cuyo proceder ha generado innumerables reclamos de particulares, denuncias ante organismos fiscales y administrativos. Además, un miembro de este cuerpo ha sido atacado con motivo del ejercicio de sus funciones”, se lee en la nota que los ediles le presentaron al presidente del Concejo, el oficialista Antonio Caferro.
El texto lleva las firmas de Albornoz Piossek, del radical Mariano Campero, de los peronistas Marcelo Albaca, Antonio Pisano y Mauricio Marcoccia y de Javier Jantus y Mateo Bauzá, de un partido vecinal.
El martes de la semana pasada, Albornoz Piossek había denunciado en la comisaría de Marcos Paz que un abogado de la Municipalidad, César Paliza (h), lo interceptó en la puerta de su casa, lo golpeó y lo insultó por haberlo involucrado con los trabarruedas.
Paliza, por su parte, le envió una carta documento al edil, conminándolo a que ratifique o rectifique sus comentarios, efectuados en la red social Facebook, donde Albornoz Piossek lo había señalado como supuesto “testaferro” de la firma.
Al respecto, el juez Francisco Pisa, del Juzgado de Instrucción de la primera Nominación, emitió en las últimas horas una orden de restricción de acercamiento de Paliza hacia Albornoz Piossek y su familia. Según la orden judicial, el abogado no puede acercarse a menos de 100 metros del domicilio del político y de los lugares que frecuentan él, su mujer y sus hijos.
Por último, se le indica a Paliza que “deberá abstenerse de realizar cualquier acto de perturbación o intimidación, directa o indirecta”.
Los ediles quieren emitir un pronunciamiento conjunto sobre el episodio de violencia del que fue víctima un miembro de ese cuerpo, el macrista Pedro Albornoz Piossek. También pretenden que se conforme una comisión que investigue a Marm Group, la empresa que coloca los cepos en esa ciudad. Y por último, planean discutir la derogación del decreto 134, que establece que ningún concejal puede solicitar informes a un funcionario del municipio sin la autorización previa del cuerpo.
“Este pedido se fundamenta en la situación de extrema gravedad en la que se encuentra la Municipalidad, con motivo de las acciones llevadas a cabo por Marm Group, cuyo proceder ha generado innumerables reclamos de particulares, denuncias ante organismos fiscales y administrativos. Además, un miembro de este cuerpo ha sido atacado con motivo del ejercicio de sus funciones”, se lee en la nota que los ediles le presentaron al presidente del Concejo, el oficialista Antonio Caferro.
El texto lleva las firmas de Albornoz Piossek, del radical Mariano Campero, de los peronistas Marcelo Albaca, Antonio Pisano y Mauricio Marcoccia y de Javier Jantus y Mateo Bauzá, de un partido vecinal.
El martes de la semana pasada, Albornoz Piossek había denunciado en la comisaría de Marcos Paz que un abogado de la Municipalidad, César Paliza (h), lo interceptó en la puerta de su casa, lo golpeó y lo insultó por haberlo involucrado con los trabarruedas.
Paliza, por su parte, le envió una carta documento al edil, conminándolo a que ratifique o rectifique sus comentarios, efectuados en la red social Facebook, donde Albornoz Piossek lo había señalado como supuesto “testaferro” de la firma.
Al respecto, el juez Francisco Pisa, del Juzgado de Instrucción de la primera Nominación, emitió en las últimas horas una orden de restricción de acercamiento de Paliza hacia Albornoz Piossek y su familia. Según la orden judicial, el abogado no puede acercarse a menos de 100 metros del domicilio del político y de los lugares que frecuentan él, su mujer y sus hijos.
Por último, se le indica a Paliza que “deberá abstenerse de realizar cualquier acto de perturbación o intimidación, directa o indirecta”.
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