Por Álvaro José Aurane
04 Octubre 2014
“Damiens fue condenado, el 2 de marzo de 1757, a ‘pública retractación ante la puerta principal de la Iglesia de París’ (...); después, ‘a la plaza de Grève, y sobre un cadalso (deberán serle) atenaceadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, y su mano derecha, asido en esta el cuchillo con que cometió parricidio, quemada con fuego de azufre, y sobre las partes atenaceadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez resina ardiente, cera y azufre fundidos, y a continuación, su cuerpo estirado y desmembrado por cuatro caballos y sus miembros y tronco consumidos en el fuego, reducidos a cenizas y sus cenizas arrojadas al viento”.
El espantoso procedimiento, descripto por la Gazzette d’Amsterdam, se llevó a cabo. Su ejecución, narrada por Michel Focuault en Vigilar y castigar, es sobrecogedora. Así debe serlo, advertirá el filósofo francés, porque el suplicio forma parte de un ritual. Es elemento de una liturgia punitiva. Busca, por un lado, marcar a la víctima, ya sea por las cicatrices o por la resonancia de la tortura, la cual tiene que quedar grabada en la memoria de los hombres, que deben conservar el recuerdo del sufrimiento. Por otro, el que impone el castigo aspira a que el suplicio sea estruendoso. “Debe ser comprobado por todos, en cierto modo, como su triunfo”.
Foucault redimensiona el tormento, que para la autoridad no es barbarie. “El suplicio penal no cubre cualquier castigo corporal: es una producción diferenciada de sufrimientos, un ritual organizado para la marcación de las víctimas y la manifestación del poder que castiga, y no la exasperación de una justicia que, olvidándose de sus principios, pierde toda moderación. En los ‘excesos’ de los suplicios se manifiesta toda una economía del poder”.
No hace falta vejar a miles para que todos sepan de lo que es capaz el Estado: con una sola víctima, cada tanto, alcanza. Por eso un grupo de policías de la Provincia no sólo se abocó a torturar a un tucumano, al que golpeaban y humillaban. Además, lo grabaron para que cuando el aberrante delito se conociera, quedara en la memoria de todos. Y no se trata sólo de que quien realiza un registro de lo prohibido lo hace, consciente o inconscientemente, para que el hecho sea conocido. En este caso, filmaron el tormento y lo compartieron por WhatsApp. El mensaje es obvio pero no por ello menos pedagógico: esta es la Policía de Tucumán.
Prontuario institucional
Esta es la Policía que intervino en el caso de la desaparición de María de los Ángeles Verón. E intervino en todos los sentidos de la expresión, según lo denunció la Nación cuando Néstor Kirchner era Presidente y Luis Eduardo Duhalde era secretario de Derechos Humanos.
“En el mejor de los casos, si la policía provincial nada tiene que ver con el secuestro y la desaparición de Marita y las niñas y mujeres sometidas a explotación sexual en Tucumán, resulta inapropiado requerirles una investigación sobre hechos y actores que no les resultan ajenos; no se trata de hechos aislados sino sistemáticamente cometidos”, advirtió en 2006 el entonces coordinador del Programa Nacional Anti Impunidad, Luis Alberto Bordón. Así figura en la Causa: Verón María de los Ángeles (Marita) s/ actuaciones complementarias por paradero. La Nación explícitaba “la sugerencia de la intervención de recursos nacionales (la Gendarmería) ajenos a la problemática de origen y con independencia de criterio”.
De lo contrario, Marita no aparecería. Y no sólo porque en 2006 ya se contaban cuatro años de una investigación sin frutos, sino porque no puede soslayarse que en el denominado segundo secuestro de Marita existen testimonios suficientes como para separar -al menos- de la investigación del paradero a la Policía Provincial. Lo del “segundo secuestro” alude a cuando la hija de Susana Trimarco habría sido hallada por agentes de la ley en La Ramada y llevada no a una comisaría ni mucho menos a su casa, sino a la Terminal de Ómnibus, luego de lo cual seguirá desaparecida.
A partir de esa advertencia de que con las fuerzas locales al mando nada se sabría nunca de la joven madre tucumana, ¿qué cambios hubo? Ninguno. La fuerza de seguridad se encargó de estropear tanto la instrucción de la causa, que la Sala II de la Cámara Penal no encontró elementos para condenar a los 13 imputados del crimen. Pero, claro, la culpa era toda de los magistrados y cuando el alperovichismo los linchaba públicamente ni mención hacía de los uniformados “auxiliares de la Justicia”. Porque esta es la Policía de Tucumán.
Esta es la Policía que actuó en el asesinato de Paulina Lebbos. La que lavó el cuerpo de la joven madre y estudiante tucumana para borrar pruebas. La que destruyó las fotos del lugar donde fue hallada. La que luego adulteró ese lugar. La que falsificó las actas vinculadas al hallazgo de lo que había sido la humanidad de la hija de Alberto Lebbos. La que apretó a los baqueanos que dieron con el cadáver para que falsearan el testimonio. La que facilitó las cosas para que durante ocho años fuera malogrado el esclarecimiento de ese crimen que estremeció al poder (y a sus hijos, según una hipótesis judicial), por parte de funcionarios judiciales que resultaron ascendidos o jubilados con el 82% móvil... Sólo hay dos detenidos por ese encubrimiento agravado: un comisario y un agente. Un tercer policía recibió una pena de ejecución condicional. Nada más. Nadie más. Porque esta es la Policía de Tucumán.
Esta es la Policía que maneja millones por los Servicios Adicionales, dineros que según el Tribunal de Cuentas, no forman parte del Presupuesto provincial ni están depositados en el Banco del Tucumán, agente financiero oficial de la Provincia. Pero el alperovichismo no reacciona, porque esta es la Policía de Tucumán.
Esta es la policía que hace 10 meses se acuarteló e hizo de Tucumán un Estado Fracasado, sin ley en el territorio. La Presidenta no le pidió a los argentinos que miraran al Norte el 10 de diciembre: mientras bailaba en Plaza de Mayo, había tucumanos muertos en estas calles. Por docenas. Y bandas armadas sembrando saqueos. Y vecinos atrincherados. El alperovichismo nunca dio la cara en esas jornadas horrendas. Cuando volvieron a trabajar, los policías se apostaron en Casa de Gobierno y reprimieron con palos y balas de goma a los tucumanos que protestaron contra la indefensión. Al final, no hubo purga ni reforma. El saldo institucional fue una hemorragia de ciudadanía, apenas una veintena de agentes denunciados y un aumento salarial del 35% para todas y todos los que porten arma reglamentaria, en recompensa por el alzamiento armado más oprobioso y atentatorio de la democracia de la historia provincial. Porque esta es la Policía de Tucumán.
Esta es la Policía a la cual “se le escapa” un video (uno por el cual el mundo civilizado debería disculparse con los salvajes por llamarlos salvajes) de manera oportuna. Si en dos meses a esta Policía de Tucumán se le ocurre pedir, sólo por decir lo que andan diciendo, un 40% de recomposición salarial, ¿cuál será la respuesta?
Herencias y proyecciones
El suplicio como economía del poder, así, se proyecta en los más diversos niveles. Lo prueba el sinnúmero de mentiras a la vuelta del video. La primera versión “filtrada” por los uniformados consistía en que el torturado era un sujeto que había salido a una banquina a realizar tiros al aire con un rifle de aire comprimido, mientras disparaba insultos a los policías que pasaban por la ruta. ¿En serio? Un día después cambiaron el relato: el castigado había pasado a ser un ladrón que había entrado a un galpón a robar. ¿De verdad? La maniobra discursiva es absurda porque no habrá un sólo tucumano capaz de justificar el ultraje al que fue sometido ese ser humano, aunque sea un malviviente. Pero si resulta que hay comprovincianos que convalidan el abuso, lo de la Policía no es sólo hecho: también es síntoma. Y los costos morales de violar derechos humanos se diluyen por los financistas de la inhumanidad dispuestos a responder solidariamente por el horror.
Luego, si la Policía se siente avalada por parte de la población (de haberla, en Tucumán será una minoría insignificante, ¿verdad?), seguirá reventando tucumanos. Entonces, las clases medias y altas apelarán a todos los recursos posibles para no quedar a merced de esa Policía... Esa es la pedagogía del video: la única verdad de la filmación es que el torturado es pobre.
A esa lección de la economía del poder, por cierto, la Policía la ha aprendido. Los uniformados torturadores fueron privados de su libertad y sufrirán sanciones, pero sólo porque ellos son “pobres policías”. Por un lado, el funcionariado alperovichista sólo pone cara de estupor, como si no tuviera responsabilidad alguna en que Tucumán sea la vergüenza de la vergüenza. Todavía ningún alperovichista explicó por qué no ha sido reglamentada la Ley 8.523, que por esas casualidades crea la “Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”. Ese organismo, compuesto por miembros de los tres poderes y de la sociedad civil, no está creado, pese a que la norma fue sancionada nada menos que el 24 de marzo de 2012, cuando sesionaron simultáneamente los parlamentos de todo el país, a instancias del kirchnerismo.
Por otro lado, aquí no todos los denunciados de presuntos delitos de lesa humanidad tienen complicaciones. La denuncia senatorial presentada en la Justicia Federal de Tucumán para que se investigue la participación del jefe del Ejército, César Milani, en el Operativo Independencia (Caso Ledo) sólo mereció un veloz pedido de archivo del Ministerio Público Fiscal y un cerrado apoyo de gobiernos y de organismos de derechos humanos. Lo de escandalizarse contra uniformados presuntamente violadores de garantías básicas no es contra todos y todas.
La “década ganada”, por momentos, parece tener pozo vacante. La democracia pavimentadora, mientras tanto, deja como herencia una Policía asfaltadora de derechos humanos y una calidad institucional descuartizada y reducida a cenizas. Y sus cenizas esparcidas al viento.
El espantoso procedimiento, descripto por la Gazzette d’Amsterdam, se llevó a cabo. Su ejecución, narrada por Michel Focuault en Vigilar y castigar, es sobrecogedora. Así debe serlo, advertirá el filósofo francés, porque el suplicio forma parte de un ritual. Es elemento de una liturgia punitiva. Busca, por un lado, marcar a la víctima, ya sea por las cicatrices o por la resonancia de la tortura, la cual tiene que quedar grabada en la memoria de los hombres, que deben conservar el recuerdo del sufrimiento. Por otro, el que impone el castigo aspira a que el suplicio sea estruendoso. “Debe ser comprobado por todos, en cierto modo, como su triunfo”.
Foucault redimensiona el tormento, que para la autoridad no es barbarie. “El suplicio penal no cubre cualquier castigo corporal: es una producción diferenciada de sufrimientos, un ritual organizado para la marcación de las víctimas y la manifestación del poder que castiga, y no la exasperación de una justicia que, olvidándose de sus principios, pierde toda moderación. En los ‘excesos’ de los suplicios se manifiesta toda una economía del poder”.
No hace falta vejar a miles para que todos sepan de lo que es capaz el Estado: con una sola víctima, cada tanto, alcanza. Por eso un grupo de policías de la Provincia no sólo se abocó a torturar a un tucumano, al que golpeaban y humillaban. Además, lo grabaron para que cuando el aberrante delito se conociera, quedara en la memoria de todos. Y no se trata sólo de que quien realiza un registro de lo prohibido lo hace, consciente o inconscientemente, para que el hecho sea conocido. En este caso, filmaron el tormento y lo compartieron por WhatsApp. El mensaje es obvio pero no por ello menos pedagógico: esta es la Policía de Tucumán.
Prontuario institucional
Esta es la Policía que intervino en el caso de la desaparición de María de los Ángeles Verón. E intervino en todos los sentidos de la expresión, según lo denunció la Nación cuando Néstor Kirchner era Presidente y Luis Eduardo Duhalde era secretario de Derechos Humanos.
“En el mejor de los casos, si la policía provincial nada tiene que ver con el secuestro y la desaparición de Marita y las niñas y mujeres sometidas a explotación sexual en Tucumán, resulta inapropiado requerirles una investigación sobre hechos y actores que no les resultan ajenos; no se trata de hechos aislados sino sistemáticamente cometidos”, advirtió en 2006 el entonces coordinador del Programa Nacional Anti Impunidad, Luis Alberto Bordón. Así figura en la Causa: Verón María de los Ángeles (Marita) s/ actuaciones complementarias por paradero. La Nación explícitaba “la sugerencia de la intervención de recursos nacionales (la Gendarmería) ajenos a la problemática de origen y con independencia de criterio”.
De lo contrario, Marita no aparecería. Y no sólo porque en 2006 ya se contaban cuatro años de una investigación sin frutos, sino porque no puede soslayarse que en el denominado segundo secuestro de Marita existen testimonios suficientes como para separar -al menos- de la investigación del paradero a la Policía Provincial. Lo del “segundo secuestro” alude a cuando la hija de Susana Trimarco habría sido hallada por agentes de la ley en La Ramada y llevada no a una comisaría ni mucho menos a su casa, sino a la Terminal de Ómnibus, luego de lo cual seguirá desaparecida.
A partir de esa advertencia de que con las fuerzas locales al mando nada se sabría nunca de la joven madre tucumana, ¿qué cambios hubo? Ninguno. La fuerza de seguridad se encargó de estropear tanto la instrucción de la causa, que la Sala II de la Cámara Penal no encontró elementos para condenar a los 13 imputados del crimen. Pero, claro, la culpa era toda de los magistrados y cuando el alperovichismo los linchaba públicamente ni mención hacía de los uniformados “auxiliares de la Justicia”. Porque esta es la Policía de Tucumán.
Esta es la Policía que actuó en el asesinato de Paulina Lebbos. La que lavó el cuerpo de la joven madre y estudiante tucumana para borrar pruebas. La que destruyó las fotos del lugar donde fue hallada. La que luego adulteró ese lugar. La que falsificó las actas vinculadas al hallazgo de lo que había sido la humanidad de la hija de Alberto Lebbos. La que apretó a los baqueanos que dieron con el cadáver para que falsearan el testimonio. La que facilitó las cosas para que durante ocho años fuera malogrado el esclarecimiento de ese crimen que estremeció al poder (y a sus hijos, según una hipótesis judicial), por parte de funcionarios judiciales que resultaron ascendidos o jubilados con el 82% móvil... Sólo hay dos detenidos por ese encubrimiento agravado: un comisario y un agente. Un tercer policía recibió una pena de ejecución condicional. Nada más. Nadie más. Porque esta es la Policía de Tucumán.
Esta es la Policía que maneja millones por los Servicios Adicionales, dineros que según el Tribunal de Cuentas, no forman parte del Presupuesto provincial ni están depositados en el Banco del Tucumán, agente financiero oficial de la Provincia. Pero el alperovichismo no reacciona, porque esta es la Policía de Tucumán.
Esta es la policía que hace 10 meses se acuarteló e hizo de Tucumán un Estado Fracasado, sin ley en el territorio. La Presidenta no le pidió a los argentinos que miraran al Norte el 10 de diciembre: mientras bailaba en Plaza de Mayo, había tucumanos muertos en estas calles. Por docenas. Y bandas armadas sembrando saqueos. Y vecinos atrincherados. El alperovichismo nunca dio la cara en esas jornadas horrendas. Cuando volvieron a trabajar, los policías se apostaron en Casa de Gobierno y reprimieron con palos y balas de goma a los tucumanos que protestaron contra la indefensión. Al final, no hubo purga ni reforma. El saldo institucional fue una hemorragia de ciudadanía, apenas una veintena de agentes denunciados y un aumento salarial del 35% para todas y todos los que porten arma reglamentaria, en recompensa por el alzamiento armado más oprobioso y atentatorio de la democracia de la historia provincial. Porque esta es la Policía de Tucumán.
Esta es la Policía a la cual “se le escapa” un video (uno por el cual el mundo civilizado debería disculparse con los salvajes por llamarlos salvajes) de manera oportuna. Si en dos meses a esta Policía de Tucumán se le ocurre pedir, sólo por decir lo que andan diciendo, un 40% de recomposición salarial, ¿cuál será la respuesta?
Herencias y proyecciones
El suplicio como economía del poder, así, se proyecta en los más diversos niveles. Lo prueba el sinnúmero de mentiras a la vuelta del video. La primera versión “filtrada” por los uniformados consistía en que el torturado era un sujeto que había salido a una banquina a realizar tiros al aire con un rifle de aire comprimido, mientras disparaba insultos a los policías que pasaban por la ruta. ¿En serio? Un día después cambiaron el relato: el castigado había pasado a ser un ladrón que había entrado a un galpón a robar. ¿De verdad? La maniobra discursiva es absurda porque no habrá un sólo tucumano capaz de justificar el ultraje al que fue sometido ese ser humano, aunque sea un malviviente. Pero si resulta que hay comprovincianos que convalidan el abuso, lo de la Policía no es sólo hecho: también es síntoma. Y los costos morales de violar derechos humanos se diluyen por los financistas de la inhumanidad dispuestos a responder solidariamente por el horror.
Luego, si la Policía se siente avalada por parte de la población (de haberla, en Tucumán será una minoría insignificante, ¿verdad?), seguirá reventando tucumanos. Entonces, las clases medias y altas apelarán a todos los recursos posibles para no quedar a merced de esa Policía... Esa es la pedagogía del video: la única verdad de la filmación es que el torturado es pobre.
A esa lección de la economía del poder, por cierto, la Policía la ha aprendido. Los uniformados torturadores fueron privados de su libertad y sufrirán sanciones, pero sólo porque ellos son “pobres policías”. Por un lado, el funcionariado alperovichista sólo pone cara de estupor, como si no tuviera responsabilidad alguna en que Tucumán sea la vergüenza de la vergüenza. Todavía ningún alperovichista explicó por qué no ha sido reglamentada la Ley 8.523, que por esas casualidades crea la “Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”. Ese organismo, compuesto por miembros de los tres poderes y de la sociedad civil, no está creado, pese a que la norma fue sancionada nada menos que el 24 de marzo de 2012, cuando sesionaron simultáneamente los parlamentos de todo el país, a instancias del kirchnerismo.
Por otro lado, aquí no todos los denunciados de presuntos delitos de lesa humanidad tienen complicaciones. La denuncia senatorial presentada en la Justicia Federal de Tucumán para que se investigue la participación del jefe del Ejército, César Milani, en el Operativo Independencia (Caso Ledo) sólo mereció un veloz pedido de archivo del Ministerio Público Fiscal y un cerrado apoyo de gobiernos y de organismos de derechos humanos. Lo de escandalizarse contra uniformados presuntamente violadores de garantías básicas no es contra todos y todas.
La “década ganada”, por momentos, parece tener pozo vacante. La democracia pavimentadora, mientras tanto, deja como herencia una Policía asfaltadora de derechos humanos y una calidad institucional descuartizada y reducida a cenizas. Y sus cenizas esparcidas al viento.
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