21 Septiembre 2014
ARCHIVO LA GACETA
El ex funcionario alperovichista Miguel Ángel Brito recibió varios reveses judiciales y administrativos por su cuestionada labor como director de Arquitectura y Urbanismo (DAU). Esta vez, el actual asesor del senador nacional oficialista Sergio Mansilla obtuvo una buena noticia, al menos en una de las denuncias en su contra.
El Tribunal de Cuentas (TC) debió suspender el proceso en su contra por el escándalo de la ciclovía “fantasma” del Camino de Sirga. El ente de control había iniciado un juicio de responsabilidad contra Brito, contra el contador fiscal Rodolfo Atilio Torasso (afectado a la revisión de aquella obra) y contra otros funcionarios públicos.
Según la comprobación sumaria realizada por el organismo de control, integrado por Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), debido a la falta de ejecución de la pista de ciclismo se había producido un presunto daño al erario de más de $ 320.000. La obra estaba presupuestada en $ 500.000.
En este proceso administrativo, el ente de contralor había resuelto el apartamiento de oficio del defensor de Brito y de Torasso, Francisco García Posse (además es titular del Colegio de Abogados). Según el TC, el letrado ejercía una defensa simultánea que generaba un conflicto de intereses. “(García Posse) ha presentado escritos desarrollando defensas para las dos partes contendientes y en los cuales, además, expone argumentaciones contrapuestas que generarían un conflicto entre las posiciones de sus dos representados. Esta colisión no puede ser desconocida por el letrado ni se puede presumir ignorancia, por tratarse de escritos originados y suscritos por el mismo que colocan a sus dos partes representadas en colisión dentro de un mismo proceso”, señaló el Tribunal de Cuentas en el acuerdo N° 2.846, de agosto pasado. Además, notificó sobre la situación al Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados de Tucumán.
Pero el representante legal de Brito y Torasso acudió a la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por Ebe López Piossek y Sergio Gandur, y obtuvo un amparo que le permitía seguir ejerciendo la defensa de ambos implicados en el caso administrativo de la obra “fantasma”.
Ante este escenario, el TC emitió una nueva acordada (N° 3.216) el martes pasado, en la que dispone que se toma conocimiento de la sentencia, y dispone la suspensión del “juicio de responsabilidad sólo en lo que afecta a Brito y Torasso, hasta tanto se resuelva la acción de amparo interpuesta por García Posse”. Así, el trámite avanzará sólo con los otros involucrados, como el ex subdirector de la DAU, Roberto Bianchi, y otros funcionarios.
Con esta medida, el ente de control busca proteger el curso del proceso, ante una eventual “doble defensa” por parte del titular del Colegio de Abogados.
La noticia fue celebrada por Brito. “Con esto, la Justicia le está poniendo un coto a Terraf en su accionar. Le está diciendo que respete los procesos, y creo que eso es lo que no se está haciendo en mi caso”, señaló el investigado ex funcionario. Y remarcó que tiene derecho “a elegir mi abogado defensor”. “Que no se cometan más atropellos”, insistió.
El Tribunal de Cuentas (TC) debió suspender el proceso en su contra por el escándalo de la ciclovía “fantasma” del Camino de Sirga. El ente de control había iniciado un juicio de responsabilidad contra Brito, contra el contador fiscal Rodolfo Atilio Torasso (afectado a la revisión de aquella obra) y contra otros funcionarios públicos.
Según la comprobación sumaria realizada por el organismo de control, integrado por Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), debido a la falta de ejecución de la pista de ciclismo se había producido un presunto daño al erario de más de $ 320.000. La obra estaba presupuestada en $ 500.000.
En este proceso administrativo, el ente de contralor había resuelto el apartamiento de oficio del defensor de Brito y de Torasso, Francisco García Posse (además es titular del Colegio de Abogados). Según el TC, el letrado ejercía una defensa simultánea que generaba un conflicto de intereses. “(García Posse) ha presentado escritos desarrollando defensas para las dos partes contendientes y en los cuales, además, expone argumentaciones contrapuestas que generarían un conflicto entre las posiciones de sus dos representados. Esta colisión no puede ser desconocida por el letrado ni se puede presumir ignorancia, por tratarse de escritos originados y suscritos por el mismo que colocan a sus dos partes representadas en colisión dentro de un mismo proceso”, señaló el Tribunal de Cuentas en el acuerdo N° 2.846, de agosto pasado. Además, notificó sobre la situación al Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados de Tucumán.
Pero el representante legal de Brito y Torasso acudió a la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por Ebe López Piossek y Sergio Gandur, y obtuvo un amparo que le permitía seguir ejerciendo la defensa de ambos implicados en el caso administrativo de la obra “fantasma”.
Ante este escenario, el TC emitió una nueva acordada (N° 3.216) el martes pasado, en la que dispone que se toma conocimiento de la sentencia, y dispone la suspensión del “juicio de responsabilidad sólo en lo que afecta a Brito y Torasso, hasta tanto se resuelva la acción de amparo interpuesta por García Posse”. Así, el trámite avanzará sólo con los otros involucrados, como el ex subdirector de la DAU, Roberto Bianchi, y otros funcionarios.
Con esta medida, el ente de control busca proteger el curso del proceso, ante una eventual “doble defensa” por parte del titular del Colegio de Abogados.
La noticia fue celebrada por Brito. “Con esto, la Justicia le está poniendo un coto a Terraf en su accionar. Le está diciendo que respete los procesos, y creo que eso es lo que no se está haciendo en mi caso”, señaló el investigado ex funcionario. Y remarcó que tiene derecho “a elegir mi abogado defensor”. “Que no se cometan más atropellos”, insistió.
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