21 Septiembre 2014
PAVIMENTO. El Gobierno encaró obras de calles y de cordones cunetas en diferentes puntos de toda la provincia. prensa y difusión (archivo)
El programa federal de obras públicas “Más Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria” posibilitará que el Gobierno provincial, hasta 2015, distribuya entre las intendencias, las comunas rurales y otras reparticiones públicas (como el Ente de Infraestructura Comunitaria) más de $ 1.000 millones para la construcción de cordón cuneta, pavimento, pozos de agua y vivienda, entre otras inversiones, según anunció en junio pasado el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo.
¿Cómo se clasifican y designan las partidas? ¿Cuál es el circuito administrativo que recorren esos fondos públicos desde la nación? ¿Por qué se originan “discrepancias entre las registraciones del Libro Banco y los importes de las transferencias” para cada proyecto?
Estas y otras preguntas no han podido ser contestadas por los auditores del Tribunal de Cuentas (TC), en el análisis realizado este año sobre la Cuenta de Inversión 2013 (CI 2013) elevada por el Poder Ejecutivo (PE).
Si bien el organismo de control volvió a aprobar el informe general de ingresos y egresos elevado por la Contaduría General de la Provincia, insistió con los cuestionamientos efectuados años anteriores respecto al manejo de los recursos federales que llegan a las arcas tucumanas.
La novedad en el estudio de la CI 2013 está en la auditoría al programa “Más Cerca”, que comenzó a aplicarse en ese período en estas tierras.
En el acuerdo N° 3.134 del TC, firmado el 12 de septiembre por Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), se critica la burocracia en la operatoria aplicada para esos fondos. Según el informe, los fondos nacionales se depositan en una cuenta corriente del Banco del Tucumán, y luego se realizan órdenes de pago destinadas a la Secretaría de Estado de Coordinación con Municipios y Comunas Rurales. Por último, esos documentos se cancelan con la remisión de los dineros a los intendentes y comisionados rurales. “Este circuito administrativo dificulta la aplicación de las transferencias realizadas por la Nación a la Provincia”, objetó el Tribunal de Cuentas. Además, hizo constar que durante los primeros 11 meses de 2013, el PE -antes de cancelar las órdenes de pago- cambió “la cuenta pagadora por una cuenta bancaria puente”, ya que los municipios y comunas “no tenían las cuentas corrientes abiertas en el Banco del Tucumán”.
Esta situación está en línea con el reclamo del intendente de San Miguel de Tucumán, Domingo Amaya, quien había justificado la demora del 50% en el plan “Más Cerca I” en la Capital aduciendo demoras en el envío de fondos desde la Provincia. Este argumento también había sido utilizado por el jefe municipal de Bella Vista, Luis Espeche, quien tenía una mora del 65% hasta el mes pasado.
Lanzamiento
El plan “Más Cerca” se lanzó a fines de 2012, y comenzó a aplicarse en 2013. Mediante un convenio con la Nación, la Provincia recibe los recursos y los redistribuye entre los municipios y comunas, sobre la base de los proyectos de infraestructura planteados por los diferentes gobiernos locales. Esta tramitación es supervisada por el Ministerio del Interior, a cargo de Jaldo. Esta cartera debe efectuar además la rendición de cuentas y el control del programa a nivel provincial.
La ejecución del plan de obras motivó varias denuncias y diversos pedidos de informes desde la oposición. Hasta ahora no hay imputados en ninguna de las causas originadas por estas demandas.
Sí surgieron cuestionamientos administrativos desde el Tribunal de Cuentas, organismo de contralor en la provincia.
El TC criticó, en el análisis de la Cuenta de Inversión 2013, la operatoria escogida para el manejo de estos recursos. El “Más Cerca I” motivó la recepción de más de $ 400 millones, mientras que el “Más Cerca II” generará otros $ 450 millones. Con las diferentes ampliaciones, el monto superará los $ 1.000 millones.
“La centralización operativa en la ejecución de los recursos, ejercida por la Tesorería General de la Provincia, trajo aparejado que las registraciones de los fondos se realicen por importes totales informados por el Banco Tucumán, originándose así discrepancias entre las registraciones del Libro Banco y los importes de las transferencias, que están directamente relacionadas con cada proyecto del programa”, señaló el ente de control en uno de los párrafos del acuerdo N° 3.134. La falta de información fue otro tópico señalado por los auditores. “(Del análisis) surge la falta de especificación de los recursos y gastos en las autorizaciones presupuestarias, referido a la clasificación y designación de las partidas; si bien es un aspecto formal del presupuesto, no deja de presentar importancia para que este instrumento cumpla plenamente su finalidad”, remarcaron los auditores. Señalaron que, para examinar las transferencias, solicitaron información a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. “Del último organismo el requerimiento no fue respondido”, marcó el TC.
¿Cómo se clasifican y designan las partidas? ¿Cuál es el circuito administrativo que recorren esos fondos públicos desde la nación? ¿Por qué se originan “discrepancias entre las registraciones del Libro Banco y los importes de las transferencias” para cada proyecto?
Estas y otras preguntas no han podido ser contestadas por los auditores del Tribunal de Cuentas (TC), en el análisis realizado este año sobre la Cuenta de Inversión 2013 (CI 2013) elevada por el Poder Ejecutivo (PE).
Si bien el organismo de control volvió a aprobar el informe general de ingresos y egresos elevado por la Contaduría General de la Provincia, insistió con los cuestionamientos efectuados años anteriores respecto al manejo de los recursos federales que llegan a las arcas tucumanas.
La novedad en el estudio de la CI 2013 está en la auditoría al programa “Más Cerca”, que comenzó a aplicarse en ese período en estas tierras.
En el acuerdo N° 3.134 del TC, firmado el 12 de septiembre por Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), se critica la burocracia en la operatoria aplicada para esos fondos. Según el informe, los fondos nacionales se depositan en una cuenta corriente del Banco del Tucumán, y luego se realizan órdenes de pago destinadas a la Secretaría de Estado de Coordinación con Municipios y Comunas Rurales. Por último, esos documentos se cancelan con la remisión de los dineros a los intendentes y comisionados rurales. “Este circuito administrativo dificulta la aplicación de las transferencias realizadas por la Nación a la Provincia”, objetó el Tribunal de Cuentas. Además, hizo constar que durante los primeros 11 meses de 2013, el PE -antes de cancelar las órdenes de pago- cambió “la cuenta pagadora por una cuenta bancaria puente”, ya que los municipios y comunas “no tenían las cuentas corrientes abiertas en el Banco del Tucumán”.
Esta situación está en línea con el reclamo del intendente de San Miguel de Tucumán, Domingo Amaya, quien había justificado la demora del 50% en el plan “Más Cerca I” en la Capital aduciendo demoras en el envío de fondos desde la Provincia. Este argumento también había sido utilizado por el jefe municipal de Bella Vista, Luis Espeche, quien tenía una mora del 65% hasta el mes pasado.
Lanzamiento
El plan “Más Cerca” se lanzó a fines de 2012, y comenzó a aplicarse en 2013. Mediante un convenio con la Nación, la Provincia recibe los recursos y los redistribuye entre los municipios y comunas, sobre la base de los proyectos de infraestructura planteados por los diferentes gobiernos locales. Esta tramitación es supervisada por el Ministerio del Interior, a cargo de Jaldo. Esta cartera debe efectuar además la rendición de cuentas y el control del programa a nivel provincial.
La ejecución del plan de obras motivó varias denuncias y diversos pedidos de informes desde la oposición. Hasta ahora no hay imputados en ninguna de las causas originadas por estas demandas.
Sí surgieron cuestionamientos administrativos desde el Tribunal de Cuentas, organismo de contralor en la provincia.
El TC criticó, en el análisis de la Cuenta de Inversión 2013, la operatoria escogida para el manejo de estos recursos. El “Más Cerca I” motivó la recepción de más de $ 400 millones, mientras que el “Más Cerca II” generará otros $ 450 millones. Con las diferentes ampliaciones, el monto superará los $ 1.000 millones.
“La centralización operativa en la ejecución de los recursos, ejercida por la Tesorería General de la Provincia, trajo aparejado que las registraciones de los fondos se realicen por importes totales informados por el Banco Tucumán, originándose así discrepancias entre las registraciones del Libro Banco y los importes de las transferencias, que están directamente relacionadas con cada proyecto del programa”, señaló el ente de control en uno de los párrafos del acuerdo N° 3.134. La falta de información fue otro tópico señalado por los auditores. “(Del análisis) surge la falta de especificación de los recursos y gastos en las autorizaciones presupuestarias, referido a la clasificación y designación de las partidas; si bien es un aspecto formal del presupuesto, no deja de presentar importancia para que este instrumento cumpla plenamente su finalidad”, remarcaron los auditores. Señalaron que, para examinar las transferencias, solicitaron información a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. “Del último organismo el requerimiento no fue respondido”, marcó el TC.
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