18 Septiembre 2014
RESOLUCIÓN. EL TOF DETERMINÓ QUE DOS DE LOS IMPUTADOS CONTINÚEN EN SUS CASAS EN VEZ DE ESTAR PRESOS. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Los delitos de lesa humanidad que se habrían cometido en un pabellón de la cárcel de Villa Urquiza entre 1975 y 1983 contra 39 víctimas son abordados desde ayer por el Tribunal Oral Federal (TOF). Paradójicamente, en esa mole de cemento y hierro permanecen alojados desde la medianoche del martes los acusados de haberlos cometido.
Por pedido de los fiscales Leopoldo Peralta Palma y Pablo Camuña, los jueces Carlos Jiménez Montilla (presidente), Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga dispusieron la detención de los siete imputados -en total son 11- en la megacausa “Villa Urquiza” que aún no se encontraban presos. El objetivo fue garantizar su participación en el juicio.
La medida generó el primer cruce entre los fiscales y querellantes con los abogados defensores de los sospechosos, y demoró el comienzo del debate.
El secretario del TOF, Mariano García Zavalía, detalló que dos de los encartados sufrieron descompensaciones: Ángel Audes padeció una suba de presión y permaneció en su casa por consejo de médicos del Siprosa, y José Gerez fue internado en un hospital público por una arritmia. En el Penal, en tanto, sí fueron ingresados Juan Carlos Medrano, Francisco Ledesma, Pedro García, Augusto Wertel Montenegro y Santos González. Se sumaron a quienes ya estaban detenidos allí: Roberto Albornoz, Jorge Lazarte, Daniel Álvarez y Héctor Valenzuela.
De acuerdo con un informe oficial elaborado por el médico Alberto Torres, los detenidos tienen entre 65 y 86 años y, a criterio del perito, estarían en condiciones de asistir al juicio y de ser recluidos en la cárcel.
Cruces
“Se tomó una medida cautelar injustificada. Sólo se merituó el aspecto médico y no el riesgo de fuga, por ejemplo. Gerez pasa de su casa a la unidad 9 de Villa Urquiza. Un lugar con hacinamiento. El servicio penitenciario provincial es un desastre”, expresó Adolfo Bertini, quien encabeza a los defensores oficiales. Remarcó que se pondría en riesgo la vida de todos los imputados y planteó la excarcelación. Su par Manuel Bonnin impugnó el informe médico y cuestionó la idoneidad del perito que lo elaboró. “Fuimos a ver a Audes y parece que tiene las piernas en descomposición. El informe es poco serio”, renegó.
Los abogados particulares Gloria Hansen y José Chaván se sumaron a los planteos.
Peralta Palma afirmó que no se podía argumentar “sorpresa procesal por las detenciones” dado que es un criterio que viene siguiendo el TOF desde procesos anteriores. “Ninguno de los informes dice que no pueden participar del debate. Ninguno de los letrados es médico ni vidente. Impugnarlos es poco serio”, contestó.
Los querellantes se expresaron en el mismo sentido que la Fiscalía. Julia Vitar, representante junto a Inés Lugones de la familia Kofman, aseguró que en la mayoría de los juicios suele plantearse la salud de los imputados como primer argumento defensivo. “Es cierto que los imputados son todos añosos porque pasaron más de 30 años de impunidad. Nos parece que venir a hacer este tipo de alegatos en la primera audiencia es una actitud dilatoria. Si el estado de salud era tan complicado, deberían haber pedido una junta médica con anterioridad y pedir la separación”, consideró.
Tras deliberar durante más de una hora, el TOF decidió que Gerez y Audes no fueran alojados en la penitenciaría. También ordenó una junta médica para cada uno de los acusados.
“El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el martes 23. Ese día está previsto que se lean las acusaciones a los imputados y que se realicen los planteos preliminares”, adelantó García Zavalía. El lunes, el Tribunal había determinado que el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, fuera separado del juicio por cuestiones de salud y de agenda (es juzgado en otros procesos).
En el pabellón “E” -más conocido como “de la muerte”- se alojaba a los llamados por los represores como prisioneros “subversivos” o políticos. De acuerdo con los testimonios de sobrevivientes y de presos recluidos por delitos comunes, estaban en condiciones infrahumanas y eran sometidos a maltratos, torturas y abusos sexuales. La mayoría de las 39 víctimas son ex funcionarios, militantes justicialistas o ex sindicalistas. También se tratarán los casos de dos de los afectados que habrían sido asesinados en el Penal: Juan Carlos Suter y José Torrente. Cinco de las víctimas permanecen desaparecidas. Se estima que más de 100 testigos -la mayoría son sobrevivientes- prestarán declaración. El juicio es el décimo por crímenes de lesa humanidad que se celebra en la provincia.
el tribunal.- Está integrado por los magistrados Carlos Jiménez Montilla (presidente), Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga. Como cuarto juez interviene Hugo Norberto Cataldi. El secretario es Mariano García Zavalía.
DÉCIMO PROCESO.- La megacausa “Villa Urquiza” es el décimo por delitos de lesa humanidad que se celebra en Tucumán. Es el segundo con la magnitud de un megaproceso.
Fiscales y querellantes.- Por el Ministerio Público Fiscal actúan Leopoldo Peralta Palma (subrogante) y Pablo Camuña (ad hoc). En cuanto a las querellas, Bernardo Lobo Bougeau y Pablo Gargiulo representan a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán. Gargiulo también lleva los casos de Mirta Alejandra Ferreyra y es el abogado de la fundación Andhes. Julia Vitar e Inés Lugones participan como patrocinantes de la familia de Jorge Kofman. El abogado Alejandro Salas Oroño, en tanto, representa a Miguel Rubén López.-
Las defensas.- El Ministerio Público de la Defensa está integrado por Adolfo Bertini, Vanessa Lucero y Manuel Bonnin (representan a Roberto Albornoz, Jorge Lazarte, Ángel Audes, Víctor Gerez y Francisco Ledesma). Entre los abogados particulares están Gloria Hansen (defiende a Santos González y Juan Carlos Medrano); José Chaván (representa a Pedro García y Augusto Montenegro) y Jacier Morales Morales (patrocina a Daniel Álvarez).
ROSTROS FRENTE AL TOF.- HIJOS efectuó ayer una intervención frente al Tribunal para conmemorar el octavo aniversario de la desaparición del testigo Jorge Julio López. Pegaron carteles con la silueta del hombre.
Por pedido de los fiscales Leopoldo Peralta Palma y Pablo Camuña, los jueces Carlos Jiménez Montilla (presidente), Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga dispusieron la detención de los siete imputados -en total son 11- en la megacausa “Villa Urquiza” que aún no se encontraban presos. El objetivo fue garantizar su participación en el juicio.
La medida generó el primer cruce entre los fiscales y querellantes con los abogados defensores de los sospechosos, y demoró el comienzo del debate.
El secretario del TOF, Mariano García Zavalía, detalló que dos de los encartados sufrieron descompensaciones: Ángel Audes padeció una suba de presión y permaneció en su casa por consejo de médicos del Siprosa, y José Gerez fue internado en un hospital público por una arritmia. En el Penal, en tanto, sí fueron ingresados Juan Carlos Medrano, Francisco Ledesma, Pedro García, Augusto Wertel Montenegro y Santos González. Se sumaron a quienes ya estaban detenidos allí: Roberto Albornoz, Jorge Lazarte, Daniel Álvarez y Héctor Valenzuela.
De acuerdo con un informe oficial elaborado por el médico Alberto Torres, los detenidos tienen entre 65 y 86 años y, a criterio del perito, estarían en condiciones de asistir al juicio y de ser recluidos en la cárcel.
Cruces
“Se tomó una medida cautelar injustificada. Sólo se merituó el aspecto médico y no el riesgo de fuga, por ejemplo. Gerez pasa de su casa a la unidad 9 de Villa Urquiza. Un lugar con hacinamiento. El servicio penitenciario provincial es un desastre”, expresó Adolfo Bertini, quien encabeza a los defensores oficiales. Remarcó que se pondría en riesgo la vida de todos los imputados y planteó la excarcelación. Su par Manuel Bonnin impugnó el informe médico y cuestionó la idoneidad del perito que lo elaboró. “Fuimos a ver a Audes y parece que tiene las piernas en descomposición. El informe es poco serio”, renegó.
Los abogados particulares Gloria Hansen y José Chaván se sumaron a los planteos.
Peralta Palma afirmó que no se podía argumentar “sorpresa procesal por las detenciones” dado que es un criterio que viene siguiendo el TOF desde procesos anteriores. “Ninguno de los informes dice que no pueden participar del debate. Ninguno de los letrados es médico ni vidente. Impugnarlos es poco serio”, contestó.
Los querellantes se expresaron en el mismo sentido que la Fiscalía. Julia Vitar, representante junto a Inés Lugones de la familia Kofman, aseguró que en la mayoría de los juicios suele plantearse la salud de los imputados como primer argumento defensivo. “Es cierto que los imputados son todos añosos porque pasaron más de 30 años de impunidad. Nos parece que venir a hacer este tipo de alegatos en la primera audiencia es una actitud dilatoria. Si el estado de salud era tan complicado, deberían haber pedido una junta médica con anterioridad y pedir la separación”, consideró.
Tras deliberar durante más de una hora, el TOF decidió que Gerez y Audes no fueran alojados en la penitenciaría. También ordenó una junta médica para cada uno de los acusados.
“El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el martes 23. Ese día está previsto que se lean las acusaciones a los imputados y que se realicen los planteos preliminares”, adelantó García Zavalía. El lunes, el Tribunal había determinado que el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, fuera separado del juicio por cuestiones de salud y de agenda (es juzgado en otros procesos).
En el pabellón “E” -más conocido como “de la muerte”- se alojaba a los llamados por los represores como prisioneros “subversivos” o políticos. De acuerdo con los testimonios de sobrevivientes y de presos recluidos por delitos comunes, estaban en condiciones infrahumanas y eran sometidos a maltratos, torturas y abusos sexuales. La mayoría de las 39 víctimas son ex funcionarios, militantes justicialistas o ex sindicalistas. También se tratarán los casos de dos de los afectados que habrían sido asesinados en el Penal: Juan Carlos Suter y José Torrente. Cinco de las víctimas permanecen desaparecidas. Se estima que más de 100 testigos -la mayoría son sobrevivientes- prestarán declaración. El juicio es el décimo por crímenes de lesa humanidad que se celebra en la provincia.
el tribunal.- Está integrado por los magistrados Carlos Jiménez Montilla (presidente), Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga. Como cuarto juez interviene Hugo Norberto Cataldi. El secretario es Mariano García Zavalía.
DÉCIMO PROCESO.- La megacausa “Villa Urquiza” es el décimo por delitos de lesa humanidad que se celebra en Tucumán. Es el segundo con la magnitud de un megaproceso.
Fiscales y querellantes.- Por el Ministerio Público Fiscal actúan Leopoldo Peralta Palma (subrogante) y Pablo Camuña (ad hoc). En cuanto a las querellas, Bernardo Lobo Bougeau y Pablo Gargiulo representan a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán. Gargiulo también lleva los casos de Mirta Alejandra Ferreyra y es el abogado de la fundación Andhes. Julia Vitar e Inés Lugones participan como patrocinantes de la familia de Jorge Kofman. El abogado Alejandro Salas Oroño, en tanto, representa a Miguel Rubén López.-
Las defensas.- El Ministerio Público de la Defensa está integrado por Adolfo Bertini, Vanessa Lucero y Manuel Bonnin (representan a Roberto Albornoz, Jorge Lazarte, Ángel Audes, Víctor Gerez y Francisco Ledesma). Entre los abogados particulares están Gloria Hansen (defiende a Santos González y Juan Carlos Medrano); José Chaván (representa a Pedro García y Augusto Montenegro) y Jacier Morales Morales (patrocina a Daniel Álvarez).
ROSTROS FRENTE AL TOF.- HIJOS efectuó ayer una intervención frente al Tribunal para conmemorar el octavo aniversario de la desaparición del testigo Jorge Julio López. Pegaron carteles con la silueta del hombre.
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