“Los casos de títulos eran manejados por el ex juez Terán”

El ingreso de las causas de títulos públicos que terminaron por sumir a los Tribunales Federales en la crisis institucional más feroz de su historia coincidió con el caos que provocaron los juicios del llamado “corralito”. Sara Inés Caporaletti, ex secretaria civil del Juzgado Federal N°2 durante esa época, recordó aquel caos durante su declaración en el debate de las causas “Borquez” y “Camandona”, que celebra el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF).

“Entre 2004 y 2005 entraron 5.000 causas del ‘corralito’. Lo que hasta entonces era una secretaría ordenada quedó colapsada: hubiese sido imposible llamar a una junta médica (para corroborar las enfermedades atribuidas a tenedores de títulos públicos como Inés Yolanda Borquez y Julio Melchor Camandona -sobreseídos-). Por la naturaleza y la urgencia de las medidas cautelares (solicitadas al ex juez Felipe Federico Terán -coimputado-), no hacíamos peritaciones”, comentó la testigo este jueves. Después del escándalo que generó la divulgación de las irregularidades detectadas en el trámite de aquellas cautelares, Caporaletti pasó a la secretaría fiscal y, al tiempo, se acogió a la jubilación.

“Los casos de títulos eran manejados por el ex juez Terán por su carácter novedoso”, dijo la mujer, que es madre de Fernando Luis Poviña, actual juez federal N°2 (previamente, Mario Racedo se había desempeñado como subrogante). Caporaletti también dijo que ella no había intervenido en el control de los oficios cuestionados porque no eran copias textuales de la cautelar que había dictado el ex magistrado (este ordenaba al Estado el pago de la renta de los títulos, pero los oficios mandaban abonar el capital y los intereses). “Algunos oficios iban por la secretaría privada del juez”, añadió. Y tuvo palabras elogiosas para con su ex jefe: “Terán atendía mucho al público y era amable con la gente. Sus puertas estaban abiertas para todos los que quisiesen hablar con él”.

La diferencia entre el contenido de la decisión del ex juez y de los oficios presentados ante el Ministerio de Economía de la Nación, que sustenta la acusación de una falsificación de documentos, quedó reducida a la nada después de la declaración de Claudio Dal Din, que en el momento en el que ocurrieron los hechos se desempeñaba como Coordinador de la Unidad de Registro de la Deuda Pública. El actual jefe de la Unidad de Reestructuración de la Deuda Pública expresó por videoconferencia que, aunque el magistrado hablase sólo de renta, el Estado también debía pagar el capital: “si no se amortiza el capital, la renta se extiende a perpetuidad. No es una forma razonable de disponer del erario”.

Ante los jueces Juan Carlos Reynaga (sustituye al excusado Carlos Enrique Jiménez Montilla), Gabriel Casas (presidente) y Alicia Noli, Dal Din manifestó que lo que le había llamado la atención era que los bonos en default por U$S 620.000 habían ingresado a la cuenta de Borquez unos días antes del inicio del juicio (promovido para exigir el pago en dólares) y que, después de la cautelar que hacía lugar al pedido de la bonista, habían aparecido otros títulos por 4 millones de dólares. La notificación de esta situación y de otras anomalías llevaron a Terán a articular la denuncia penal. Ello no fue suficiente para detener su destitución (fundada en el trámite de las causas con títulos) ni la renuncia del ex juez Jorge Parache ni las investigaciones “Borquez” y “Camandona” que desembocaron en este juicio.