13 Septiembre 2014
Es posible investigar al poder y frenar sus abusos, según el fiscal Campagnoli
El funcionario con pedido de destitución participó de una mesa panel en Derecho junto al letrado Gil Lavedra y al legislador Valdez Campagnoli fue tratado como un héroe. Gil Lavedra pidió compromiso a los estudiantes. Valdez se refirió a la impunidad
LOS ORADORES. Valdez, Gil Lavedra, Campagnoli y el moderador Rivas (de izquierda a derecha) en la mesa panel de este viernes en el Aula Magna. la gaceta / fotos de diego aráoz
En el patio de la ex casa Remis todo el mundo quiere saludar a José María Campagnoli, el fiscal de Instrucción de Saavedra (Buenos Aires) célebre por haber sido acusado de incurrir en excesos durante la investigación del empresario kirchnerista Lázaro Báez. Profesores y alumnos se acercan para felicitarlo y fotografiarse con él. Algún ciudadano incluso le acerca una denuncia, o le suelta una historia de lucha e impotencia. La tardecita soleada y agradable sonríe a Campagnoli, que recibe el trato reservado a los héroes.
Pero ya en el Aula Magna colmada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el ídolo se presenta como un simple fiscal de Instrucción que pretende cumplir la ley y actuar con autonomía. “Es posible investigar al poder y frenar sus abusos”, dice con sencillez desde el estrado que comparte con el jurista Ricardo Gil Lavedra (su defensor en el jury que organizó un tribunal del Ministerio Público Fiscal de la Nación), y con Fernando Valdez, legislador provincial (UCR) y profesor de la casa (el egresado Martín Rivas hace las veces de moderador). La mesa panel en cuestión forma parte del XI Congreso Nacional de Derecho y ha sido titulada “Poder Judicial: cuestiones en torno a su independencia”.
“No conocía Tucumán y pude dar un paseo. Fui a la Casa Histórica y me pareció muy inspiradora. En ese lugar se reunieron nuestros antepasados para pensar el país: me parece que los estamos defraudando un poco”, comenta Campagnoli al inicio de su exposición. Vestido como siempre (traje oscuro, corbata desajustada, melena engominada y barba tupida), el fiscal dice que es propio de los poderosos el querer crecer a costa de avasallar derechos e instituciones. “Por eso la división del poder multiplica la democracia”, reflexiona.
Cobijado por el silencio de una platea decididamente joven (ocupan las butacas de la primera fila los legisladores radicales Federico Romano Norri y Roberto Sánchez, y el académico Miguel Marcotullio), Campagnoli recuerda que se recibió de abogado mientras trabajaba en los Tribunales; que empezó de abajo; que siempre se sintió independiente y que fue recién cuando asumió como titular de la Fiscalía que advirtió la existencia de una inercia hacia la comodidad. “Pero a mí lo que me interesa es equilibrar la balanza y honrar mi función cumpliendo la ley”, explica. Y añade que su caso (iniciado por el pedido de destitución de Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación y lideresa del movimiento Justicia Legítima) demostró la fragilidad del sistema o cómo el sistema persigue a quienes ejercen su independencia. “Pero también demostró que la ciudadanía tiene un poder enorme para movilizarse y defender las instituciones”, concluye Campagnoli, no sin antes precisar que, si bien pudo volver a su despacho tras ocho meses de suspensión, su futuro aún está en manos de un tribunal con mayoría oficialista.
La deuda interna
“Hoy la regla es que los delitos del poder quedan impunes”, enuncia a su turno Gil Lavedra, ex diputado nacional (UCR), ex miembro del tribunal que enjuició a las Juntas Militares y experto en Derecho Penal. “Y a quien está dispuesto a investigar le sucede lo que a Campagnoli. La Justicia argentina tiene una gran deuda con la sociedad: el esclarecimiento de los casos de corrupción”, razona el jurista.
La lucha por la vigencia plena y amplia de la independencia judicial debe ser asumida por las nuevas generaciones, según Gil Lavedra. “Comprométanse con el Estado de Derecho y con la democracia”, dice levantando la voz. Y el abogado precisa, para que se entienda, que ello exige el respeto por cuatro principios básicos: imperio de la ley, división del poder, rendición de cuentas y sujeción de los actos a los derechos fundamentales.
La matriz de impunidad
“#TodosSomosCampagnoli”, expresa Valdez para rememorar el lema (o etiqueta de Twitter) que convirtió al fiscal en símbolo de la batalla por la independencia judicial. “Tanto Campagnoli como Gil Lavedra expresan la aspiración de que haya jueces capaces de limitar el poder y evitar la tiranía”, elogia el legislador. Y a continuación se lanza a presentar el caso de Tucumán donde, según su opinión, existe una matriz de impunidad que impide investigar y juzgar al poder.
“El régimen de José Alperovich, que gobierna la provincia desde hace 12 años, se asienta sobre la colonización del fuero penal”, comenta. Y a modo de ejemplo cita los casos del ex fiscal Carlos Albaca, del juez Francisco Pisa y del ministro público Edmundo Jiménez. Del primero refiere que durante casi siete años bloqueó la investigación del homicidio de Paulina Lebbos, uno de los casos más sensibles para el poder político, y que, sin embargo, el alperovichismo le permitió acceder a la jubilación con el beneficio del 82% móvil. Respecto de Pisa, manifiesta que este lleva una década actuando como “juez de garantías del grupo de Alperovich” y protegiendo los intereses del gobernador que lo nombró magistrado por un acto de discrecionalidad pura. “Hemos presentado ocho causas que prueban su falta de imparcialidad, pero el oficialismo archivó nuestro pedido de destitución en un trámite express”, relata.
Por último, Valdez afirma que el círculo de impunidad se cierra con la designación reciente de Jiménez, ex ministro de Gobierno y Justicia histórico de esta gestión, como jefe de los fiscales y defensores (asumió en agosto): “él es el ingeniero, el arquitecto y el pensador del sometimiento del fuero penal. Estos ejemplos entristecen y enlutan a los tucumanos, pero vamos a seguir luchando para que nuestros Tribunales recuperen su independencia”.
Pero ya en el Aula Magna colmada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el ídolo se presenta como un simple fiscal de Instrucción que pretende cumplir la ley y actuar con autonomía. “Es posible investigar al poder y frenar sus abusos”, dice con sencillez desde el estrado que comparte con el jurista Ricardo Gil Lavedra (su defensor en el jury que organizó un tribunal del Ministerio Público Fiscal de la Nación), y con Fernando Valdez, legislador provincial (UCR) y profesor de la casa (el egresado Martín Rivas hace las veces de moderador). La mesa panel en cuestión forma parte del XI Congreso Nacional de Derecho y ha sido titulada “Poder Judicial: cuestiones en torno a su independencia”.
“No conocía Tucumán y pude dar un paseo. Fui a la Casa Histórica y me pareció muy inspiradora. En ese lugar se reunieron nuestros antepasados para pensar el país: me parece que los estamos defraudando un poco”, comenta Campagnoli al inicio de su exposición. Vestido como siempre (traje oscuro, corbata desajustada, melena engominada y barba tupida), el fiscal dice que es propio de los poderosos el querer crecer a costa de avasallar derechos e instituciones. “Por eso la división del poder multiplica la democracia”, reflexiona.
Cobijado por el silencio de una platea decididamente joven (ocupan las butacas de la primera fila los legisladores radicales Federico Romano Norri y Roberto Sánchez, y el académico Miguel Marcotullio), Campagnoli recuerda que se recibió de abogado mientras trabajaba en los Tribunales; que empezó de abajo; que siempre se sintió independiente y que fue recién cuando asumió como titular de la Fiscalía que advirtió la existencia de una inercia hacia la comodidad. “Pero a mí lo que me interesa es equilibrar la balanza y honrar mi función cumpliendo la ley”, explica. Y añade que su caso (iniciado por el pedido de destitución de Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación y lideresa del movimiento Justicia Legítima) demostró la fragilidad del sistema o cómo el sistema persigue a quienes ejercen su independencia. “Pero también demostró que la ciudadanía tiene un poder enorme para movilizarse y defender las instituciones”, concluye Campagnoli, no sin antes precisar que, si bien pudo volver a su despacho tras ocho meses de suspensión, su futuro aún está en manos de un tribunal con mayoría oficialista.
La deuda interna
“Hoy la regla es que los delitos del poder quedan impunes”, enuncia a su turno Gil Lavedra, ex diputado nacional (UCR), ex miembro del tribunal que enjuició a las Juntas Militares y experto en Derecho Penal. “Y a quien está dispuesto a investigar le sucede lo que a Campagnoli. La Justicia argentina tiene una gran deuda con la sociedad: el esclarecimiento de los casos de corrupción”, razona el jurista.
La lucha por la vigencia plena y amplia de la independencia judicial debe ser asumida por las nuevas generaciones, según Gil Lavedra. “Comprométanse con el Estado de Derecho y con la democracia”, dice levantando la voz. Y el abogado precisa, para que se entienda, que ello exige el respeto por cuatro principios básicos: imperio de la ley, división del poder, rendición de cuentas y sujeción de los actos a los derechos fundamentales.
La matriz de impunidad
“#TodosSomosCampagnoli”, expresa Valdez para rememorar el lema (o etiqueta de Twitter) que convirtió al fiscal en símbolo de la batalla por la independencia judicial. “Tanto Campagnoli como Gil Lavedra expresan la aspiración de que haya jueces capaces de limitar el poder y evitar la tiranía”, elogia el legislador. Y a continuación se lanza a presentar el caso de Tucumán donde, según su opinión, existe una matriz de impunidad que impide investigar y juzgar al poder.
“El régimen de José Alperovich, que gobierna la provincia desde hace 12 años, se asienta sobre la colonización del fuero penal”, comenta. Y a modo de ejemplo cita los casos del ex fiscal Carlos Albaca, del juez Francisco Pisa y del ministro público Edmundo Jiménez. Del primero refiere que durante casi siete años bloqueó la investigación del homicidio de Paulina Lebbos, uno de los casos más sensibles para el poder político, y que, sin embargo, el alperovichismo le permitió acceder a la jubilación con el beneficio del 82% móvil. Respecto de Pisa, manifiesta que este lleva una década actuando como “juez de garantías del grupo de Alperovich” y protegiendo los intereses del gobernador que lo nombró magistrado por un acto de discrecionalidad pura. “Hemos presentado ocho causas que prueban su falta de imparcialidad, pero el oficialismo archivó nuestro pedido de destitución en un trámite express”, relata.
Por último, Valdez afirma que el círculo de impunidad se cierra con la designación reciente de Jiménez, ex ministro de Gobierno y Justicia histórico de esta gestión, como jefe de los fiscales y defensores (asumió en agosto): “él es el ingeniero, el arquitecto y el pensador del sometimiento del fuero penal. Estos ejemplos entristecen y enlutan a los tucumanos, pero vamos a seguir luchando para que nuestros Tribunales recuperen su independencia”.
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