Por Marcelo Batiz
14 Septiembre 2014
BUENOS AIRES.- El calendario político-económico suele dividir septiembre en dos mitades: en la primera, el Gobierno ultima los detalles del proyecto de Presupuesto Nacional de 2015; en la segunda, oficialistas y opositores se reparten los roles para alabar y condenar la iniciativa. En el límite de esas dos quincenas, se está en condiciones de adelantar que en el debate parlamentario desde el kirchnerismo destacarán la fortaleza de la política económica tendiente a consolidar el círculo virtuoso del modelo de matriz diversificada con inclusión social, que puede sortear las adversidades de un planeta que se desmorona. Y que la oposición insistirá en que el proyecto es un dibujo, que el Gobierno sigue empecinándose en negar la inflación y que no le presta la debida atención a la Educación, la Salud y el Desarrollo provincial. Nada nuevo en una ficción de debate que oculta algo que se convirtió en habitual. Y es que entre el Presupuesto efectivamente ejecutado y el que se aprueba como ley hay diferencias enormes, tanto en las cifras globales de gastos y recursos como en su distribución.
A no rasgarse las vestiduras: todo es perfectamente legal. O dicho de otra forma, fueron los propios diputados y senadores los que aceptaron mansamente, sin presiones, delegar su indelegable rol de legislar, no ya en manos del Poder Ejecutivo sino en las del jefe de Gabinete. En ese aspecto, el kirchnerismo demostró ser la etapa superior del menemismo. El artículo 37 de la ley de Administración Financiera de 1992 reservaba al Congreso “las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como los cambios que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras”.
Hubo que esperar al viernes 30 de junio de 2006, para que mientras el país asistía a la definición por penales entre Argentina y Alemania en el Mundial de fútbol, se enviara una modificación que restringe las facultades del Congreso solo a “las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto”. El resto de las atribuciones que le reservaba el artículo modificado quedó en manos del jefe de Gabinete. Vueltas de la vida y la política: el jefe de Gabinete que impulsó y se favoreció con esa ley hoy milita en la oposición. Y el que lo sucedió, también. El resultado de esa delegación de facultades es una suma de redistribuciones y ampliaciones presupuestarias que año tras año desvirtúan por completo lo que se sancionó en el Congreso. Para quien aún tenga dudas, no está de más echar un vistazo a todos los cambios que se hicieron de los presupuestos en casi 11 años de administración kirchnerista:
• Alberto Fernández, primer jefe de Gabinete del período considerado, firmó 656 decisiones administrativas que modificaron los presupuestos. Una cada 2,87 días.
• Sergio Massa 123, una cada 2,84 días.
• Aníbal Fernández 263, una cada 3,36 días.
• Juan Abal Medina 104, una cada 6,83 días.
• Al momento de cerrar este relevamiento, Jorge Capitanich firmó 34, es decir 1 cada 8,56 días. Podrá decir que cuenta con el mejor promedio en alguna de sus apasionantes conferencias matinales.
Si esas 1.180 modificaciones son más que suficientes para dejar en claro que las últimas leyes de Presupuesto sancionadas por el Congreso poco y nada tienen que ver con la realidad, debe agregarse la veintena de decretos de necesidad y urgencia que van más allá de una mera redistribución del gasto. El último, el 1246 del 1 de agosto, lo amplía en nada menos que 199.045 millones de pesos, equivalentes al 23 por ciento del gasto autorizado en la ley.
Esa suma de 1.200 redistribuciones y ampliaciones se convirtieron en auténticos presupuestos paralelos que en los últimos años aparecieron sin pasar por la esquina de Entre Ríos y Rivadavia: en 2012, el presupuesto efectivamente ejecutado fue 85.703,1 millones de pesos más que el sancionado por ley, en 2013 la brecha fue de $ 156.246,3 millones y en lo que va de 2014 el conteo alcanza a $ 225.744,5 millones.
Se podrá argumentar que la inflación no contemplada a la hora de diseñar el proyecto de ley obligó en cada caso a ampliaciones que, en realidad, son adecuaciones por los aumentos de precios. Eso sería válido si todos los créditos se aumentasen en la misma proporción, algo que está muy lejos de ser real. Por ejemplo, el último DNU dispone emisiones de títulos de la deuda en $ 150.000 millones, incrementa el gasto del Ministerio de Planificación en 48.370 millones y los del Poder Legislativo en... cero. Ni siquiera un módico reconocimiento al poder que aceptó resignar su rol de legislador. Si hay algo peor que perder una batalla, es rendirse sin siquiera librarla.
A no rasgarse las vestiduras: todo es perfectamente legal. O dicho de otra forma, fueron los propios diputados y senadores los que aceptaron mansamente, sin presiones, delegar su indelegable rol de legislar, no ya en manos del Poder Ejecutivo sino en las del jefe de Gabinete. En ese aspecto, el kirchnerismo demostró ser la etapa superior del menemismo. El artículo 37 de la ley de Administración Financiera de 1992 reservaba al Congreso “las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como los cambios que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras”.
Hubo que esperar al viernes 30 de junio de 2006, para que mientras el país asistía a la definición por penales entre Argentina y Alemania en el Mundial de fútbol, se enviara una modificación que restringe las facultades del Congreso solo a “las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto”. El resto de las atribuciones que le reservaba el artículo modificado quedó en manos del jefe de Gabinete. Vueltas de la vida y la política: el jefe de Gabinete que impulsó y se favoreció con esa ley hoy milita en la oposición. Y el que lo sucedió, también. El resultado de esa delegación de facultades es una suma de redistribuciones y ampliaciones presupuestarias que año tras año desvirtúan por completo lo que se sancionó en el Congreso. Para quien aún tenga dudas, no está de más echar un vistazo a todos los cambios que se hicieron de los presupuestos en casi 11 años de administración kirchnerista:
• Alberto Fernández, primer jefe de Gabinete del período considerado, firmó 656 decisiones administrativas que modificaron los presupuestos. Una cada 2,87 días.
• Sergio Massa 123, una cada 2,84 días.
• Aníbal Fernández 263, una cada 3,36 días.
• Juan Abal Medina 104, una cada 6,83 días.
• Al momento de cerrar este relevamiento, Jorge Capitanich firmó 34, es decir 1 cada 8,56 días. Podrá decir que cuenta con el mejor promedio en alguna de sus apasionantes conferencias matinales.
Si esas 1.180 modificaciones son más que suficientes para dejar en claro que las últimas leyes de Presupuesto sancionadas por el Congreso poco y nada tienen que ver con la realidad, debe agregarse la veintena de decretos de necesidad y urgencia que van más allá de una mera redistribución del gasto. El último, el 1246 del 1 de agosto, lo amplía en nada menos que 199.045 millones de pesos, equivalentes al 23 por ciento del gasto autorizado en la ley.
Esa suma de 1.200 redistribuciones y ampliaciones se convirtieron en auténticos presupuestos paralelos que en los últimos años aparecieron sin pasar por la esquina de Entre Ríos y Rivadavia: en 2012, el presupuesto efectivamente ejecutado fue 85.703,1 millones de pesos más que el sancionado por ley, en 2013 la brecha fue de $ 156.246,3 millones y en lo que va de 2014 el conteo alcanza a $ 225.744,5 millones.
Se podrá argumentar que la inflación no contemplada a la hora de diseñar el proyecto de ley obligó en cada caso a ampliaciones que, en realidad, son adecuaciones por los aumentos de precios. Eso sería válido si todos los créditos se aumentasen en la misma proporción, algo que está muy lejos de ser real. Por ejemplo, el último DNU dispone emisiones de títulos de la deuda en $ 150.000 millones, incrementa el gasto del Ministerio de Planificación en 48.370 millones y los del Poder Legislativo en... cero. Ni siquiera un módico reconocimiento al poder que aceptó resignar su rol de legislador. Si hay algo peor que perder una batalla, es rendirse sin siquiera librarla.
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