“En Tucumán, la gente humilde y enferma adquiría bonos en default”

“En Tucumán, la gente humilde y enferma adquiría bonos en default”

El ex procurador del Tesoro prestó declaración

03 Septiembre 2014
Un comentario genérico sobre las irregularidades detectadas en los juicios con títulos públicos radicados en la Justicia Federal de Tucumán puso en marcha la maquinaria institucional que frustró el pago de los bonos, y que derivó en la destitución de Felipe Terán, ex juez N°2, y en la renuncia de Jorge Parache, ex juez N°1, y, desde el 25 de agosto pasado, en el juicio oral de las causas “Borquez” y “Camandona”. El comentario en cuestión surgió en la conversación que en 2005 mantuvieron Yolanda Eggink, ex directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de la Nación, y Osvaldo César Guglielmino, ex procurador del Tesoro de la Nación, según el testimonio que este prestó ayer.

En la cuarta jornada del juicio que celebra el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), Guglielmino detalló las circunstancias que lo llevaron a ordenar una auditoría en los juzgados entonces a cargo de Terán (coimputado) y de Parache. “En Tucumán, la gente humilde y enferma adquiría bonos en default, y, a los pocos días, promovía un juicio”, ironizó el testigo durante su deposición por videoconferencia, mecanismo de declaración impugnado -infructuosamente- por la defensa de Terán.

Desde la Ciudad de Buenos Aires y en condiciones técnicas poco felices (la transmisión se cortó varias veces; hubo constantes dificultades de audio y la imagen sufrió permanentes distorsiones, como si de un retrato del pintor irlandés Francis Bacon se tratase), Guglielmino relató que comenzó a preocuparse por lo que ocurría en esta provincia cuando advirtió que la Justicia dictaba cautelares a favor de compradores de bonos alcanzados por la cesación de pagos dispuesta en 2001, como Inés Yolanda Borquez.

Aquella situación dio pie al desplazamiento de los abogados del Ministerio de Economía de la Nación encargados de defender al Estado en esos juicios (Laura Alercia y Guillermo Jerez); a la decisión de suspender los pagos ordenados por la Justicia y a la puesta en marcha de una auditoría, según el ex procurador. El testigo comentó que la orden que frenó la cautelar molestó al letrado Daniel Martín (coimputado), que en 2005 -no pudo precisar cuándo- fue a verlo a su despacho. “Él me decía que no recordaba cuándo había iniciado el juicio (para cobrar los títulos en dólares) y siempre surgía que eso había ocurrido dos días después de la adquisición de los títulos. Ante la inverosimilitud de los episodios, fue confrontado y él no pudo explicar lo que ocurría”, expresó.

También desde la capital del país, Jorge Nicolás Amado, ex titular de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, manifestó que en su momento le llamó la atención el ingreso de títulos públicos a la cuenta de Borquez a posteriori de la medida cautelar que había dictado Terán. “Hasta entonces, la Justicia amparaba a quienes habían adquirido títulos hasta diciembre de 2001 (cuando el país entró en cesación de pagos)”, dijo. Amado añadió que el letrado Alfredo Ducca (coimputado) quiso hablar con él sobre este tema, aunque precisó que no lo recibió. Pero, luego, la defensa del profesional aludido expresó que en los registros no constaba que Ducca hubiese ingresado en el edificio donde trabajaba Amado.

En el debate de este martes también participó Guillermo García, autor de la auditoría que ordenó Guglielmino (ayer no asistieron al juicio ni Jerez ni Alercia, entre otros deponentes, y el lunes faltó Sara Inés Caporaletti, ex secretaria civil del Juzgado Federal N°2). Tras la exposición del auditor, la camarista Alicia Noli tomó la iniciativa y propuso reducir el número de testigos pendientes (quedan abundantes declaraciones testimoniales para las dos jornadas de juicio por delante -11 y 16 de septiembre-), pero el fiscal Leopoldo Peralta Palma se opuso a desistir en el momento y pidió tiempo para pensar la proposición. A continuación intervino Gabriel Casas (presidente del TOF) y dijo que le parecía perfecto que el fiscal quisiese meditar el asunto, y zanjó el asunto con una sentencia “irrecurrible”: “la presidencia (del tribunal) dispone un cuarto intermedio hasta el 11 de septiembre”. Dicho esto y sin más, el juez se puso de pie y abandonó la sala.

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