Todo lo que les preocupa es nada de lo que importa

Todo lo que les preocupa es nada de lo que importa

Todo lo que les preocupa es nada de lo que importa
Malas noticias: se confirmó, nomás, la fundada presunción de que a los gobernantes les importan nada los argentinos y sus comunes casos de toda suerte austral.

El dólar se ha desbocado, la inflación galopa sin riendas, el consumo cayó respecto de julio, tres centrales obreras concretaron un paro y la Presidenta, por todo mensaje, dijo que no le parecía mal la idea Santiago del Estero como capital federal. Comparado con lo que pasa en Tucumán, lo de Cristina parece de estadista...

Aquí, todo se ahoga en el sumidero de 2015. El gobernador (afecto últimamente al destrato de algunas periodistas, frente a la impávida patria movilera masculina) alterna entre la guerra fría contra el intendente, Domingo Amaya, y la campaña caliente para dejar en la banquina a Juan Manzur. El sábado pasado, José Alperovich visitó Alberdi para entregar una ambulancia, gentileza del Ministerio de Salud de la Nación. Pero el ministro nacional estaba en China. Así que al acto lo explotaron la senadora Beatriz Rojkés y el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, además del secretario nacional de Obras Públicas, José López, quien no reúne los requisitos constitucionales para ser candidato a gobernador o vicegobernador en Tucumán, pero sí para disputar una banca de diputado.

Léase, el mandatario ha vuelto al centro del ring político. Hasta aquí, parecía estar contra las cuerdas del rol institucional. Fue entonces cuando su compañero de fórmula se promocionó como seguro sucesor, a fuerza de presentar un libro propio en la propia Legislatura (elenco estable de parlamentarios, incluido); de aparecer como copiloto aéreo del gobernador bonaerense Daniel Scioli en visita a Tucumán; y hasta de inaugurar el Hospital Néstor Kirchner con carteles y pancartas que sólo decían “Manzur 2015”. Ayer, Alperovich inauguró 240 viviendas para ATSA, acompañado por Jaldo, y ni una pancarta del gremio próximo a Manzur se acordó del funcionario otra vez ausente.

La Legislatura es otro embudo donde las elecciones por venir todo lo centrifugan. El presidente del bloque oficialista llevó al recinto el dictamen para construir una nueva cárcel, que implica dejar el penal de Villa Urquiza disponible para su enajenación, y el peronismo mostró sus grietas. Cuando el manzurista Roque Álvarez pedía que el proyecto de 18 autores pasase a la comisión de Educación y Cultura, ante el pedido de la Comisión Provincial de Patrimonio, el alperovichista Ramiro González Navarro, clamó que también vaya donde Hacienda y Presupuesto, porque la penitenciaria de 17 hectáreas se incluirá en el plan Activo por Activo. En realidad, se sacaban chispas. El proyecto de Álvarez y compañía no propuso enajenar Villa Urquiza: a eso lo fijó en 2012 la comisión de Seguridad, entonces presidida por el hoy massista Gerónimo Vargas Aignasse.

Por supuesto, no hablaban de lo que le conviene a la comunidad. Antes de vender una cárcel y de hacer otra habría que declarar en emergencia el sistema penitenciario provincial, lo cual ha sido formalmente propuesto por Beatriz Ávila. Pero como ella es amayista...

Como sólo importan las elecciones, el convulso oficialismo sólo se puso de acuerdo en una iniciativa electoral, que implicó dos malas noticias. La primera: los partidos que representan a nadie seguirán siendo partidos. La segunda: ni siquiera se opuso toda la oposición.

Los embates

Haber establecido que en Tucumán los partidos políticos podrán durar cinco elecciones consecutivas sin obtener los votos equivalentes al 3% del padrón es un acto de lesa representación. Y la representatividad ya soporta tres demoledores embates. El primero fue el bastardeo que canjear la voluntad de los electores por prebendas (dinero, contratos, planes sociales, comestibles). El segundo fue consecuencia del “voto bolsón”: cambió el contrato entre representado y representante. Antes, un candidato electo debía rendir cuenta durante todo el mandato a su electorado; ahora, como “compra” la banca, su relación con el votante se extingue el día de la votación. El tercero fue la candidatura testimonial. Además de la estafa que implica, el camarista electoral Alberto Dalla Vía, en el fallo “Novello”, profetizó que pasábamos de los candidatos a representantes del pueblo a los postulantes a ganar elecciones. O sea, la representación es una rifa.

Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático, pauta el artículo 38 de la Constitución Nacional, porque la misma Carta Magna les confiere el monopolio del acceso a los cargos públicos electivos: sólo se puede ser candidato a través de un partido. A cambio de ese derecho, su deber es gozar de predicamento en las urnas. “La Corte Suprema de la Nación ha dejado sentado que (...) el mantenimiento de la personalidad de los partidos se encuentre directamente relacionado con la existencia de un volumen electoral identificado con sus objetivos. De lo contrario, se transformarían en estructuras vacías de contenidos e ineptas para cumplir con la función que le es propia”, refiere el fallo 2211/96 de la Cámara Nacional Electoral. Lo citó en el dictamen de minoría el radical Ariel García, con el que la UCR rechazó este salvavidas para sellos de goma de alquiler para aventuras electorales. El problema es que también hay agrupaciones de las otras que terminaron salvadas.

El que se encargó de desnudar esa complejidad fue, otra vez, Roque Álvarez. El peronista ejemplificó que la Democracia Cristiana debería perder su personería política porque ni en 2007 ni en 2011 sumó el 3% de los votos del padrón provincial (30.000 sufragios). Por caso, Comunidad en Organización tampoco acumuló esa cifra hace tres años. Sin embargo, la DC tiene un legislador (José Páez) y el acople oficialista tiene dos (Rolando Alfaro y Noemí Correa). La primera tesis de Álvarez fue que no se puede negar existencia a una fuerza con representación parlamentaria. Muchos respiraron aliviados. La segunda: si la ley fija el 3% de los votos para que un partido mantenga personería, y sólo se accede a un cargo electivo mediante un partido, ¿el Sistema D´Hondt no debería aplicarse, para distribuir escaños, sólo entre partidos que consiguen más del 3% de los votos del padrón en esa elección? Una decena de peronistas y opositores contuvieron el aliento.

El planteo, más allá del grado de sensatez, desnuda el estrago de la democracia pavimentadora: lleva 11 años de dominio legislativo, pero no ha sido capaz de darle a Tucumán un sistema comicial decente. Eso mismo exige, en el colmo del descaro institucional, la mismísima Constitución alperovichista. El artículo 158 fijó que en 2006 la Legislatura debía dictar una Ley de Régimen Electoral y de los Partidos Políticos. Como nunca lo hicieron, Ricardo Bussi atragantó al kirchnerismo: en lugar de cumplir con una Carta Magna de la democracia, mantienen vigente, a fuerza de modificaciones, una norma de la dictadura: la Ley 5.454 de Partidos Políticos data de enero de 1983. Y justo cuando algunos radicales quisieron reclamar que no cambien las reglas un año y medio antes de los comicios, el líder de la bancada oficialista les recordó que, en julio, el centenario partido cambió su carta orgánica un día antes del plazo para inscribir listas en la interna.

La obturación

El trasfondo trasciende las chicanas, los discursos en nombre de salvar partidos señeros caídos en coyuntural desgracia, y las pijoterías para usar en 2015 los partiditos de nadie que ni en 2007 ni en 2011 pudieron hacer que tres de cada 100 tucumanos les dieran el voto.

Lo real es que en Tucumán se sigue obturando la posibilidad de una reforma electoral que garantice claridad de ofertas al votante y transparencia al acto eleccionario. Santa Fe, por caso, avanza en la “Boleta Única”, una papeleta que se entrega en la mesa de votación y que lleva impresa la totalidad de la oferta electoral (todas las listas, en todas las categorías). No hay más robo de votos en el cuarto oscuro, ni “voto cadena”, ni “voto calzado”. ¿Cómo va a ser eso posible aquí, con 64 partidos provinciales, 175 municipales y 21 comunales? ¿Qué dimensiones tendría nuestra “Boleta Única”?

Ahí cobra respuesta la pregunta incontestable. La legislación nacional hace caducar la personería política de todo partido que no reúne el 3% de los votos en dos elecciones consecutivas (se vota cada dos años) ¿Por qué, en Tucumán, eso ocurrirá sólo después de cinco comicios seguidos, o sea 20 años (las votaciones provinciales se dan cada cuatro)? ¿Por qué no 10 votaciones? ¿O 20? La cifra es arbitraria porque Álvarez, en realidad, no estaba discutiendo cantidades sino el mantenimiento del statu quo. Y pensar que algunos de sus pares creen que está perdiendo influencia...

El descontrol

Giovanni Sartori enseña que los sistemas electorales impactan sobre los sistemas de partidos. Según el diseño del primero, el segundo será bipartidista o pluripartidista. ¿Qué alumbra un sistema electoral de 200 agrupaciones? Un sistema de partidos que no tiene nombre. Y un sistema político que no tiene control.

El ombudsman, Hugo Cabral, a instancias del edil radical José Luis Avignone, pidió a la Sociedad Aguas del Tucumán que informe el destino de un canon para obras de infraestructura. La SAT contestó que, como el ente regulador (Ersept) ya brinda esa información en un expediente judicial, la solicitud de datos es “abstracta”. ¿En cuál república es “abstracto” que el Defensor del Pueblo pregunte qué se hace con la plata del pueblo? En ninguna otra sino en la descontrolada República de Tucumán.

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