Por Roberto Delgado
15 Agosto 2014
La Justicia, el último recurso cuando han fallado las otras instancias de una discusión, está llamada a tener injerencia en el conflicto salarial en la Universidad. Pero falta muchísimo para eso, si ni siquiera está claro qué Justicia debería intervenir: ¿la provincial? ¿La federal? ¿La penal? ¿La laboral? Son tantos los frentes abiertos, que el final del camino se pierde en la bruma: a pesar del escándalo del miércoles, esto va para largo. A menos que el problema se asuma en serio y se separe la paja del trigo.
Lo primero es el intríngulis para tratar la protesta. Nadie la ha declarado ilegal y no muestran intenciones de hacerlo los funcionarios de la UNT ni los de la Provincia, que se metieron en este asunto por pedido de la rectora Alicia Bardón al gobernador José Alperovich. ¿Entonces? El camino que avizoraban los funcionarios era que se dictara la conciliación obligatoria. Eso es lo que había buscado el juez federal I Daniel Bejas, cuando ordenó a Trabajo de la Nación que cite a una audiencia a las partes del conflicto: los docentes de Adiunt, los de Conaduh, el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades de la UNT.
Pero en esa audiencia (el martes 5/8) se pasó a un cuarto intermedio para el lunes pasado y no se dictó la conciliación (Educación de la Nación no quiere meterse en el asunto porque considera que la negociación salarial ya está cerrada). Poco después, Bardón fue a ver a Alperovich y se produjo un cambio: el miércoles 6 la Secretaría de Trabajo de la Provincia dictó la conciliación obligatoria y los funcionarios de la UNT, en vez de acudir a Trabajo nacional, al final del cuarto intermedio (el lunes 11), esperaron que todos fueran a la oficina de Trabajo provincial. Ese mismo día Adiunt iba a la oficina nacional, desconociendo a la de la Provincia. Pero ahí no había nadie. Las otras partes (incluso Trabajo de la Nación) estaban en la oficina provincial. Argumentaban que pese a que es un problema de debate federal, ya hubo antecedentes de negociación con Adiunt en el ámbito provincial. La intriga va a terminar en la justicia pero para cuando se resuelva ya habrá terminado el año. Ni siquiera se sabe si la resolución que dictó el juez Bejas se ha cumplido o ha sido desoída.
Por otro lado está la denuncia que le hicieron a la rectora por presunto abuso de autoridad al haber pedido a la provincia que intervenga en un asunto que le compete a la huidiza Nación. Y falta que la UNT decida si hará intervenir a la justicia para sancionar a Trabajo de la Nación por no haber dictado la conciliación obligatoria. Así lo planteó el subsecretario Legal y Técnico de la UNT, Rodolfo Burgos.
Nadie entiende nada. Unos dicen que está bien que se meta la Provincia y los otros que lo que corresponde es que la Nación (tanto a nivel de Trabajo como a nivel de Educación) reconozca el conflicto y se involucre, en vez de minimizarlo, como hizo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. En voz baja, las partes sugieren que hay formas de que la Nación ayude a resolver la crisis sin reabrir la paritaria.
Mientras tanto la tensión aumenta de manera brutal. El frustrado desalojo, hecho con una violencia que hizo recordar los incidentes de la reelección de Mario Marigliano en 2002, no sólo volvió a desnudar la pésima política de usar grupos de seguridad en la UNT, que fácilmente se desmadran y chocan con estudiantes (fracasando, encima), sino que obligaría a otra injerencia judicial para deslindar responsabilidades. Hay denuncias. Estaría bien que se identifique a los agresores de la salvajada del miércoles.
Los huelguistas sostienen que ninguna reivindicación se ha logrado sin lucha de acción directa, por lo que la apelación a que vuelvan a las aulas y esperen una hipotética mejora es dudosa. El debate sigue siendo mediático, enredado judicialmente y poco constructivo. Pero las tensiones asustan: “nos hace retroceder muchísimos casilleros”, dijo Burgos.
Sólo que esto no es un juego aunque la Nación piense que sí y se desentienda del asunto. Es una crisis que afecta brutalmente a la comunidad universitaria.
Lo primero es el intríngulis para tratar la protesta. Nadie la ha declarado ilegal y no muestran intenciones de hacerlo los funcionarios de la UNT ni los de la Provincia, que se metieron en este asunto por pedido de la rectora Alicia Bardón al gobernador José Alperovich. ¿Entonces? El camino que avizoraban los funcionarios era que se dictara la conciliación obligatoria. Eso es lo que había buscado el juez federal I Daniel Bejas, cuando ordenó a Trabajo de la Nación que cite a una audiencia a las partes del conflicto: los docentes de Adiunt, los de Conaduh, el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades de la UNT.
Pero en esa audiencia (el martes 5/8) se pasó a un cuarto intermedio para el lunes pasado y no se dictó la conciliación (Educación de la Nación no quiere meterse en el asunto porque considera que la negociación salarial ya está cerrada). Poco después, Bardón fue a ver a Alperovich y se produjo un cambio: el miércoles 6 la Secretaría de Trabajo de la Provincia dictó la conciliación obligatoria y los funcionarios de la UNT, en vez de acudir a Trabajo nacional, al final del cuarto intermedio (el lunes 11), esperaron que todos fueran a la oficina de Trabajo provincial. Ese mismo día Adiunt iba a la oficina nacional, desconociendo a la de la Provincia. Pero ahí no había nadie. Las otras partes (incluso Trabajo de la Nación) estaban en la oficina provincial. Argumentaban que pese a que es un problema de debate federal, ya hubo antecedentes de negociación con Adiunt en el ámbito provincial. La intriga va a terminar en la justicia pero para cuando se resuelva ya habrá terminado el año. Ni siquiera se sabe si la resolución que dictó el juez Bejas se ha cumplido o ha sido desoída.
Por otro lado está la denuncia que le hicieron a la rectora por presunto abuso de autoridad al haber pedido a la provincia que intervenga en un asunto que le compete a la huidiza Nación. Y falta que la UNT decida si hará intervenir a la justicia para sancionar a Trabajo de la Nación por no haber dictado la conciliación obligatoria. Así lo planteó el subsecretario Legal y Técnico de la UNT, Rodolfo Burgos.
Nadie entiende nada. Unos dicen que está bien que se meta la Provincia y los otros que lo que corresponde es que la Nación (tanto a nivel de Trabajo como a nivel de Educación) reconozca el conflicto y se involucre, en vez de minimizarlo, como hizo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. En voz baja, las partes sugieren que hay formas de que la Nación ayude a resolver la crisis sin reabrir la paritaria.
Mientras tanto la tensión aumenta de manera brutal. El frustrado desalojo, hecho con una violencia que hizo recordar los incidentes de la reelección de Mario Marigliano en 2002, no sólo volvió a desnudar la pésima política de usar grupos de seguridad en la UNT, que fácilmente se desmadran y chocan con estudiantes (fracasando, encima), sino que obligaría a otra injerencia judicial para deslindar responsabilidades. Hay denuncias. Estaría bien que se identifique a los agresores de la salvajada del miércoles.
Los huelguistas sostienen que ninguna reivindicación se ha logrado sin lucha de acción directa, por lo que la apelación a que vuelvan a las aulas y esperen una hipotética mejora es dudosa. El debate sigue siendo mediático, enredado judicialmente y poco constructivo. Pero las tensiones asustan: “nos hace retroceder muchísimos casilleros”, dijo Burgos.
Sólo que esto no es un juego aunque la Nación piense que sí y se desentienda del asunto. Es una crisis que afecta brutalmente a la comunidad universitaria.
Lo más popular
