Por Paula Barbaran
08 Junio 2014
El caso de las turistas visibilizó la Justicia salteña
La sentencia que condenó a Gustavo Lasi a 30 años de prisión y absolvió a otros dos acusados por las muertes de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, es un punto de inflexión para el Poder Judicial de la vecina provincia, según afirma un sociólogo. Jean Michel Bouvier sorprendió por su entereza a pesar del drama sufrido. Cambios en las leyes.
FUERTE PRESENCIA. El padre de Cassandre se volvió un referente en el reclamo de los cambios en las investigaciones penales y en el proceder de la Policía. la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso (archivo)
Pasaron casi tres años de la violación y muerte de Cassandre Bouvier, de 29 años, y Houria Moumni, de 23. Las dos turistas francesas viajaron a Salta de vacaciones y en el invierno de 2011 visitaron la Quebrada de San Lorenzo, una reserva natural donde sus cadáveres, golpeados, con balazos y signos de violación, fueron hallados el 29 de julio.
En marzo de este año se dio inicio a uno de los juicios orales y públicos que más conmovieron a la sociedad salteña. El lunes pasado se leyó la sentencia: uno de los cinco acusados obtuvo 30 años de prisión, mientras que el tribunal absolvió a los otros dos principales imputados e impuso penas de dos años condicionales por encubrimiento al resto.
Si bien es prematuro indicar que este caso implicó un cambio en la sociedad salteña (todavía existe la posibilidad de que el juicio continúe a través de instancias como la apelación y la posibilidad de revisar la propia instrucción) hay señales que indican que algunas cosas ya no son iguales. Quizás esto no se observe en el juicio en sí mismo, sino en el contexto social en los cuales se realizó la investigación y ahora el juicio.
Entre el día en que ocurrió el crimen y el del inicio del juicio oral, se implementó una nueva ley de procedimiento penal de Salta (Ley 7690), sancionada a fines de 2011 y que empezó a regir completamente en 2013. En los fríos meses de julio de 2011 la investigación del caso fue realizada por el entonces juez de Instrucción Martín Pérez, bajo el antiguo procedimiento.
Eso ha sido reemplazado por la investigación penal preparatoria que dirigen los fiscales, similar al sistema que rige en Tucumán. La sentencia dictada los primeros días de junio fue muy crítica con la etapa de instrucción. De las tres personas privadas de libertad fueron absueltas dos, por el beneficio de la duda. El fallo consignó que Pérez había enviado a juicio a Gustavo Lasi, Daniel Vilte Laxi y Santos Vera por la simple sospecha y sin haber agotado todas las posibilidades que le brindaba la investigación.
Con el nuevo procedimiento penal salteño los fiscales tienen mayor panorama investigativo. En caso de negativa, existe la figura de un Juez de Garantías que decidirá si la prueba aportada es pertinente o no, brindando, justamente, garantías en el proceso. En este contexto de cambios de procedimientos, la sentencia dictada fue como decir “nos equivocamos y habrá que seguir”, dentro de las instancias previstas por la ley.
Una nueva dimensión
“Lo que llama mucho la atención en este caso es la celeridad de muchas decisiones, esto de seguir una línea de investigación y desechar otras. En un sentido socio jurídico, hay una nueva dimensión que tienen los procesos judiciales en las sociedades actuales del NOA, sobre todo porque están ocupando un lugar que antes lo tenía la política, la religión o la cultura”, dice Marcelo Ibarra, sociólogo de la Universidad Nacional de Salta.
Según el especialista, el espacio de la Justicia es un escenario en que se dirimen otras cosas además del derecho. “Este caso hizo visible el procedimiento de la Justicia y que esta se cuestione de alguna manera, a través de la crítica, de la duda o de la defensa”, agrega.
Si bien durante el proceso del juicio se criticó fuertemente la forma de los procedimientos, se generó una esfera pública jurídica donde intervinieron muchos actores. “Eso es saludable desde cierto punto, porque construye ciudadanía y derecho y permite poner en tela de juicio decisiones que en otro momento eran indiscutibles e inapelables”, afirma Ibarra.
Marcados en francés
La fuerte presencia de Jean Michel Bouvier en el juicio también fue muy comentada. El padre de una de las víctimas asistió a todas las audiencias e investigó todo el expediente. Las únicas declaraciones que se conocían de las dos familias lastimadas provenían de su boca.
“La sed de justicia de los familiares de las víctimas muchas veces puede estar insatisfecha porque es difícil, desde el dolor, reparar ese daño que se ha causado. Sin embargo, la figura de Bouvier rompió los esquemas argentinos cuando declaró, luego de la sentencia, que no estaba feliz porque una persona vaya a prisión”, analiza Ibarra.
Si algo se destacó fue la visión del francés sobre nuestra Justicia, que funciona, desde su mirada de europeo, de una manera pre-moderna. “Los extranjeros no entienden la importancia del papel, de la denuncia, de nuestros procedimientos. Es muy paradójico el accionar de Bouvier y acá en Salta le prestaron mucha atención, quizás por ser extranjero. Las madres del dolor llevan muchas marchas y ¿cuántas veces le prestaron atención?”; comenta el sociólogo.
Estar a la vista de toda una sociedad exige a los actores judiciales contar con un discurso público y un razonamiento que tengan algo de legitimidad en lo que hacen o no hacen. “Bouvier sorprendió de entrada como persona. No es habitual que un familiar en un caso de esa violencia tenga la entereza y la frialdad, en el buen sentido, para analizar las cosas y tratar de ser justo”, dice Martin van Dam, periodista salteño y docente de radio en la Universidad Nacional de Salta.
Justicia para pocos
Mientras tanto, en esta provincia son las víctimas las que claman justicia desde hace mucho tiempo. Las madres de la impunidad, reunidas en una comisión, llevan 169 marchas semanales en la plaza 9 de Julio. “Nos falta saber la verdad, nos queda eso: saber la verdad”, dice Ana Fernández, madre de Cintia, quien fue hallada sin vida el 3 de mayo de 2011 en su departamento de Parque La Vega. “En Salta la Justicia es para unos pocos, no para todos”, sentencia Fernández, sobre el caso de las turistas.
Eso se palpita en las calles; la Justicia, como los otros poderes, están en crisis de cambio. “Si uno observa la constitución de los poderes judiciales en nuestra provincia, la Justicia siempre estuvo marcada como reservorio para un grupo social, asociado a una imagen de distancia, como una especie de nobleza estatal. Eso generó una brecha importante en tiempos pasados”, interpreta Ibarra.
“Hoy esa brecha se ha ido achicándo debido a que otros sectores sociales accedieron a la profesión y a la magistratura; y la sociedad pudo ver que las decisiones, mal o bien tomadas, los afectaban en su vida cotidiana. Esto en Latinoamérica se llama la judicialización de la vida social, es decir, la inclusión de temas que antes eran impensados: como el género, la identidad o el ambiente”, expresa el sociólogo.
El derecho, dentro de una sociedad, tiene una función pedagógica. Muestra y comunica aquello que se hizo mal para que no se vuelva a hacer porque, además del dolor y de la consecuencia material, hay una afrenta social.
Ibarra afirma que para que exista esta función, debe creerse en el derecho. De lo contrario, habrá un problema de cohesión social. “En términos sociológicos lo mejor es que se nos indique lo que no hay que hacer. El problema es que en el caso de las francesas no terminan de decirnos concretamente quiénes son los culpables, qué está mal y qué está bien. No hay elementos suficientes para indicarnos que han actuado mal, no sabemos quiénes han actuado mal. Y queda esta duda pública de que no somos todos iguales y de que no se nos juzga a todos de la misma manera”, agrega.
Marcel Mauss, un destacado intelectual francés de principios del siglo pasado, elaboró la teoría (que luego desarrollarían otros pensadores como Émile Durkheim) del “hecho social total”. Ibarra explica que esto es como una fotografía de un momento socio cultural que se da solamente con ciertos hechos que, por ser tan condensados e intensos, nos brindan una imagen global de una sociedad en un momento particular.
El caso de las turistas francesas podría ser eso, un “hecho social total salteño”, ya que es un caso que tiene todos los condimentos: dos víctimas inocentes, dos mujeres violadas y asesinadas brutalmente, dudas en la investigación, en la Policía y en la Justicia. Esta “fotografía” salteña muestra claramente el momento de inflexión, de crisis de la Justicia salteña. A partir de ese punto, sólo se debe mejorar.
El aberrante crimen
De Paseo.- Cassandre Bouvier y Houria Moumni habían llegado a Salta el 12 de julio de 2011. Visitaron distintos puntos de la ciudad y el viernes 15 de julio a las 16.23 ingresaron al paseo de la Quebrada de San Lorenzo, según quedó registrado.
De casualidad.- Los cuerpos de las jóvenes fueron encontrados de casualidad el 29 de julio de 2011 a la tarde, por un turista bonaerense, que se alejó del mirador para hacer sus necesidades, y divisó uno de los cadáveres. La otra víctima fue hallada a la noche por la Policía.
El condenado.- El único condenado por el crimen fue Gustavo Lasi, a quien le dieron positivo las pruebas de ADN (había semen del joven en los cuerpos de las chicas). El muchacho confesó el abuso sexual, aunque negó haberlas matado, acusando a Daniel Vilte Laxi y a Santos Clemente Vera, los dos hombres que fueron absueltos el lunes.
Los encubridores.- También fueron condenados Darío “Pajarito” Ramos y Eduardo Sandoval, quienes tuvieron en sus manos la carabina calibre 22 con la que mataron a Cassandre. El arma era propiedad del padre de Gustavo Lasi, y el tribunal los sancionó con dos años de prisión en suspenso.
En marzo de este año se dio inicio a uno de los juicios orales y públicos que más conmovieron a la sociedad salteña. El lunes pasado se leyó la sentencia: uno de los cinco acusados obtuvo 30 años de prisión, mientras que el tribunal absolvió a los otros dos principales imputados e impuso penas de dos años condicionales por encubrimiento al resto.
Si bien es prematuro indicar que este caso implicó un cambio en la sociedad salteña (todavía existe la posibilidad de que el juicio continúe a través de instancias como la apelación y la posibilidad de revisar la propia instrucción) hay señales que indican que algunas cosas ya no son iguales. Quizás esto no se observe en el juicio en sí mismo, sino en el contexto social en los cuales se realizó la investigación y ahora el juicio.
Entre el día en que ocurrió el crimen y el del inicio del juicio oral, se implementó una nueva ley de procedimiento penal de Salta (Ley 7690), sancionada a fines de 2011 y que empezó a regir completamente en 2013. En los fríos meses de julio de 2011 la investigación del caso fue realizada por el entonces juez de Instrucción Martín Pérez, bajo el antiguo procedimiento.
Eso ha sido reemplazado por la investigación penal preparatoria que dirigen los fiscales, similar al sistema que rige en Tucumán. La sentencia dictada los primeros días de junio fue muy crítica con la etapa de instrucción. De las tres personas privadas de libertad fueron absueltas dos, por el beneficio de la duda. El fallo consignó que Pérez había enviado a juicio a Gustavo Lasi, Daniel Vilte Laxi y Santos Vera por la simple sospecha y sin haber agotado todas las posibilidades que le brindaba la investigación.
Con el nuevo procedimiento penal salteño los fiscales tienen mayor panorama investigativo. En caso de negativa, existe la figura de un Juez de Garantías que decidirá si la prueba aportada es pertinente o no, brindando, justamente, garantías en el proceso. En este contexto de cambios de procedimientos, la sentencia dictada fue como decir “nos equivocamos y habrá que seguir”, dentro de las instancias previstas por la ley.
Una nueva dimensión
“Lo que llama mucho la atención en este caso es la celeridad de muchas decisiones, esto de seguir una línea de investigación y desechar otras. En un sentido socio jurídico, hay una nueva dimensión que tienen los procesos judiciales en las sociedades actuales del NOA, sobre todo porque están ocupando un lugar que antes lo tenía la política, la religión o la cultura”, dice Marcelo Ibarra, sociólogo de la Universidad Nacional de Salta.
Según el especialista, el espacio de la Justicia es un escenario en que se dirimen otras cosas además del derecho. “Este caso hizo visible el procedimiento de la Justicia y que esta se cuestione de alguna manera, a través de la crítica, de la duda o de la defensa”, agrega.
Si bien durante el proceso del juicio se criticó fuertemente la forma de los procedimientos, se generó una esfera pública jurídica donde intervinieron muchos actores. “Eso es saludable desde cierto punto, porque construye ciudadanía y derecho y permite poner en tela de juicio decisiones que en otro momento eran indiscutibles e inapelables”, afirma Ibarra.
Marcados en francés
La fuerte presencia de Jean Michel Bouvier en el juicio también fue muy comentada. El padre de una de las víctimas asistió a todas las audiencias e investigó todo el expediente. Las únicas declaraciones que se conocían de las dos familias lastimadas provenían de su boca.
“La sed de justicia de los familiares de las víctimas muchas veces puede estar insatisfecha porque es difícil, desde el dolor, reparar ese daño que se ha causado. Sin embargo, la figura de Bouvier rompió los esquemas argentinos cuando declaró, luego de la sentencia, que no estaba feliz porque una persona vaya a prisión”, analiza Ibarra.
Si algo se destacó fue la visión del francés sobre nuestra Justicia, que funciona, desde su mirada de europeo, de una manera pre-moderna. “Los extranjeros no entienden la importancia del papel, de la denuncia, de nuestros procedimientos. Es muy paradójico el accionar de Bouvier y acá en Salta le prestaron mucha atención, quizás por ser extranjero. Las madres del dolor llevan muchas marchas y ¿cuántas veces le prestaron atención?”; comenta el sociólogo.
Estar a la vista de toda una sociedad exige a los actores judiciales contar con un discurso público y un razonamiento que tengan algo de legitimidad en lo que hacen o no hacen. “Bouvier sorprendió de entrada como persona. No es habitual que un familiar en un caso de esa violencia tenga la entereza y la frialdad, en el buen sentido, para analizar las cosas y tratar de ser justo”, dice Martin van Dam, periodista salteño y docente de radio en la Universidad Nacional de Salta.
Justicia para pocos
Mientras tanto, en esta provincia son las víctimas las que claman justicia desde hace mucho tiempo. Las madres de la impunidad, reunidas en una comisión, llevan 169 marchas semanales en la plaza 9 de Julio. “Nos falta saber la verdad, nos queda eso: saber la verdad”, dice Ana Fernández, madre de Cintia, quien fue hallada sin vida el 3 de mayo de 2011 en su departamento de Parque La Vega. “En Salta la Justicia es para unos pocos, no para todos”, sentencia Fernández, sobre el caso de las turistas.
Eso se palpita en las calles; la Justicia, como los otros poderes, están en crisis de cambio. “Si uno observa la constitución de los poderes judiciales en nuestra provincia, la Justicia siempre estuvo marcada como reservorio para un grupo social, asociado a una imagen de distancia, como una especie de nobleza estatal. Eso generó una brecha importante en tiempos pasados”, interpreta Ibarra.
“Hoy esa brecha se ha ido achicándo debido a que otros sectores sociales accedieron a la profesión y a la magistratura; y la sociedad pudo ver que las decisiones, mal o bien tomadas, los afectaban en su vida cotidiana. Esto en Latinoamérica se llama la judicialización de la vida social, es decir, la inclusión de temas que antes eran impensados: como el género, la identidad o el ambiente”, expresa el sociólogo.
El derecho, dentro de una sociedad, tiene una función pedagógica. Muestra y comunica aquello que se hizo mal para que no se vuelva a hacer porque, además del dolor y de la consecuencia material, hay una afrenta social.
Ibarra afirma que para que exista esta función, debe creerse en el derecho. De lo contrario, habrá un problema de cohesión social. “En términos sociológicos lo mejor es que se nos indique lo que no hay que hacer. El problema es que en el caso de las francesas no terminan de decirnos concretamente quiénes son los culpables, qué está mal y qué está bien. No hay elementos suficientes para indicarnos que han actuado mal, no sabemos quiénes han actuado mal. Y queda esta duda pública de que no somos todos iguales y de que no se nos juzga a todos de la misma manera”, agrega.
Marcel Mauss, un destacado intelectual francés de principios del siglo pasado, elaboró la teoría (que luego desarrollarían otros pensadores como Émile Durkheim) del “hecho social total”. Ibarra explica que esto es como una fotografía de un momento socio cultural que se da solamente con ciertos hechos que, por ser tan condensados e intensos, nos brindan una imagen global de una sociedad en un momento particular.
El caso de las turistas francesas podría ser eso, un “hecho social total salteño”, ya que es un caso que tiene todos los condimentos: dos víctimas inocentes, dos mujeres violadas y asesinadas brutalmente, dudas en la investigación, en la Policía y en la Justicia. Esta “fotografía” salteña muestra claramente el momento de inflexión, de crisis de la Justicia salteña. A partir de ese punto, sólo se debe mejorar.
El aberrante crimen
De Paseo.- Cassandre Bouvier y Houria Moumni habían llegado a Salta el 12 de julio de 2011. Visitaron distintos puntos de la ciudad y el viernes 15 de julio a las 16.23 ingresaron al paseo de la Quebrada de San Lorenzo, según quedó registrado.
De casualidad.- Los cuerpos de las jóvenes fueron encontrados de casualidad el 29 de julio de 2011 a la tarde, por un turista bonaerense, que se alejó del mirador para hacer sus necesidades, y divisó uno de los cadáveres. La otra víctima fue hallada a la noche por la Policía.
El condenado.- El único condenado por el crimen fue Gustavo Lasi, a quien le dieron positivo las pruebas de ADN (había semen del joven en los cuerpos de las chicas). El muchacho confesó el abuso sexual, aunque negó haberlas matado, acusando a Daniel Vilte Laxi y a Santos Clemente Vera, los dos hombres que fueron absueltos el lunes.
Los encubridores.- También fueron condenados Darío “Pajarito” Ramos y Eduardo Sandoval, quienes tuvieron en sus manos la carabina calibre 22 con la que mataron a Cassandre. El arma era propiedad del padre de Gustavo Lasi, y el tribunal los sancionó con dos años de prisión en suspenso.
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