04 Junio 2014
BUENOS AIRES.- La ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray comenzó a ser sometida ayer a un nuevo juicio oral por la presunta comisión del delito de peculado, por haber cedido de manera irregular terrenos estatales tras la privatización de la ex Entel.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal 6. También están acusados Ricardo Fox y Gustavo Abreu, a raíz de las maniobras para escriturar a favor de una empresa privada 241 hectáreas en la localidad bonaerense de General Pacheco, al norte del conurbano.
Los acusados escucharon el dictamen de elevación a juicio en el cual se afirma que el terreno debía permanecer a manos del Estado nacional, pero que fue transferido mediante la supuesta alteración del anexo de un contrato donde se detallaba ese punto. El terreno se habría incluido como bien a transferir de manera posterior a la privatización.
Las tierras en cuestión habían sido adquiridas por el Estado en 1947 para afectarlas a la empresa de correos y teléfonos. Con la privatización de la compañía pública, una parte debía quedar en manos privadas; y otra “importante fracción en manos del Estado”, según la Oficina Anticorrupción, querellante en la causa.
Las 241 hectáreaas de Pacheco “eran por lejos” el terreno de mayor superficie de los que formaron parte de la ex Entel. Por ello, según la acusación, debía permanecer en el ámbito público.
Alsogaray transita por el quinto juicio oral en su contra, aunque sigue en libertad porque sus condenas no están firmes. Ya tiene una pena de cuatro años de prisión por “administración fraudulenta” que está apelada y la Cámara Federal de Casación revocó este año una absolución por prescripción y ordenó dictar nuevo veredicto. El delito por el que se la juzga prevé hasta 10 años de prisión. (Télam)
El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal 6. También están acusados Ricardo Fox y Gustavo Abreu, a raíz de las maniobras para escriturar a favor de una empresa privada 241 hectáreas en la localidad bonaerense de General Pacheco, al norte del conurbano.
Los acusados escucharon el dictamen de elevación a juicio en el cual se afirma que el terreno debía permanecer a manos del Estado nacional, pero que fue transferido mediante la supuesta alteración del anexo de un contrato donde se detallaba ese punto. El terreno se habría incluido como bien a transferir de manera posterior a la privatización.
Las tierras en cuestión habían sido adquiridas por el Estado en 1947 para afectarlas a la empresa de correos y teléfonos. Con la privatización de la compañía pública, una parte debía quedar en manos privadas; y otra “importante fracción en manos del Estado”, según la Oficina Anticorrupción, querellante en la causa.
Las 241 hectáreaas de Pacheco “eran por lejos” el terreno de mayor superficie de los que formaron parte de la ex Entel. Por ello, según la acusación, debía permanecer en el ámbito público.
Alsogaray transita por el quinto juicio oral en su contra, aunque sigue en libertad porque sus condenas no están firmes. Ya tiene una pena de cuatro años de prisión por “administración fraudulenta” que está apelada y la Cámara Federal de Casación revocó este año una absolución por prescripción y ordenó dictar nuevo veredicto. El delito por el que se la juzga prevé hasta 10 años de prisión. (Télam)
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