Por Indalecio Francisco Sanchez
28 Mayo 2014
¿Por qué las irregularidades en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo llegaron al nivel de escándalo, cuando el Poder Ejecutivo cuenta (o debería contar) con mecanismos de control que frenen cuestionamientos de ese tipo mucho antes de que lo observe -por ejemplo- el Tribunal de Cuentas?
¿Por qué, si existe la decisión política -como afirma el gobernador- de evitar hechos de corrupción (en realidad ayer dijo que no hubo corrupción en su extenso gobierno), no se pusieron en marcha oportunamente aquellos mecanismos de control? ¿Cómo es posible que sean prestadoras del Estado empresas precarias, recién formadas, con capital casi inexistente, con pocas garantías -de trayectoria y solvencia económica- para hacer frente a obras públicas? ¿Cómo llegaron esos prestadores al Estado? ¿Quién los habilitó como prestadores? ¿Por qué no fue evaluada su trayectoria?
¿Por qué -en caso de que los dichos del ex contratista del Estado Julio César Villafañe sean ciertos- el Estado realiza obras a las apuradas, sin cumplir con los plazos previstos, con escasa planificación y sólo para que el gobernador, cuando visite un barrio, tenga obras para inaugurar?
¿Por qué nadie controló y, como consecuencia, se permitió -por acción u omisión- que haya obras públicas que se ejecutaran de manera indebida, a destiempo o que directamente terminaran incompletas?
¿Por qué el Estado entrega obras de mediana envergadura (como la del Camino de Sirga) a un contratista que no había emitido ni 100 boletas (eso surge de sólo observar la numeración de las facturas que presentó ante la DAU); y que, por ende, no había realizado ni siquiera un centenar de trabajos con anterioridad? ¿Qué se oculta detrás del sinnúmero de obras irregulares, realizadas antes de que los expedientes correspondientes estén presentados? ¿Cuál es la “necesidad y urgencia” de fraccionar obras en decenas de partes, con el solo objetivo aparente de evitar licitaciones? ¿No habría sido más transparente y efectivo realizar la licitación, otorgar la obra y poder accionar con todo el peso del Estado ante empresas que no hayan cumplido con los plazos establecidos? ¿No habría permitido esto planificar mejor las obras y disminuir, en el mediano plazo, los tiempos de ejecución?
¿Por qué si el gobernador y su familia no tienen necesidad -económica ni de ejecución- de acudir a nada que huela a Estado para sus obras o negocios privados terminan cerca de un empresario de escasa trayectoria (y prestador del Estado) para que encare la remodelación de una vivienda familiar, según testifican las facturas a nombre de Alperovich Group que Villafañe hizo llegar a LA GACETA?
¿Por qué si el Poder Ejecutivo pregona “transparencia” no usa mecanismos que echen luz sobre la gestión?
¿Por qué no elige al primero, es decir, al más idóneo en un concurso público, cuando le acercan ternas para cubrir vacantes en el Poder Judicial?
¿Por qué no designa al ministro fiscal por concurso, si lo que quiere es tapar las bocas de los opositores “que sólo quieren ensuciar al Gobierno”?
¿Por qué se calla el nombre de quién nombró a Marianela Mirra en la Legislatura, si en el Gobierno todos dicen que nadie tiene nada que ver con la modelo?
¿Por qué el cuestionado fiscal Carlos Albaca podrá terminar sus trámites jubilatorios en tiempo récord, cuando a cualquier otro magistrado esa gestión le insume -al menos- cuatro veces más días?
¿Por qué todo pasa por la Casa de Gobierno, institucionalmente hablando, si el alperovichismo se autodenomina defensor de la democracia y, por ende, de la división de poderes y del respeto por la divergencia de ideas?
¿Por qué tantos signos de pregunta en este Gobierno?
¿Por qué, si existe la decisión política -como afirma el gobernador- de evitar hechos de corrupción (en realidad ayer dijo que no hubo corrupción en su extenso gobierno), no se pusieron en marcha oportunamente aquellos mecanismos de control? ¿Cómo es posible que sean prestadoras del Estado empresas precarias, recién formadas, con capital casi inexistente, con pocas garantías -de trayectoria y solvencia económica- para hacer frente a obras públicas? ¿Cómo llegaron esos prestadores al Estado? ¿Quién los habilitó como prestadores? ¿Por qué no fue evaluada su trayectoria?
¿Por qué -en caso de que los dichos del ex contratista del Estado Julio César Villafañe sean ciertos- el Estado realiza obras a las apuradas, sin cumplir con los plazos previstos, con escasa planificación y sólo para que el gobernador, cuando visite un barrio, tenga obras para inaugurar?
¿Por qué nadie controló y, como consecuencia, se permitió -por acción u omisión- que haya obras públicas que se ejecutaran de manera indebida, a destiempo o que directamente terminaran incompletas?
¿Por qué el Estado entrega obras de mediana envergadura (como la del Camino de Sirga) a un contratista que no había emitido ni 100 boletas (eso surge de sólo observar la numeración de las facturas que presentó ante la DAU); y que, por ende, no había realizado ni siquiera un centenar de trabajos con anterioridad? ¿Qué se oculta detrás del sinnúmero de obras irregulares, realizadas antes de que los expedientes correspondientes estén presentados? ¿Cuál es la “necesidad y urgencia” de fraccionar obras en decenas de partes, con el solo objetivo aparente de evitar licitaciones? ¿No habría sido más transparente y efectivo realizar la licitación, otorgar la obra y poder accionar con todo el peso del Estado ante empresas que no hayan cumplido con los plazos establecidos? ¿No habría permitido esto planificar mejor las obras y disminuir, en el mediano plazo, los tiempos de ejecución?
¿Por qué si el gobernador y su familia no tienen necesidad -económica ni de ejecución- de acudir a nada que huela a Estado para sus obras o negocios privados terminan cerca de un empresario de escasa trayectoria (y prestador del Estado) para que encare la remodelación de una vivienda familiar, según testifican las facturas a nombre de Alperovich Group que Villafañe hizo llegar a LA GACETA?
¿Por qué si el Poder Ejecutivo pregona “transparencia” no usa mecanismos que echen luz sobre la gestión?
¿Por qué no elige al primero, es decir, al más idóneo en un concurso público, cuando le acercan ternas para cubrir vacantes en el Poder Judicial?
¿Por qué no designa al ministro fiscal por concurso, si lo que quiere es tapar las bocas de los opositores “que sólo quieren ensuciar al Gobierno”?
¿Por qué se calla el nombre de quién nombró a Marianela Mirra en la Legislatura, si en el Gobierno todos dicen que nadie tiene nada que ver con la modelo?
¿Por qué el cuestionado fiscal Carlos Albaca podrá terminar sus trámites jubilatorios en tiempo récord, cuando a cualquier otro magistrado esa gestión le insume -al menos- cuatro veces más días?
¿Por qué todo pasa por la Casa de Gobierno, institucionalmente hablando, si el alperovichismo se autodenomina defensor de la democracia y, por ende, de la división de poderes y del respeto por la divergencia de ideas?
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