Recomiendan a los camaristas federales que visiten las cárceles

El Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias recomendó a los camaristas federales, a los miembros de los tribunales orales penales y a los fiscales, que visiten las distintas cárceles del país para conocer las condiciones en las que se encuentran alojadas las personas detenidas por causas federales.

El organismo es presidido por Gustavo Hornos, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, e integrado por magistrados, fiscales, defensores y académicos. El 21 de mayo emitieron una resolución en la que resolvieron pedir a los magistrados que realicen monitoreos periódicos de los regímenes carcelarios.

Tucumán no cuenta con un establecimiento federal de alojamiento de detenidos, pero en la resolución se deja expresamente aclarado que las visitas alcanzan a las unidades provinciales en las que haya presos federales. El Servicio Penitenciario Provincial tiene un convenio con el Poder Judicial de la Nación, por lo que los camaristas deberían monitorear el funcionamiento de Villa Urquiza.

La recomendación lleva la firma, entre otros, de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, de la Defensora General de la Nación Stella Maris Martínez, y del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

Específicamente, se le pide a los magistrados que monitoreen de manera estable y permanente las condiciones de vida, régimen de detención y las situaciones de violencia institucional. Los resultados de las visitas deberían ser elevados al organismo que firmó la resolución, para poder evaluar la situación carcelaria del país.

Realidad de la cárcel

El organismo fue creado el 26 de junio de 2013 para relevar la realidad carcelaria e insertar transformaciones en un sistema considerado represivo, y cuya función resocializadora está fracasando.

La primera recomendación fue emitida por el organismo en agosto del año pasado, cuando le solicitaron al Servicio Penitenciario Federal que en todos los casos de fallecimientos de personas privadas de su libertad, se disponga como primera medida la intervención del juez y del fiscal competente.

El 30 de octubre de 2013, en tanto, se firmó la segunda resolución, en la que se recomendó que cuando se inicie un procedimiento disciplinario contra algún detenido federal, se comunique de esta situación al juez interviniente y al defensor Oficial o al letrado particular del detenido, notificándoles con cinco días de anticipación de la audiencia en la que se analizará la posible sanción disciplinaria a la persona privada de su libertad.

Los jueces Federales de Tucumán, Daniel Bejas y Fernando Poviña, solicitaron el año pasado que se construya en Tucumán una cárcel que dependa del Poder Ejecutivo Nacional, ya que en los últimos tiempos crecieron las negativas del penal de Villa Urquiza para alojar a presos con causas federales, por falta de cupo. El pedido había sido realizado en el marco de las reuniones realizadas en Rosario de la Frontera y en Orán, en las que los magistrados del NOA analizaron la situación del narcotráfico, del contrabando y de la trata de personas.

Las prisiones federales más cercanas se encuentran en Pinto, Santiago del Estero, y en Güemes, Salta.