Por Rubén Rodó
25 Mayo 2014
¿El zar le soltó la mano, de veras? Con la apertura del procesamiento político en su contra, el fiscal Carlos Albaca inició el camino al Gólgota. ¿Con o sin crucifixión? Él le bajó el pulgar en la comisión de Juicio Político, poniendo en marcha su decapitación con una ristra de cargos por mal desempeño en el crimen de Paulina Lebbos. El plazo de 15 días hábiles para contestar la acusación, está corriendo. Es un caso de final abierto. Sin la venia de Alperovich no se hubiera elegido esta vía. Hasta la improbable destitución -si se concretara- aún hay un trecho por andar. En carrera contrarreloj, Albaca deambula angustiosamente por oficinas del Estado, en el afán de sacar su retiro exprés con el 82% móvil. Inicialmente, la Anses le cerró el paso. Busca justificar los años de servicio que le faltan.
Hasta ahora Albaca gozó de la protección del gobernador y de parte de la Corte Suprema (no pedir su destitución es una prueba irrefutable). La gente se imagina por qué, aunque guarde silencio. Cada día se acentúa más la versión de que el ocultamiento -que cubre el caso Lebbos- es porque hay “un hijo del poder” involucrado, o altos jerarcas. Es la conclusión inevitable del encubrimiento de la Policía -ya probado- y de que el fiscal haya “dormido” la causa siete años, sin hacer prácticamente nada, y con secreto del sumario, obstaculizando la investigación.
Alperovich, sin dejar sin efecto la anterior renuncia condicionada de Albaca -acogida favorablemente a su hora- acaba de aceptarle su segunda dimisión en idénticas condiciones. Es decir, tiene dos renuncias, sujetas a la obtención del beneficio jubilatorio. Firmó el segundo decreto, a sabiendas de que la Anses denegó su retiro, porque “Albaca no acredita los años de servicio mínimos exigidos por la norma para jubilarse”, afirma el ente previsional. La Corte comunicó esta novedad al PE, mediante la acordada 343/14, de reciente data. La Anses había informado al alto tribunal de tal imposibilidad con fecha 23 de abril. El máximo órgano, a su vez, la transmitió al gobernador de inmediato. Ergo, no puede aducir desconocimiento.
¿No es una anomalía administrativa aprobar al mismo funcionario dos renuncias condicionadas? Para pensar. Es, para los hombres de derecho, una insólita decisión que cabe en el realismo mágico, propio del feudo vernáculo. El fiscal de Estado, Jorge Posse Conesa, sostiene una singular tesis. Sería desopilante, si no fuera una grave gaffe jurídica, inconcebible en un abogado que ejerce tan envarado cargo. Dice, sin ruborizarse, que el PE se vio obligado (sic) por la Corte a admitir la dimisión de Albaca. Ésta lo único que hizo fue comunicar al zar lo que le había informado Anses. La Corte no dictó un fallo que el PE debía acatar. Fue una simple comunicación y nada más. La Corte no obliga a otro poder a acoger o rechazar una renuncia. No está entre sus potestades, que se sepa.
Posse Conesa intenta comparar el caso Albaca con el de los camaristas Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena, sometidos a juicio político por absolver a los imputados en el caso Marita. La situación de uno y los otros no es la misma. Albaca está atenazado por un asesinato espeluznante que blindó con sólido hermetismo al paralizar la causa. Se desprende del sumario de la camarista Marta Ignacia Jerez. El gobernador aprobó la dimisión con una rapidez que no tuvo para con los camaristas. Éstos debieron accionar ante la Justicia para jubilarse, después de mucho penar. En ambos casos sí hubo sentencia.
En 11 años de vigencia, el comité presidido esta vez por Guillermo Gassembauer -Sisto Terán, su titular, disfruta de la primavera europea- encara el procesamiento del funcionario judicial, a quien se ve acunado con el calor del poder. Fue el segundo investigador del asesinato de la estudiante. Vive horas cruciales. Quisiera irse con el 82% móvil bajo al brazo, y marcharse a casa para disfrutar un retiro sin sofocones. El fiscal quiere hacer valer sus aportes en la Caja de Abogados y Procuradores, ente autónomo del Sistema de Seguridad Social de la Nación. En reciprocidad, sería lo mismo que alguien quisiera jubilarse en esta Caja con aportes previsionales de la Anses. He aquí la traba que quita el sueño y el apetito al cuestionado funcionario.
El legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO), es el único que impulsa el juicio político contra Albaca. El radical José Cano quedó fuera de juego por un error de estrategia. En vez de formular un nuevo pedido de procesamiento político, quiso que el comité desarchivara la petición planteada antes por el mismo motivo. Terán, quien fue medalla de oro de la Facultad de Derecho de la UNT, negó reabrir el proceso argumentando que se trataba de “cosa juzgada”. Si no hay sentencia, no es “cosa juzgada”. Elemental, Watson. El pedido de Cano se rechazó de plano, sin ser leído siquiera y se archivó. La Casa de Gobierno -en opinión de los popes radicales- lo que buscaba era demorar el juicio político, tirándole una soga de salvataje al funcionario en problemas. Aguijoneado por la presión pública, el César mutó de opinión.
Para Cano & Cía. el procesamiento se dilataba ex profeso, sin acelerar sus tiempos, para permitir a Albaca acomodar su enredada situación jubilatoria. ¿Cambió el viento de cuadrante? Podrá eludir el juicio político con su renuncia, pero no la condena social que cargará hasta la tumba. Ya en rodamiento el proceso y encontrado culpable, perdería el beneficio de privilegio con la prohibición -además- de ejercer cargos públicos. Zafa, si renuncia. ¿Alperovich, acaso, en contraprestación de servicios, no podría premiarlo a futuro con una asesoría, como hizo con tantos otros funcionarios que salieron con las ropas deshilachadas?
Nada de estos avatares hubieran ocurrido, si la Corte Suprema -como era su obligación moral irrenunciable- hubiera acusado a Albaca en la Legislatura. Claudia Sbdar, en salvaguarda del decoro del órgano que integra, reclamó, junto con Daniel Posse, la destitución del fiscal mediante juicio político. En vano. La mayoría (Antonio Gandur, René Goane y Antonio Estofán), optó por mandar el caso al fuero penal, prolongando la permanencia del fiscal en el cargo con su poder intacto. Desde hace tres meses duerme en ese ámbito la denuncia de Cano contra Albaca, sin que haya avanzado un metro. ¿La misma suerte correrá la acción que derivó el alto tribunal en ese fuero? Hasta ahora no tiene quien lo acuse. Si Albaca dimitiera, soslayando el juicio político, quedará en pie el proceso penal por los delitos que se le imputan en el caso Lebbos. No son pocos. Edmundo Jiménez ¿a la Corte?
Antes de que se desatara el huracán, el ministro fiscal de Corte, Luis De Mitri, presentó, apurado, la renuncia condicionada al cargo ante el gobernador. Ya fue aceptada y sin reparos. Tenía encima la sombra amenazante del juicio político, planteado por el abogado Oscar López, peronista disidente. Así pudo eludir otro sofocón, el segundo en su carrera judicial iniciada en 1993 bajo la gobernación Ortega. El Colegio de Abogados también anunció la misma acción, en paralelo con la de Carlos Albaca.
Se va De Mitri sospechado de inacción y desidia en el caso de la estudiante. Quedó muy mal parado por su propia actuación, al no fiscalizar las tareas de su súbdito. Primero, aseveró que había actuado correctamente en la investigación del crimen de Paulina. Corto tiempo después se desdijo y demolió a Albaca, ratificando el reporte de la camarista Jerez.
El despacho vacío sería cubierto por el ministro político, Edmundo Jiménez. Como nadie conoce los entresijos del entramado judicial, donde se desliza, silente, como pez en el agua. Desde esa atalaya se controla a los subordinados. Cuando Alperovich deje el poder, afrontará un rosario de denuncias penales. Para entonces, pretende tener las espaldas a buen resguardo y nadie mejor que “Pirincho” para esas funciones. El fiscal de Corte integra, en paralelo, la Junta Electoral, un enclave fundamental para controlar las elecciones en todo su proceso. Guillermo “Guigo” Herrera, fiscal de Instrucción, es otro nombre que suena como sustituto.
Y ya que se habla de la Justicia, en el fuero federal ingresó un planteo del abogado Oscar López, quien denunció por enriquecimiento ilícito a Juan Manzur, ministro del gabinete de Cristina y vicegobernador con licencia sempiterna. Pidió al fiscal, Carlos Brito, ampliar su denuncia al saber por la prensa que el “Tío Yamil” se asoció a la empresa aceitunera Nucete, la más importante del país. Para López, es una nueva plena prueba de indebido enriquecimiento. Brito solicitó al juez federal Daniel Bejas que reciba la declaración testimonial de José Nucete y del gerente de la firma para conocer detalles de la operación con Manzur. Con esta causa Manzur tiene por delante un horizonte con problemas en su carrera hacia la Casa de Gobierno.
Hasta ahora Albaca gozó de la protección del gobernador y de parte de la Corte Suprema (no pedir su destitución es una prueba irrefutable). La gente se imagina por qué, aunque guarde silencio. Cada día se acentúa más la versión de que el ocultamiento -que cubre el caso Lebbos- es porque hay “un hijo del poder” involucrado, o altos jerarcas. Es la conclusión inevitable del encubrimiento de la Policía -ya probado- y de que el fiscal haya “dormido” la causa siete años, sin hacer prácticamente nada, y con secreto del sumario, obstaculizando la investigación.
Alperovich, sin dejar sin efecto la anterior renuncia condicionada de Albaca -acogida favorablemente a su hora- acaba de aceptarle su segunda dimisión en idénticas condiciones. Es decir, tiene dos renuncias, sujetas a la obtención del beneficio jubilatorio. Firmó el segundo decreto, a sabiendas de que la Anses denegó su retiro, porque “Albaca no acredita los años de servicio mínimos exigidos por la norma para jubilarse”, afirma el ente previsional. La Corte comunicó esta novedad al PE, mediante la acordada 343/14, de reciente data. La Anses había informado al alto tribunal de tal imposibilidad con fecha 23 de abril. El máximo órgano, a su vez, la transmitió al gobernador de inmediato. Ergo, no puede aducir desconocimiento.
¿No es una anomalía administrativa aprobar al mismo funcionario dos renuncias condicionadas? Para pensar. Es, para los hombres de derecho, una insólita decisión que cabe en el realismo mágico, propio del feudo vernáculo. El fiscal de Estado, Jorge Posse Conesa, sostiene una singular tesis. Sería desopilante, si no fuera una grave gaffe jurídica, inconcebible en un abogado que ejerce tan envarado cargo. Dice, sin ruborizarse, que el PE se vio obligado (sic) por la Corte a admitir la dimisión de Albaca. Ésta lo único que hizo fue comunicar al zar lo que le había informado Anses. La Corte no dictó un fallo que el PE debía acatar. Fue una simple comunicación y nada más. La Corte no obliga a otro poder a acoger o rechazar una renuncia. No está entre sus potestades, que se sepa.
Posse Conesa intenta comparar el caso Albaca con el de los camaristas Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena, sometidos a juicio político por absolver a los imputados en el caso Marita. La situación de uno y los otros no es la misma. Albaca está atenazado por un asesinato espeluznante que blindó con sólido hermetismo al paralizar la causa. Se desprende del sumario de la camarista Marta Ignacia Jerez. El gobernador aprobó la dimisión con una rapidez que no tuvo para con los camaristas. Éstos debieron accionar ante la Justicia para jubilarse, después de mucho penar. En ambos casos sí hubo sentencia.
En 11 años de vigencia, el comité presidido esta vez por Guillermo Gassembauer -Sisto Terán, su titular, disfruta de la primavera europea- encara el procesamiento del funcionario judicial, a quien se ve acunado con el calor del poder. Fue el segundo investigador del asesinato de la estudiante. Vive horas cruciales. Quisiera irse con el 82% móvil bajo al brazo, y marcharse a casa para disfrutar un retiro sin sofocones. El fiscal quiere hacer valer sus aportes en la Caja de Abogados y Procuradores, ente autónomo del Sistema de Seguridad Social de la Nación. En reciprocidad, sería lo mismo que alguien quisiera jubilarse en esta Caja con aportes previsionales de la Anses. He aquí la traba que quita el sueño y el apetito al cuestionado funcionario.
El legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO), es el único que impulsa el juicio político contra Albaca. El radical José Cano quedó fuera de juego por un error de estrategia. En vez de formular un nuevo pedido de procesamiento político, quiso que el comité desarchivara la petición planteada antes por el mismo motivo. Terán, quien fue medalla de oro de la Facultad de Derecho de la UNT, negó reabrir el proceso argumentando que se trataba de “cosa juzgada”. Si no hay sentencia, no es “cosa juzgada”. Elemental, Watson. El pedido de Cano se rechazó de plano, sin ser leído siquiera y se archivó. La Casa de Gobierno -en opinión de los popes radicales- lo que buscaba era demorar el juicio político, tirándole una soga de salvataje al funcionario en problemas. Aguijoneado por la presión pública, el César mutó de opinión.
Para Cano & Cía. el procesamiento se dilataba ex profeso, sin acelerar sus tiempos, para permitir a Albaca acomodar su enredada situación jubilatoria. ¿Cambió el viento de cuadrante? Podrá eludir el juicio político con su renuncia, pero no la condena social que cargará hasta la tumba. Ya en rodamiento el proceso y encontrado culpable, perdería el beneficio de privilegio con la prohibición -además- de ejercer cargos públicos. Zafa, si renuncia. ¿Alperovich, acaso, en contraprestación de servicios, no podría premiarlo a futuro con una asesoría, como hizo con tantos otros funcionarios que salieron con las ropas deshilachadas?
Nada de estos avatares hubieran ocurrido, si la Corte Suprema -como era su obligación moral irrenunciable- hubiera acusado a Albaca en la Legislatura. Claudia Sbdar, en salvaguarda del decoro del órgano que integra, reclamó, junto con Daniel Posse, la destitución del fiscal mediante juicio político. En vano. La mayoría (Antonio Gandur, René Goane y Antonio Estofán), optó por mandar el caso al fuero penal, prolongando la permanencia del fiscal en el cargo con su poder intacto. Desde hace tres meses duerme en ese ámbito la denuncia de Cano contra Albaca, sin que haya avanzado un metro. ¿La misma suerte correrá la acción que derivó el alto tribunal en ese fuero? Hasta ahora no tiene quien lo acuse. Si Albaca dimitiera, soslayando el juicio político, quedará en pie el proceso penal por los delitos que se le imputan en el caso Lebbos. No son pocos. Edmundo Jiménez ¿a la Corte?
Antes de que se desatara el huracán, el ministro fiscal de Corte, Luis De Mitri, presentó, apurado, la renuncia condicionada al cargo ante el gobernador. Ya fue aceptada y sin reparos. Tenía encima la sombra amenazante del juicio político, planteado por el abogado Oscar López, peronista disidente. Así pudo eludir otro sofocón, el segundo en su carrera judicial iniciada en 1993 bajo la gobernación Ortega. El Colegio de Abogados también anunció la misma acción, en paralelo con la de Carlos Albaca.
Se va De Mitri sospechado de inacción y desidia en el caso de la estudiante. Quedó muy mal parado por su propia actuación, al no fiscalizar las tareas de su súbdito. Primero, aseveró que había actuado correctamente en la investigación del crimen de Paulina. Corto tiempo después se desdijo y demolió a Albaca, ratificando el reporte de la camarista Jerez.
El despacho vacío sería cubierto por el ministro político, Edmundo Jiménez. Como nadie conoce los entresijos del entramado judicial, donde se desliza, silente, como pez en el agua. Desde esa atalaya se controla a los subordinados. Cuando Alperovich deje el poder, afrontará un rosario de denuncias penales. Para entonces, pretende tener las espaldas a buen resguardo y nadie mejor que “Pirincho” para esas funciones. El fiscal de Corte integra, en paralelo, la Junta Electoral, un enclave fundamental para controlar las elecciones en todo su proceso. Guillermo “Guigo” Herrera, fiscal de Instrucción, es otro nombre que suena como sustituto.
Y ya que se habla de la Justicia, en el fuero federal ingresó un planteo del abogado Oscar López, quien denunció por enriquecimiento ilícito a Juan Manzur, ministro del gabinete de Cristina y vicegobernador con licencia sempiterna. Pidió al fiscal, Carlos Brito, ampliar su denuncia al saber por la prensa que el “Tío Yamil” se asoció a la empresa aceitunera Nucete, la más importante del país. Para López, es una nueva plena prueba de indebido enriquecimiento. Brito solicitó al juez federal Daniel Bejas que reciba la declaración testimonial de José Nucete y del gerente de la firma para conocer detalles de la operación con Manzur. Con esta causa Manzur tiene por delante un horizonte con problemas en su carrera hacia la Casa de Gobierno.
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