Empleados judiciales hacían de “magistrados”

Un instructivo que circula en el Centro Judicial de Monteros y que obliga a empleados judiciales de rangos inferiores realizar durante los fines de semana tareas específicas que le compete a jueces, fiscales, defensores y secretarios encendió una luz de alarma en la Asociación de Empleados Judiciales de la Nación (AEJN). Según el titular de la Seccional 5° del gremio, Omar Maldonado, quienes están a cargo de los tribunales del sur se extralimitan en sus funciones al adoptar medidas laborales que perjudican a los trabajadores.

Maldonado explicó que como la mayoría de los funcionarios judiciales que cumplen tareas en el interior de la provincia residen en San Miguel de Tucumán, muchos de ellos están obligados a pasar el fin de semana a más de 40 kilómetros de distancia.

Para intentar, de alguna manera, sortear este escollo territorial -interpreta Maldonado- los encargados de algunos centros judiciales decidieron implementar un instructivo para que los empleados rasos “actúen” como si fuesen profesionales, cuando se produzcan hechos policiales.

De acuerdo a la documentación a la que pudo acceder LA GACETA, la ayudante del defensor del Centro Judicial de Monteros, María Raquel Ferreyra Asís, emitió un “instructivo de buenas prácticas” que establecía los pasos que debían cumplir los empleados durante los fines de semana.

“En el día del turno que le corresponda al empleado afectado, éste deberá estar a disposición para concurrir personalmente a este centro judicial para realizar la primera entrevista con el imputado, y en caso de no estar presente, estar atento a la hora que llegue (el imputado) a este centro judicial”, reza la primera recomendación firmada por la ayudante del defensor Ricardo Alderete. Y siguen las recomendaciones. “En ningún caso el empleado afectado podrá abandonar sus tareas sin ser relevado de las mismas, o por la funcionaria firmante y/o por el funcionario constitucional interviniente en ese acto procesal. En caso de no concurrencia del personal afectado a los días y horas asignados por el turno se informará por escrito a la Secretaría para que el señor defensor disponga de las medidas disciplinarias”, reza la recomendación con tono de advertencia.

Maldonado adelantó que ya denunció esta situación al presidente de la Corte, Antonio Gandur, a la titular del CAM, Claudia Sbdar, y al ministro fiscal de la Corte, Luis De Mitri. “Estamos esperando una pronta respuesta”, sostuvo el dirigente gremial.

En la nota dirigida a Gandur, Sbdar y De Mitri, Maldonado expresó: “Venimos por la presente a solicitarle que por intermedio de quien corresponda instruya a los señores fiscales y defensores de todo el Ministerio Público que usted preside, a que no se excedan o extralimiten en sus funciones y tareas específicas, en cuanto a realizar evaluaciones y/o concursos para la promoción y/o ascensos del personal de empleados de este poder, ni mucho menos la elaboración y puesta en práctica de ningún reglamento interno, ni instructivos de ninguna especie, toda vez que la tarea que a ellos le asigna la Constitución y Ley es estrictamente jurisdiccional”, planteó Maldonado.

Al ser consultado por LA GACETA, Gandur señaló: “he decidido correr traslado a la presentación que realizó la institución gremial y ordenar una investigación para saber qué es lo que está pasando en esos centros judiciales”. Además, el titular de la Corte afirmó que ya se rubricó un documento por el cual se deja sin efecto el “instructivo” para los empleados judiciales del sur.