Lluvia negra en el jardín de la anomia

Fue en julio pasado, cuando arreciaba la sequía, que con las heladas había formado un combo fatal en el que los fuegos se reproducían con facilidad. Un productor de caña de Bella Vista fue denunciado por sus vecinos, a los que casi les había incendiado las casas, porque -dijeron- todos los años recoge su caña quemándola y pone en riesgo sus propiedades.

No era el único productor que cosechaba así su caña, pero sí uno de los pocos que fue denunciado a la justicia penal por estrago doloso. No era un cañero chico al que la ley le permite cosechar mediante ese método dañino, justificado en que tiene poca ganancia, sino uno mediano. La verdad es que la Justicia no le hizo nada, pero de su caso el fiscal de Instrucción V, Washington Navarro Dávila, sacó la idea de hacer un control diario de vehículos que ingresan caña al ingenio Bella Vista. Durante poco más de un mes un policía anotó de día y de noche patentes de camiones y carros cañeros, nombre del chofer y nombre del dueño de la caña. Se descubrió que había grandes productores que llevaban para molienda caña quemada (ellos lo tienen prohibido) y el control que se hizo le dio al fiscal datos precisos para que se los acuse y multe, e incluso para que se hagan estadísticas sobre dichos y hechos de industriales y cañeros sobre la limpieza de la cosecha.

No hablamos acá de los problemas respiratorios en una comunidad que se vuelve asmática en cada zafra, que recibe una carga negra de humo y hollín que supera hasta 600 veces los límites establecidos mundialmente, según un estudio de la UTN.

Hablamos de esa pequeña acción judicial que generó expectativas el año pasado. Si el método del fiscal se hubiera extendido a los otros 14 ingenios de la provincia, hubieran hecho falta solamente 45 policías (15 por cada turno de ocho horas, ya que los ingenios están trabajando las 24 horas durante la zafra) para hacer un relevamiento total de la cosecha y determinar quiénes cumplen con la ley y quiénes no. Eso lo podría hacer con facilidad la Secretaría de Medio Ambiente, que tiene potestad para ingresar a los canchones.

Pero no pasó nada. Ayer Navarro Dávila le envió un oficio al secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, dándole un plazo de 24 horas para que informe qué multas va a tomar en función de la Ley provincial de Medio Ambiente, ya que en sus manos tiene, desde septiembre pasado, la lista de los infractores. Pero Montalván ni siquiera contestó. Ni habló de los dramas de 2013, cuando la sequía y las heladas convirtieron a la provincia en un polvorín donde explotaban incendios por todas partes, que varias veces dejaron sin luz a la provincia y al NOA, a tal punto que el gerente de Trasnoa, Oscar Mealla, reclamó que el Gobierno haga cumplir la ley 6.523. “La quema se agrava a ritmo sostenido desde hace 20 años”, dijo en agosto Mealla.

“Esto es estrago doloso”, afirmó ahora Navarro Dávila. “Si Montalván no responde, me voy a dirigir al gobernador”, añadió el fiscal. Pero el gobernador José Alperovich también está mudo, y cuando el año pasado arreciaban los fuegos se declaró impotente. “Uno hace hasta donde puede actuar. Hacemos multas, hacemos esto, ya no sé qué más podemos hacer”, dijo el gobernador José Alperovich.

La cosecha de 2013 fue dantesca, y se prevé que la de este año sea igual, puesto que habrá similares condiciones de frío y sequía. Como cada nuevo ciclo azucarero, la cosecha vendrá con las rutas congestionadas de carros en franca violación a la ley nacional de tránsito (pero autorizados a circular por una ley provincial) y con el previsible saldo de seis muertos por accidentes. La Policía Vial hará sus controles ineficientes, como reclamó monseñor José María Rossi en 2009, sin que los agentes hayan cambiado un ápice su manera de trabajar. Al final del año, dirán que era imprevisible.

El próximo lunes comienza la nueva zafra.

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