Las motos van más rápido que la seguridad

Las motos van más rápido que la seguridad

Daniel Scioli encendió la mecha contra el motoarrebato y su curiosa postura se va a extender y va a estallar en distintas partes del país. En Buenos Aires rige desde el martes la norma que obliga a los motociclistas a circular con chalecos refractarios y cascos con el número de patente impresos en la parte posterior, y que prohíbe la circulación de dos personas en moto en ciertos lugares a determinadas horas. La medida ya está encendiendo polémicas entre las asociaciones de motociclistas y entre las cámaras de fabricantes de motovehículos. Y también está siendo analizada con intenciones de que se replique en nuestro medio: el legislador José Alberto León, primo del gobernador y presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, acaba de anunciar que se van a dedicar a estudiar proyectos contra el motoarrebato; y el concejal capitalino opositor Claudio Viña (Fuerza Republicana) presentó un proyecto de ordenanza para poner en emergencia durante un año la circulación de motos por la capital, tanto por los accidentes como por los ataques de delincuentes.

El motoarrebato es una plaga. Pero eso ya lo sabe la gente desde hace años y los funcionarios lo están descubriendo. Buenos Aires, que ha comenzado a hacer estadísticas pobre el fenómeno y que lo asocia con el narcotráfico en el conurbano, afirma que el 26% de los homicidios fueron cometidos por motociclistas y compara el fenómeno con los sicarios que entrenaba Pablo Escobar en Medellín. Los colombianos descubrieron en los 80 y 90 que los delincuentes usaban motocicletas porque eran prácticas para el delito urbano e ideales para escapar. Los medios cuentan que Escobar ofrecía 2.000 pesos a los que mataban a policías desde las motos. Según Carlos Bilardo, que dirigió la selección de Colombia en 1981, al acompañante de motos (que es el que baja corriendo a quitar una cartera o bien puede disparar desde la moto, porque el otro conduce el vehículo) lo llaman "parrillero", "porque cuando se baja, te cocina" ("Clarín", 15/4).

En Rosario, la Unidad Fiscal Especial de Homicidios, que advirtió en marzo que 13 de los últimos 33 asesinatos fueron cometidos por motociclistas, pidió una medida similar. Scioli copió las medidas restrictivas de los colombianos contra la circulación en motos.

Lo que no se sabe es si el fenómeno es similar en todas partes. Sí lo ha sido La explosión de la venta de motos en la última década. En toda Latinoamérica ha proliferado la motorización de los sectores populares. La comercialización ha sido tan viral que en 2010 en Tucumán se vendían 90 motos por día y entonces se estimaba el parque vehicular en dos ruedas en 240.000 unidades. Hoy, aunque han caído un tanto las ventas por la crisis, bien podrían ser 300.000 las motos que circulan.

El primer problema es que la comercialización ha sido caótica y desenfrenada. El 25 % de los vehículos se venden en supermercados y hasta en almacenes, sin control de patentes ni de seguro ni de cascos (lo denunció en un informe en 2013 la Asociación Argentina de Motovehículos) y ninguna medida de los funcionarios ha servido para controlar ese caos. Hasta pensaron en obligar a las estaciones de servicio a restringir la venta de nafta a motociclistas sin casco con el fin de evitar accidentes, pero nada.

El segundo problema es que no se sabe cómo funciona la modalidad de motoarrebato. En 2011, cuando motociclistas cometieron el crimen de Elda Hovannes, el entonces jefe de Policía, Jorge Racedo, dijo que ese ataque, así como el asesinato de Silvia Castillo de Rosselló (2009) habían sido "hechos impredecibles que se han dado fuera del microcentro". Pero el sentido común dice que la modalidad del motoarrebato ocurre en los sectores más concurridos, es decir el centro de la ciudad. Y a menudo en las caras de los agentes que recorren las calles cercanas a la plaza Independencia. ¿Cómo es, entonces, en los barrios, y cómo es en el interior de la provincia? La autoridad no tiene encuestas de victimización ni mapas del delito. Por eso fracasan las medidas de tipo operativo como la "zona de exclusión" de ingreso de motos al centro, de hace años, o los controles de papeles en la avenida Ejército del Norte a la salida de "La Bombilla", que un lector denunció (carta del 16/3) como totalmente ineficientes y destinados a la recaudación.

El motoarrebato es una plaga. Lo dijeron los lectores de LA GACETA en una encuesta en 2010, cuando el 50% señaló que había sido víctima de un motoarrebatador. Pero nada se ha estudiado, pese a las evidencias de junto a los controles y secuestros de vehículos crecieron los accidentes y los delitos. El legislador León, que preside la Comisión de Seguridad de la Cámara, sucede en el cargo al ex oficialista Gerónimo Vargas Aignasse y al ex legislador Daniel Heredia. En los 10 años del alperovichismo, ¿qué diagnósticos tiene la Comisión de Seguridad como para estudiar propuestas? ¿Por qué 8.000 policías no han podido frenar el motoarrebato? ¿Qué evaluación tienen de las medidas anteriores? ¿A quiénes se ha consultado? ¿Cuántos recursos creen que hacen falta para frenar esto? Y finalmente, si ahora consideran que el clima político está contaminando todo (no quisieron discutir los planteos sobre inseguridad de la oposición durante la última sesión legislativa), ¿cómo piensan debatir seriamente el problema?

El temor a los motoarrebatadores es real. Y generó picos de histeria durante la protesta policial de diciembre. Pero es un serio problema social. El debate de medidas sin contexto encierra una serie de peligros que nadie ha resuelto. ¿qué motos se va a controlar? ¿Las baratas o las caras? ¿Podrá circular por Buenos Aires el vicepresidente Amado Boudou con su novia en su poderosa Harley Davidson, o ella deberá comprarse un chaleco refractario? ¿Los que circulen en BMW deberán usar chalecos? ¿Podrán llevar acompañante? Las mujeres de los pueblos del interior, que llevan en moto a sus hijos a la escuela, ¿deberán ponerles chalecos? No sabemos hasta dónde estas restricciones reactivas, que no son acompañadas de estudios del problema de fondo, no están violando garantías individuales y vuelven a mostrar simplemente los manotazos de ahogado de un Estado ineficiente.

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