20 Febrero 2014
Representantes locales de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) criticaron la veintena de categorizaciones discrecionales que impulsó, desde fines del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). “¿Cuál era la urgencia de estos nombramientos que justifique el apartamiento de las normas dictadas, precisamente, por el alto tribunal?”, planteó Juan Luis Troncoso, secretario general de la seccional N° 5-Tucumán de la UEJN.
El dirigente expresó que el sector que integra “se siente defraudado por no haberse garantizado la igualdad de oportunidades”. “Entre gallos y medianoche (del 23 de diciembre de 2013, pasando por la feria judicial) la CSJT resolvió categorizar los cargos de un grupo de empleados y funcionarios; esta es la misma Corte que, con anterioridad, resolvió que todos los ascensos del personal debían concursarse. Aprovechando un vacío legal temporal, el plazo que ellos mismos fijan y dilatando la vigencia de esa acordada, procedieron a repartir ascensos de forma arbitraria y con un total nepotismo, coartando los derechos a concursas los cargos designados”, protestó el dirigente Troncoso.
El alto tribunal dio a conocer las acordadas que mayoritariamente otorgan a sus beneficiarios la condición de funcionario, grado que comienza con la prosecretaría y que en teoría habilita al acceso a la jubilación con el 82% móvil. Nueve de los colaboradores categorizados como funcionarios no exhiben título universitario. Entre los ascendidos están el ex ordenanza Cristian Manuel Zelaya, que trabaja en la vocalía de René Goane; la médica María José Gandur y Carlos Nicolás Herrera, respectivos hija y ex chofer de Antonio Gandur, presidente de la CSJT; y la pedagoga Mariana Dato y abogada Soledad Dato, hijas de Carlos Alfredo Dato, diputado nacional (FpV) y miembro de la Corte hasta 2007. Ambas se desempeñan a las órdenes de la vocal Claudia Sbdar. “(El alto tribunal) incurre en un acto totalmente contradictorio e incompatible con la buena fe. Creemos que se debería volver atrás y dejar sin efecto las acordadas”, propuso Troncoso.
El dirigente expresó que el sector que integra “se siente defraudado por no haberse garantizado la igualdad de oportunidades”. “Entre gallos y medianoche (del 23 de diciembre de 2013, pasando por la feria judicial) la CSJT resolvió categorizar los cargos de un grupo de empleados y funcionarios; esta es la misma Corte que, con anterioridad, resolvió que todos los ascensos del personal debían concursarse. Aprovechando un vacío legal temporal, el plazo que ellos mismos fijan y dilatando la vigencia de esa acordada, procedieron a repartir ascensos de forma arbitraria y con un total nepotismo, coartando los derechos a concursas los cargos designados”, protestó el dirigente Troncoso.
El alto tribunal dio a conocer las acordadas que mayoritariamente otorgan a sus beneficiarios la condición de funcionario, grado que comienza con la prosecretaría y que en teoría habilita al acceso a la jubilación con el 82% móvil. Nueve de los colaboradores categorizados como funcionarios no exhiben título universitario. Entre los ascendidos están el ex ordenanza Cristian Manuel Zelaya, que trabaja en la vocalía de René Goane; la médica María José Gandur y Carlos Nicolás Herrera, respectivos hija y ex chofer de Antonio Gandur, presidente de la CSJT; y la pedagoga Mariana Dato y abogada Soledad Dato, hijas de Carlos Alfredo Dato, diputado nacional (FpV) y miembro de la Corte hasta 2007. Ambas se desempeñan a las órdenes de la vocal Claudia Sbdar. “(El alto tribunal) incurre en un acto totalmente contradictorio e incompatible con la buena fe. Creemos que se debería volver atrás y dejar sin efecto las acordadas”, propuso Troncoso.
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