18 Enero 2014
DIALOGO. Robledo se reunió ayer con Vargas Aignasse en la sede del PE. la gaceta / foto de ines quinteros orio (archivo)
El acuerdo entre el Gobierno y el Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara) sigue demorado y ayer las partes pasaron a un nuevo cuarto intermedio hasta el lunes, a las 11. Para entonces, los cuentapropistas esperan tener el visto bueno del dueño de un local de calle 24 de Septiembre al 200, en la zona de El Bajo, que el Poder Ejecutivo está dispuesto a alquilar durante los tres años que dura un contrato comercial.
Claudio Robledo, vocero de los trabajadores callejeros, dijo ayer que no se pudo cerrar el trato con el dueño de este local, con quien quedaron en volver a reunirse pasado mañana, a primera hora, en la expectativa de lograr “un acuerdo por escrito”.
El dirigente indicó que, si todo sale como espera el sector, el mismo lunes, al mediodía, llevarían “una propuesta formal de alquiler” a la reunión pautada con la secretaria general de la Gobernación, Carolina Vargas Aignasse, quien encabeza las negociaciones.
“El dueño del local, que está a la par de la Iglesia de la Merced y no en 24 de Septiembre 220 o 260, como habíamos señalado por equivocación, no nos pudo atender porque tenía un compromiso de urgencia. Vamos a ver si el lunes cerramos un trato. Vemos que hay voluntad por parte del Gobierno”, manifestó Robledo, en diálogo con LA GACETA, tras reunirse ayer con Vargas Aignasse.
En la audiencia, los trabajadores informales le plantearon a la funcionaria que ahora están dispuestos a aceptar el ofrecimiento que habían rechazado a principios de la semana pasada sobre su inclusión en programas sociales de capacitación y estudio, como así también para formar una cooperativa que les permita acceder a un monotributo social. Además, se acordó que el PE les facilitará el trámite para tener una razón social, en razón de que en Tucumán el Sivara aún no cuenta con la personería correspondiente. “También hemos pedido la posibilidad de un proyecto para contar con una obra social junto a los compañeros del Sindicato de Artistas de Variedades”, añadió Robledo, quien estuvo acompañado por el dirigente de la CGT Carlos Carranza.
El vocero de los ambulantes aseguró que, si llegara a concretarse el alquiler de un local y la Provincia solamente cubriera una parte del monto exigido, estarían dispuestos a pagar el saldo restante. “Estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para trabajar. También queremos pagar el monotributo y los impuestos y a presentar las boletas de la mercadería. No queremos ser ilegales”, completó.
Paralelamente a la negociación que mantienen con el Gobierno provincial para que les alquile un local, los ambulantes pretenden que la Municipalidad de la capital los autorice a seguir trabajando en la calle, aunque con la mercadería en la mano, es decir sin mesas ni mantas en puestos fijos, y fuera del núcleo del microcentro. Los cuentapropistas confirmaron que el próximo martes irán a la sede de la Intendencia para presentar un anteproyecto de ordenanza en ese sentido, con la esperanza de que esta vez sea el intendente Domingo Amaya quien los reciba, puesto que para entonces ya estaría de regreso de sus vacaciones. El último jueves, quien escuchó los planteos del sector fue el coordinador de la Secretaría de Gobierno, Carlos García Macián, quien ya les explicó que no se puede ir en contra del fallo que en 2006 ordenó terminar con la venta callejera.
Claudio Robledo, vocero de los trabajadores callejeros, dijo ayer que no se pudo cerrar el trato con el dueño de este local, con quien quedaron en volver a reunirse pasado mañana, a primera hora, en la expectativa de lograr “un acuerdo por escrito”.
El dirigente indicó que, si todo sale como espera el sector, el mismo lunes, al mediodía, llevarían “una propuesta formal de alquiler” a la reunión pautada con la secretaria general de la Gobernación, Carolina Vargas Aignasse, quien encabeza las negociaciones.
“El dueño del local, que está a la par de la Iglesia de la Merced y no en 24 de Septiembre 220 o 260, como habíamos señalado por equivocación, no nos pudo atender porque tenía un compromiso de urgencia. Vamos a ver si el lunes cerramos un trato. Vemos que hay voluntad por parte del Gobierno”, manifestó Robledo, en diálogo con LA GACETA, tras reunirse ayer con Vargas Aignasse.
En la audiencia, los trabajadores informales le plantearon a la funcionaria que ahora están dispuestos a aceptar el ofrecimiento que habían rechazado a principios de la semana pasada sobre su inclusión en programas sociales de capacitación y estudio, como así también para formar una cooperativa que les permita acceder a un monotributo social. Además, se acordó que el PE les facilitará el trámite para tener una razón social, en razón de que en Tucumán el Sivara aún no cuenta con la personería correspondiente. “También hemos pedido la posibilidad de un proyecto para contar con una obra social junto a los compañeros del Sindicato de Artistas de Variedades”, añadió Robledo, quien estuvo acompañado por el dirigente de la CGT Carlos Carranza.
El vocero de los ambulantes aseguró que, si llegara a concretarse el alquiler de un local y la Provincia solamente cubriera una parte del monto exigido, estarían dispuestos a pagar el saldo restante. “Estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para trabajar. También queremos pagar el monotributo y los impuestos y a presentar las boletas de la mercadería. No queremos ser ilegales”, completó.
Paralelamente a la negociación que mantienen con el Gobierno provincial para que les alquile un local, los ambulantes pretenden que la Municipalidad de la capital los autorice a seguir trabajando en la calle, aunque con la mercadería en la mano, es decir sin mesas ni mantas en puestos fijos, y fuera del núcleo del microcentro. Los cuentapropistas confirmaron que el próximo martes irán a la sede de la Intendencia para presentar un anteproyecto de ordenanza en ese sentido, con la esperanza de que esta vez sea el intendente Domingo Amaya quien los reciba, puesto que para entonces ya estaría de regreso de sus vacaciones. El último jueves, quien escuchó los planteos del sector fue el coordinador de la Secretaría de Gobierno, Carlos García Macián, quien ya les explicó que no se puede ir en contra del fallo que en 2006 ordenó terminar con la venta callejera.
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