El juez Piedrabuena critica la "doble moral" del gobernador

El juez Piedrabuena critica la "doble moral" del gobernador

El PE no acepta su dimisión, pero sí avaló la jubilación de un defensor penal del sur. El magistrado pide a la Corte que rechace el recurso extraordinario que presentó el Ejecutivo. "Es un desparpajo", dijo.

QUIERE ECHARNOS. Piedrabuena, que en abril fue a Casa de Gobierno, dijo que el PE está obstinado. LA GACETA / FOTO DE JUAN PABLO SANCHEZ NOLI (ARCHIVO) "QUIERE ECHARNOS". Piedrabuena, que en abril fue a Casa de Gobierno, dijo que el PE está "obstinado". LA GACETA / FOTO DE JUAN PABLO SANCHEZ NOLI (ARCHIVO)
11 Noviembre 2013
Es escandaloso que el Poder Ejecutivo le haya aceptado la renuncia a un funcionario judicial de Concepción que afrontaba un juicio político, pero que no acate el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó al juez Alberto Piedrabuena más cerca de la jubilación. Así lo entiende el vocal de la Sala II de la Cámara Penal de la capital, que en diciembre absolvió a los 13 acusados de secuestrar y prostituir a María de los Ángeles "Marita" Verón.

El viernes 27 de septiembre, Antonio Gandur, presidente de la CSJT y juez preopinante, y los camaristas Carlos Giovanniello y Ebe López Piossek confirmaron plenamente la sentencia de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por Salvador Ruiz y Rodolfo Novillo. El 2 de julio pasado, este estrado había declarado nulo el decreto del gobernador, José Alperovich, que rechazaba la dimisión de Piedrabuena.

En su fallo, la Corte optó por proteger los derechos del magistrado. Para inclinar la balanza de este modo, argumentó que las potestades discrecionales de la Administración tienen una barrera infranqueable: los derechos humanos -la jubilación y la libertad de renunciar a un trabajo lo son- de los administrados. El Poder Ejecutivo no acató el fallo, y presentó un recurso extraordinario para que la sentencia sea revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ahora, el juez Piedrabuena, con el patrocinio de los letrados Arnaldo Ahumada y José Roberto Toledo, pidió a la Corte local que rechace el planteo del Gobierno. El antecedente que utilizó el magistrado para denunciar "obstinación" del PE en su contra fue el caso de Héctor Gustavo Pereyra, defensor oficial en lo Penal de Concepción. Contra Pereyra pesaba un pedido de destitución iniciado por la propia Corte en agosto. La comisión de Juicio Político de la Legislatura le corrió traslado de la acusación, pero el defensor penal presentó su renuncia condicionada al cargo hasta la obtención del beneficio jubilatorio. Finalmente, el gobernador le aceptó la dimisión. En consecuencia, la comisión de Juicio Político aplicó el artículo 12 de la ley 8.199, que fija que ante la renuncia del acusado se cierran las actuaciones, y archivó el expediente.

"El desparpajo y la irrespetuosidad alcanzan ribetes de escándalo", advirtió Piedrabuena. "Todo esto se reduce a la pretendida 'obligación' que tiene el PE de rechazar la renuncia", añadió. Y comparó el caso de Pereyra con el suyo. "Resulta que ahora, en un giro copernicano, en franca contradicción con sus postulados, el señor Gobernador considera que la existencia de un proceso de destitución no impide la aceptación de la renuncia condicionada. Sin palabras. La doble moral, la impunidad, el desparpajo y la irrespetuosidad hacia las personas y sus inteligencias se nos presentan en estado puro, como una sonora bofetada a la seriedad y la coherencia mínima que se merece la ciudadanía. Realmente, después de esto. ¿Qué sentido tiene seguir analizando desde el punto de vista estrictamente jurídico tamaño despropósito?", planteó.

El vocal recordó que respecto de su par Emilio Herrera Molina el Gobierno dilató la aceptación de la renuncia, fundamentada en cuestiones graves de salud. "Lo tuvieron ocho o nueve meses hasta que, forzados, le aceptaron la renuncia. En el caso de Pereyra fue todo muy rápido. Pero esto no me causa asombro, porque desde el principio esto forma parte de la obcecación y del compromiso que asumió el gobernador de echarnos", dijo.

Piedrabuena y Herrera Molina consiguieron (por separado) que la Justicia acoja su intención de dimitir para acceder a la jubilación con el beneficio del 82% móvil, pese al pedido de destitución que formuló Susana Trimarco, mamá de "Marita". Este trámite, que obtuvo el visto bueno de la comisión de Juicio Político y está pendiente de tratamiento en el Jurado de Enjuiciamiento, alcanza asimismo a Eduardo Romero Lascano, tercer vocal de la Sala II de la Cámara Penal.

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