Vocales del TC, al jubilarse, tendrán el 82% móvil

Florinda Leguizamón y otros veteranos militantes de "Jubilados de la Plaza" se habían agrupado en el hall del espejado edificio de la Legislatura. Querían llevar sus carteles y quejas al recinto, a sabiendas de que se iba a tratar un proyecto de ley referido al 82% móvil. Al final, los abuelos quedaron afuera del salón de debates y, además, de la iniciativa, elaborada y aprobada por el bloque alperovichista "Tucumán Crece".

Los beneficiados, en este caso, serán los vocales del Tribunal de Cuentas (TC), cuando eventualmente pasen al sector pasivo. El parlamento, con 36 votos del oficialismo contra siete de la oposición, avaló la addenda (ampliación de información anteriormente escrita) al convenio de transferencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia firmada por el gobernador, José Alperovich, y el director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Diego Bossio.

Idénticos beneficios

El texto acordado entre el titular del Poder Ejecutivo (PE) local y el funcionario nacional fue elaborado el pasado 16 de septiembre, y establece para los vocales del TC idénticos beneficios jubilatorios que los magistrados y funcionarios judiciales de Tucumán.

"Traíamos un cartel que decía: '¿Y nosotros cuándo?'; pero no nos dejaron pasar al recinto. Ahí, donde supuestamente está la democracia pura, nos dejaron afuera. ¿Por qué lo hicieron?", dijo Leguizamón, en diálogo con LA GACETA, mientras la Cámara debatía.

El proyecto de ley fue realizado por los legisladores alperovichistas Alfredo Quinteros (titular de la comisión de Legislación Social), Ramón Graneros (presidente del comité Asuntos de ONGs) y Carolina Vargas Aignasse (a cargo de Legislación General), entre otros.

Una equiparación

La bancada oficialista defendió el tratado entre Alperovich y Bossio. "(Esta iniciativa) viene a completar un procedimiento por parte de la Honorable Legislatura, que según la Constitución provincial, es de aprobar todo convenio suscripto por el gobernador con, en este caso, autoridades nacionales", aseguró Quinteros. El alperovichista recordó que "el sistema previsional de la Provincia fue transferido a la Nación mediante un convenio, en 1996, y luego aprobado por ley". "Luego, en un acta complementaria de 2006 (también ratificada por ley 7.853) se estableció el régimen previsional para el Poder Judicial", añadió Quinteros. En ese sentido, remarcó que al equipararse al ente de control externo de la Provincia con magistrados del Poder Judicial, a aquellos les corresponden idénticos beneficios.

"Hay inequidad"

El legislador José Manuel Páez (Democracia Cristiana) elaboró un dictamen de minoría, que aconsejaba rechazar el convenio. "Existen sentencias que garantizan a todos los jubilados la porcentualidad y la movilidad, más conocidos como 'el 82% móvil'. En cambio, no existe ningún basamento jurídico para incorporar a los integrantes del TC a esa normativa. Hay inequidad", aseveró el opositor. Y agregó: "ahora se pretende poner por delante los derechos de tres miembros del ente de control, y quizás otros ex vocales, por encima de más de 18.000 jubilados y pensionados de la provincia que, otra vez, quedan postergados". Alberto Colombres Garmendia (PRO) señaló que la iniciativa le genera "ruido". "Hay sectores mucho más necesitados que el Tribunal de Cuentas. Es una cuestión de ética. ¿Por qué el poder político le da un derecho de forma excepcional a un organismo que debe controlarlo?", afirmó el legislador macrista. Silvia Elías de Pérez (UCR) consideró que el TC tiene funciones más bien "administrativas" que equiparables al Poder Judicial. "Desde lo ético, esto no es justo para nuestros mayores", apuntó.

El alperovichista Ramiro González Navarro recordó que el actual senador y diputado electo José Cano (UCR) fue autor -cuando era legislador provincial- de la ley 7.853, que ratificó el régimen previsional del Poder Judicial. Además, sostuvo que en estos 10 años de gestión los haberes del ámbito pasivo se multiplicaron varias veces. "Se pretende hablar de desprotección, pero eso es una falacia. Ningún Gobierno hizo más por ese sector", aseveró el oficialista.

Páez le contestó que hace años existe el compromiso de diferentes mandatarios para otorgar el 82% móvil a todas las provincias. "Nadie en este recinto puede considerar razonable para mantenerse la suma de $ 2.400, que percibe el 70% de los jubilados provinciales", aseveró el demócrata cristiano.

Sin opciónRoque Álvarez, jefe de la bancada oficial, cerró la ronda de oradores. "Por ahí se siembra más cizaña que dudas", señaló a los opositores. "No tenemos capacidad para cambiar la ley; sólo decidimos si damos luz verde al convenio que firmó el gobernador con la Anses. A esta Legislatura no le queda otra (opción) respecto a los convenios. No le podemos cambiar una coma: lo aprobamos o lo desaprobamos", señaló el peronista.

A la hora de la votación, el oficialismo impuso su mayoría. Para el cierre de la sesión, ningún jubilado quedaba en el hall de entrada de la Legislatura. Ya sabían que, pese a sus carteles y a sus gritos de protesta, en esta ocasión no les había tocado ser beneficiados por la medida oficialista. El próximo miércoles, prometieron, volverán a reclamar en la plaza Independencia.

Se debatió en el recinto

Más fondos para productores 

Ayer también se avalaron convenios celebrados con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para la provisión de fondos, que serán recibidos por el PE. Uno de los acuerdos establece el envío de $ 1,6 millón para productores ganaderos. Otro de los convenios prevé fondos por $ 17 millones para el programa de Desarrollo Rural Incluyente (Proderi). Los textos fueron defendidos por Ramiro González Navarro (PJ).

Planteo contra Bussi 

Mientras se debatía la expropiación de terrenos en Trancas a favor de ocupantes, el opositor Ricardo Bussi recordó que no avalaría la norma porque está en contra del sistema que rige para estos casos. La alperovichista Carolina Vargas Aignasse le retrucó en tono irónico que su proyecto había sido desestimado "por malo". Bussi, luego, le dijo "vaga". Vargas Aignasse planteó una cuestión de privilegio, que pasó a comisión.

Subsidio: recuperando adictos 

El orden del día de ayer incluyó también un proyecto para otorgar a la fundación "Virgen de la Merced Redentora" un subsidio de $ 1,4 millón para la instalación de la "Fazenda de la Esperanza" en la zona de El Cadillal, para el tratamiento de personas con adicciones. En el recinto estuvo presente el monseñor José Melitón Chávez, quien recibió el apoyo de varios de los legisladores por el emprendimiento.

Cambios en la Ley de Patrimonio 

No hubo planteos opositores. La modificación de la Ley 7.500 de Protección del Patrimonio Cultural de la Provincia fue sancionada ayer por unanimidad. En este sentido, la nómina de los bienes protegidos por la Ley 7.535 fueron incorporados a la Ley 7.500. "El proyecto recibió la conformidad por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural", sostuvo el legislador alperovichista, Raúl Hadla.

Renuncia: se ratificó a Bulacio 

Roberto Palina, quien estaba de licencia en la Legislatura, renunció a su banca "por razones personales" oficialmente ayer. En el recinto, se formalizó la asunción de la esposa del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), Nancy Bulacio. La legisladora, además, tomó las riendas del bloque del PT, que es aliado al alperovichismo. El otro integrante es Andrés "Puchero" Galván, dirigente oriundo de Alderetes.

Adhesión: Día de la dislexia 

Ayer se aprobó un proyecto de ley que estableció la adhesión de la provincia al Día Internacional de la Dislexia, que se conmemora cada 8 de noviembre (es decir, hoy). La iniciativa, que fue elaborada por el amayista Alfredo Toscano, contó con la participación en el recinto del experto español Iñaki Muñoz, quien explicó que este trastorno puede ser superado si se detecta de manera temprana en el niño.

Cam y Jury: sólo un cambio 

La Cámara ratificó sus representantes ante el Consejo Asesor de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento. En el CAM estarán Carolina Vargas Aignasse, Regino Amado, Adriana Nájar y Federico Romano Norri (titulares); Ramón Graneros y Roberto Sánchez (suplentes). Al Jury irán Marcelo Caponio, José Gutiérrez, Raúl Hadla, Alejandra Cejas y Alberto Colombres Garmendia. Roque Álvarez cedió su suplencia a Dante Loza.

Ellas hacen: más recursos 

De manera unánime, los legisladores aprobaron una ampliación del programa nacional "Ellas Hacen", suscrito en agosto entre la Provincia y el Gobierno nacional. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aportará $ 1.200 por cada mujer jefa de hogar que se desempeñe en el programa Argentina Trabaja. Además, recibirá un incentivo de $ 350 si concurre a trabajar todos los días, y $ 450 por productividad.