06 Noviembre 2013
Gandur se involucra en la contienda del EPAM
El titular de la Corte Suprema advierte que la ancianidad está protegida por instrumentos de derechos humanos en vigor en Argentina. El juez solicitó discutir la crisis del programa en la Comisión Honoraria del Centenario de la UNT. El pedido consta en una nota dirigida a la vicerrectora Bardón
TRASLADO CONTROVERTIDO. La ex central termoeléctrica aloja al EPAM. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARáOZ (ARCHIVO)
La Comisión Honoraria del Centenario de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) ha de servir para imaginar festejos y homenajes, pero, también, para debatir los problemas que coyunturalmente aquejan a la obra de Juan B. Terán, como la crisis del programa Educación Permanente para Adultos Mayores (EPAM). Esa es la posición de Antonio Gandur, profesor consulto de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT; presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y uno de los miembros del comité ad hoc.
El magistrado pidió que la cuestión "EPAM" sea discutida en la Comisión Honoraria por medio de una nota dirigida a la vicerrectora Alicia Bardón que ingresó a la mesa general de entradas de la UNT el 1 de este mes. En esa misiva, Gandur se dice ajeno a las cuestiones políticas derivadas del conflicto, y se manifiesta movilizado por el deseo de colaborar a la búsqueda de una solución pronta para la condición acuciante y lamentable que padece la comunidad del EPAM.
"Elementales principios de respeto a los derechos sociales nos exigen (...) dar adecuada respuesta a los pedidos formulados por los participantes del programa", expresó. Y añadió: "no está de más recordar el artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica aprobado en Argentina por la Ley 23.054)". A continuación, transcribió la cláusula, que dispone que toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad, y que compromete a los Estados partes a proporcionar instalaciones adecuadas para los ancianos; a ejecutar programas laborales específicos acordes a sus capacidades, deseos y vocaciones, y a estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar su calidad de vida.
"Tenemos la obligación de cooperar, no sólo al mantenimiento y pervivencia del programa EPAM, sino también para que ello se concrete de un modo que resulte compatible con adecuadas condiciones de dignidad", postuló el presidente de la Corte.
Llegan los problemas
Los cursos del EPAM nacieron hace casi tres décadas. En su concepción y formalización participaron dos figuras de la UNT: la profesora María Teresa Bernasconi y Ricardo Somaini, ex secretario de Extensión e integrante de la Comisión Honoraria. La institución se arraigó rápido y creció hasta el punto de brindar servicios a más de un millar de adultos mayores. La casona alquilada en la calle Virgen de la Merced 417 (ex Rivadavia), donde el EPAM funcionaba, pronto quedó pequeña para las muchas actividades que allí tenían lugar.
Los problemas comenzaron cuando se supo que había una deuda por alquileres vencidos. Las diferencias entre la conducción universitaria y la comunidad del EPAM estallaron sin embargo en abril de este año, luego de que el Rectorado dispusiese el traslado de la institución a la ex central termoeléctrica de Agua y Energía ubicada en la avenida Sarmiento al 1.000. La decisión crispó al alumnado, que denunció que la nueva sede era insalubre y peligrosa. En el ínterin, LA GACETA publicó que, en 2009, el rector Luis Alberto Cerisola había aprobado la compra directa de un local situado en la calle Muñecas 436 para destinarlo al EPAM.
Según la Resolución 0069/2009, la operación supuso el desembolso de U$S 1,17 millón pagaderos en pesos al cambio de entonces ($ 4.170.900). La UNT compró la propiedad al matrimonio constituido por Jorge Elgart y Sara Lía Alperovich, respectivos cuñado y hermana del gobernador José Alperovich.
Sigue el conflicto
Pero el local fue ocupado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que en esa época comenzaba a remodelar la señorial Casa Remis de la calle 25 de Mayo. Aquella restauración concluyó en 2012, mas Derecho nunca devolvió el inmueble. Tras constatar esta situación, alumnos del EPAM protestaron en el Rectorado y arrancaron a Cerisola la promesa de trasladar otra vez el programa, en esta ocasión al local de la calle Muñecas.
El conflicto no terminó allí. Esta semana, un grupo de adultos mayores pidió a la Justicia Federal que investigue si la UNT habría pagado en forma irregular una comisión inmobiliaria a posteriori de la adquisición de la propiedad ocupada por Derecho. Para abonar esta comisión, siempre según la denuncia, se habrían utilizado fondos provenientes de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). "No intervine en la compra. Desconozco totalmente", expresó el lunes a este diario Mario Leal, secretario de Extensión de la UNT, que también rechazó la acusación de haber desviado fondos del EPAM.
En este clima revuelto se inscribe el pedido de Gandur y la intención de involucrar en la causa de los adultos mayores a la Comisión Honoraria (el presidente de la Corte previamente había dirigido una carta al comité firmada también por el ex legislador y profesor emérito Rodolfo Danesi). No sería la primera vez que el comité de personalidades se aparta de su tono festivo: en julio, la mayor parte de los miembros de ese grupo festejó el aplazo de la reforma del estatuto de la UNT que podría haber dado la re-reeleción a las autoridades en ejercicio.
El magistrado pidió que la cuestión "EPAM" sea discutida en la Comisión Honoraria por medio de una nota dirigida a la vicerrectora Alicia Bardón que ingresó a la mesa general de entradas de la UNT el 1 de este mes. En esa misiva, Gandur se dice ajeno a las cuestiones políticas derivadas del conflicto, y se manifiesta movilizado por el deseo de colaborar a la búsqueda de una solución pronta para la condición acuciante y lamentable que padece la comunidad del EPAM.
"Elementales principios de respeto a los derechos sociales nos exigen (...) dar adecuada respuesta a los pedidos formulados por los participantes del programa", expresó. Y añadió: "no está de más recordar el artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica aprobado en Argentina por la Ley 23.054)". A continuación, transcribió la cláusula, que dispone que toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad, y que compromete a los Estados partes a proporcionar instalaciones adecuadas para los ancianos; a ejecutar programas laborales específicos acordes a sus capacidades, deseos y vocaciones, y a estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar su calidad de vida.
"Tenemos la obligación de cooperar, no sólo al mantenimiento y pervivencia del programa EPAM, sino también para que ello se concrete de un modo que resulte compatible con adecuadas condiciones de dignidad", postuló el presidente de la Corte.
Llegan los problemas
Los cursos del EPAM nacieron hace casi tres décadas. En su concepción y formalización participaron dos figuras de la UNT: la profesora María Teresa Bernasconi y Ricardo Somaini, ex secretario de Extensión e integrante de la Comisión Honoraria. La institución se arraigó rápido y creció hasta el punto de brindar servicios a más de un millar de adultos mayores. La casona alquilada en la calle Virgen de la Merced 417 (ex Rivadavia), donde el EPAM funcionaba, pronto quedó pequeña para las muchas actividades que allí tenían lugar.
Los problemas comenzaron cuando se supo que había una deuda por alquileres vencidos. Las diferencias entre la conducción universitaria y la comunidad del EPAM estallaron sin embargo en abril de este año, luego de que el Rectorado dispusiese el traslado de la institución a la ex central termoeléctrica de Agua y Energía ubicada en la avenida Sarmiento al 1.000. La decisión crispó al alumnado, que denunció que la nueva sede era insalubre y peligrosa. En el ínterin, LA GACETA publicó que, en 2009, el rector Luis Alberto Cerisola había aprobado la compra directa de un local situado en la calle Muñecas 436 para destinarlo al EPAM.
Según la Resolución 0069/2009, la operación supuso el desembolso de U$S 1,17 millón pagaderos en pesos al cambio de entonces ($ 4.170.900). La UNT compró la propiedad al matrimonio constituido por Jorge Elgart y Sara Lía Alperovich, respectivos cuñado y hermana del gobernador José Alperovich.
Sigue el conflicto
Pero el local fue ocupado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que en esa época comenzaba a remodelar la señorial Casa Remis de la calle 25 de Mayo. Aquella restauración concluyó en 2012, mas Derecho nunca devolvió el inmueble. Tras constatar esta situación, alumnos del EPAM protestaron en el Rectorado y arrancaron a Cerisola la promesa de trasladar otra vez el programa, en esta ocasión al local de la calle Muñecas.
El conflicto no terminó allí. Esta semana, un grupo de adultos mayores pidió a la Justicia Federal que investigue si la UNT habría pagado en forma irregular una comisión inmobiliaria a posteriori de la adquisición de la propiedad ocupada por Derecho. Para abonar esta comisión, siempre según la denuncia, se habrían utilizado fondos provenientes de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). "No intervine en la compra. Desconozco totalmente", expresó el lunes a este diario Mario Leal, secretario de Extensión de la UNT, que también rechazó la acusación de haber desviado fondos del EPAM.
En este clima revuelto se inscribe el pedido de Gandur y la intención de involucrar en la causa de los adultos mayores a la Comisión Honoraria (el presidente de la Corte previamente había dirigido una carta al comité firmada también por el ex legislador y profesor emérito Rodolfo Danesi). No sería la primera vez que el comité de personalidades se aparta de su tono festivo: en julio, la mayor parte de los miembros de ese grupo festejó el aplazo de la reforma del estatuto de la UNT que podría haber dado la re-reeleción a las autoridades en ejercicio.
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