La muerte y sus injusticias

31 Oct 2013 Por Juan Manuel Montero
Manuel Gerardo "Lalo" Uro tenía 56 años. Estaba casado y tenía cuatro hijos: Sebastián, Lourdes, Sofía y Claudia. Su padre, Gerardo, había sido secretario de Crimen en el Poder Judicial, y él terminó haciendo la misma carrera. Ingresó a Tribunales en 1982 y pasó por distintos juzgados y fiscalías. Hasta el viernes, era prosecretario de la Fiscalía VI. Sus compañeros aseguraron que era un excelente trabajador, pero pusieron por sobre todo su don de buena persona: "Era un gran tipo".

Víctor Barraza tenía 45 años. Estaba casado, pero no tenía hijos. Aunque no se daba por vencido. Era jefe de la sección Delitos contra las personas (ex Seguridad Personal) de la Dirección General de Investigaciones, donde ingresó el 6 de febrero de 2001, con el grado de oficial principal. Su carrera como policía comenzó el 23 de marzo de 1990. El 1 de mayo de 2013 lo habían ascendido a comisario principal. Al igual que Uro, todos sus conocidos hablaron bien de él. Lo elogiaron sobre todo por haber sido un excelente ser humano.

Tal vez, ese rasgo que los caracterizaba haya sido el motivo por el cual murieron el viernes. Ninguno de los dos tenía la obligación de ir a la casa de calle Crisóstomo Alvarez al 2.400. Los llamaron cuando advirtieron problemas con Hugo Daniel Sirnio Romanazzi, el dueño de la propiedad que había sido acusado de abuso sexual y que se resistía al operativo ordenado por la Justicia. Uro estaba en un curso de capacitación. Y Barraza en otro operativo. Pero, ante el pedido de ayuda, allí fueron ambos. Y, como lo habían hecho siempre, pusieron el pecho. Y perecieron.

La muerte nunca es justa. Ni para el peor de los asesinos. Pero golpea, y mucho, cuando se ensaña con personas de bien. Y por eso el asesinato del prosecretario de Tribunales y del comisario de Investigaciones causó tanta conmoción. No merecían terminar de ese modo.

Pero, como siempre, tras la tragedia, hay responsabilidades. Y la primera pregunta que se hicieron todos (policías y judiciales) fue cómo podía ser que dos empleados públicos que deben lidiar a diario con la delincuencia quedaron tan expuestos durante un operativo. Una palabra que se puso de moda tras el crimen de Paulina Lebbos fue protocolo. Se crearon varios para optimizar las investigaciones. Pero, evidentemente, muchas cosas siguen igual. Un policía, resignado, aseguró: "Nosotros nos jugamos la vida en cada allanamiento. No hay suficientes chalecos antibalas para todos. Y lo hacemos igual. Esto, tarde o temprano iba a pasar"... Y evidentemente a nadie nunca se le ocurrió que, para hacer un operativo contra alguien que delinque, lo menos que podían utilizar quienes lo concretan es un chaleco que le puede salvar la vida.

Para peor, la abogada Silvana Sánchez Tardán, la misma que tenía una placa con su nombre en la puerta de un prostíbulo VIP, tuvo una actuación paupérrima. E incidió al menos en que Sirnio Romanazzi pudiera llegar hasta las armas que tenía guardadas en su dormitorio. Pablo Rivera, codefensor de la mujer, incluso aseguró que la tragedia se desencadenó "por el mal accionar de la Policía". Cuanto menos, increíble.

Y mientras el presidente de la Corte, Antonio Gandur, decía que había que poner cámaras en Tribunales para controlar a los empleados, los miembros de la Asociación de Magistrados reclamaron lo mismo, pero para incrementar la seguridad. Todo dentro de las paredes del Poder Judicial. Pero el peligro, lamentablemente, está afuera. Y no discrimina a los buenos de los malos hombres.

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