24 Octubre 2013
"Las víctimas directas de Montoneros y del ERP, que suman alrededor de 18.000, no tienen derecho ni a una indemnización ni a la verdad ni la justicia". "En el país, (la protección de) los derechos humanos depende de la ideología de la víctima y del agresor". "El Poder Judicial se convierte en garante de la impunidad del terrorismo". Las opiniones pertenecen a Victoria Villarruel, presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), quien se encuentra en la provincia para brindar una serie de conferencias abiertas al público y charlas en colegios secundarios.
"Desarrollamos un trabajo bastante raro, que es el de reconocer y luchar por los derechos humanos para las víctimas del terrorismo. En la Argentina. Ninguna de las víctimas de la década del 70 tiene reconocidos sus derechos. Principalmente, los de Montoneros y el ERP, porque las víctimas de ataques de la Triple A sí fueron reconocidas", explicó.
La abogada consideró que el Estado tiene una "posición diametralmente distinta" a la que se aplica en el mundo en relación al Estatuto de Roma (1998). "En Argentina se considera crímenes de lesa humanidad sólo a aquellos cometidos por el Estado, por eso reconocieron a las víctimas de la Triple A, por el componente estatal que tenía. Es una teoría caprichosa, porque el estatuto no hace una diferenciación al respecto. Habla de víctimas tanto de abusos del estado como de organizaciones armadas", subrayó.
Afirmó que su asociación representa los intereses de "civiles inocentes y de aquellos militares que fueron atacados en sus casas". "Ninguna de las causas prosperó. Es increíble que se diga que se garantiza la verdad, la justicia y la memoria cuando no es en forma total. Los derechos son otorgados en forma restrictiva para un sector de la población y una ideología", repudió. Ejemplificó con un caso que monitorean en Tucumán, el del asesinato del capitán Humberto Viola y de su hija María Cristina (diciembre de 1974). "Está en apelación y probablemente quede en vía muerta. Lamentablemente, los jueces tienen temor o consideran que estas personas no merecen los derechos humanos", refirió. Estaba previsto que Villarruel diera una charla ayer en Santa Lucía. Hoy, a las 20, expondrá en el Hotel Carlos V sobre "Los DD.HH en la Argentina. La impunidad del terrorismo".
"Desarrollamos un trabajo bastante raro, que es el de reconocer y luchar por los derechos humanos para las víctimas del terrorismo. En la Argentina. Ninguna de las víctimas de la década del 70 tiene reconocidos sus derechos. Principalmente, los de Montoneros y el ERP, porque las víctimas de ataques de la Triple A sí fueron reconocidas", explicó.
La abogada consideró que el Estado tiene una "posición diametralmente distinta" a la que se aplica en el mundo en relación al Estatuto de Roma (1998). "En Argentina se considera crímenes de lesa humanidad sólo a aquellos cometidos por el Estado, por eso reconocieron a las víctimas de la Triple A, por el componente estatal que tenía. Es una teoría caprichosa, porque el estatuto no hace una diferenciación al respecto. Habla de víctimas tanto de abusos del estado como de organizaciones armadas", subrayó.
Afirmó que su asociación representa los intereses de "civiles inocentes y de aquellos militares que fueron atacados en sus casas". "Ninguna de las causas prosperó. Es increíble que se diga que se garantiza la verdad, la justicia y la memoria cuando no es en forma total. Los derechos son otorgados en forma restrictiva para un sector de la población y una ideología", repudió. Ejemplificó con un caso que monitorean en Tucumán, el del asesinato del capitán Humberto Viola y de su hija María Cristina (diciembre de 1974). "Está en apelación y probablemente quede en vía muerta. Lamentablemente, los jueces tienen temor o consideran que estas personas no merecen los derechos humanos", refirió. Estaba previsto que Villarruel diera una charla ayer en Santa Lucía. Hoy, a las 20, expondrá en el Hotel Carlos V sobre "Los DD.HH en la Argentina. La impunidad del terrorismo".
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