22 Octubre 2013
BUENOS AIRES. - La delegación de la Argentina denunció el domingo ante la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se lleva a cabo en la ciudad de Denver (Estados Unidos), "los obstáculos, amenazas y ataques, en su mayoría impulsados por el Gobierno nacional", que durante el último semestre "condicionaron el desarrollo de la actividad periodística" en el país.
El informe, que fue leído por Daniel Dessein, miembro del directorio de LA GACETA, aludió al cepo publicitario, la Ley de Medios, la distribución de la publicidad oficial, la Ley de Mercado de Capitales y las agresiones destinadas a acallar al periodismo.
En este sentido, su presentación incluyó un pormenorizado detalle de situaciones que involucraron desde el lanzamiento de bombas molotov a una distribuidora de diarios en Santa Fe, hasta la denuncia de un ataque incendiario a un periodista de Formosa, junto a declaraciones y actitudes de funcionarios, disparos, escupitajos y agresiones directas.
El tenor de la situación hizo que el titular de la SIP, Jaime Mantilla, y el presidente del Comité de Libertad de Expresión, Claudio Paolillo, sumaran a la Argentina al lote de países en los que, junto a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros, "se busca acallar la disidencia y establecer una hegemonía comunicacional oficial".
"El boicot publicitario que sufren algunos medios; el uso de recursos públicos como herramienta de coacción y disciplinamiento; el riesgo de estatización de la producción de papel para diarios y el de intervención de empresas de comunicación; la aplicación selectiva de leyes y las agresiones físicas y verbales contra periodistas conforman un cóctel que afecta la libertad de expresión y que, en gran medida, deriva de la intención del oficialismo de acallar toda voz que cuestione su discurso" señaló Dessein.
Boicot publicitario
Allí, recordó que "el boicot publicitario contra los diarios Clarín, La Nación, Perfil y El Cronista, entre otros, lleva más de ocho meses y constituye el golpe económico más duro para los medios independientes en las últimas décadas". La misión argentina recordó, además, que "esta retracción publicitaria implica, también un avasallamiento del derecho del consumidor, que pierde la posibilidad de informarse acerca de precios y ofertas de productos".
En cuanto a la distribución de la pauta estatal, la calificó de "arbitraria" y mencionó que "en 2013, año electoral, los montos de publicidad oficial aumentaron y que su reparto siguió siendo empleado, en general, para nutrir a medios afines al Gobierno y castigar a los críticos".
Recordó que "los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establecieron que la publicidad estatal no puede ser retirada como sanción gubernamental siguen sin ser acatados por el Gobierno", y mencionó que "Fútbol para Todos" se lleva por año "250 millones de dólares".
También se mencionó que la Ley de Acceso a la Información Pública es "sólo una aspiración en proyectos, sistemáticamente ignorados en el Congreso", y lo calificó de "grave en un país en el que las estadísticas oficiales son manipuladas". (DyN)
El informe, que fue leído por Daniel Dessein, miembro del directorio de LA GACETA, aludió al cepo publicitario, la Ley de Medios, la distribución de la publicidad oficial, la Ley de Mercado de Capitales y las agresiones destinadas a acallar al periodismo.
En este sentido, su presentación incluyó un pormenorizado detalle de situaciones que involucraron desde el lanzamiento de bombas molotov a una distribuidora de diarios en Santa Fe, hasta la denuncia de un ataque incendiario a un periodista de Formosa, junto a declaraciones y actitudes de funcionarios, disparos, escupitajos y agresiones directas.
El tenor de la situación hizo que el titular de la SIP, Jaime Mantilla, y el presidente del Comité de Libertad de Expresión, Claudio Paolillo, sumaran a la Argentina al lote de países en los que, junto a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros, "se busca acallar la disidencia y establecer una hegemonía comunicacional oficial".
"El boicot publicitario que sufren algunos medios; el uso de recursos públicos como herramienta de coacción y disciplinamiento; el riesgo de estatización de la producción de papel para diarios y el de intervención de empresas de comunicación; la aplicación selectiva de leyes y las agresiones físicas y verbales contra periodistas conforman un cóctel que afecta la libertad de expresión y que, en gran medida, deriva de la intención del oficialismo de acallar toda voz que cuestione su discurso" señaló Dessein.
Boicot publicitario
Allí, recordó que "el boicot publicitario contra los diarios Clarín, La Nación, Perfil y El Cronista, entre otros, lleva más de ocho meses y constituye el golpe económico más duro para los medios independientes en las últimas décadas". La misión argentina recordó, además, que "esta retracción publicitaria implica, también un avasallamiento del derecho del consumidor, que pierde la posibilidad de informarse acerca de precios y ofertas de productos".
En cuanto a la distribución de la pauta estatal, la calificó de "arbitraria" y mencionó que "en 2013, año electoral, los montos de publicidad oficial aumentaron y que su reparto siguió siendo empleado, en general, para nutrir a medios afines al Gobierno y castigar a los críticos".
Recordó que "los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establecieron que la publicidad estatal no puede ser retirada como sanción gubernamental siguen sin ser acatados por el Gobierno", y mencionó que "Fútbol para Todos" se lleva por año "250 millones de dólares".
También se mencionó que la Ley de Acceso a la Información Pública es "sólo una aspiración en proyectos, sistemáticamente ignorados en el Congreso", y lo calificó de "grave en un país en el que las estadísticas oficiales son manipuladas". (DyN)
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