Por Roberto Delgado
04 Octubre 2013
En la semana del 16 al 22 de septiembre entraron 217 camiones con caña quemada al ingenio Bella Vista, es decir, unos 30 camiones por día. La ley 7.873 prohíbe que el ingenio reciba caña quemada, pero por algún motivo que se desconoce, aceptan el producto cuando el productor entrega un certificado policial que da cuenta de que la caña fue quemada por "autores desconocidos". El control en el ingenio Bella Vista se hace a toda hora desde el 3 de agosto, cuando el fiscal V, Washington Navarro Dávila, ordenó a las policías Vial y Ecológica poner agentes en la puerta del ingenio: anotan nombre del camionero, procedencia de la caña y nombre del productor. También anotan si es sólo caña quemada o si es caña quemada y picada (esta es cosechada con gigantescas máquinas integrales en campos grandes).
El control arrojó datos sorprendentes que el fiscal le envió al secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, para que aplique la ley. Se descubrió que había grandes productores incendiarios porque un alto porcentaje del producto es picado, de modo que el cosechador no encaja en el decreto 795/3 de 2005, que permite a cañeros chicos (de menos de 50 hectáreas) cosechar con fuego, con el compromiso de reducir un 5% la quema cada año. A los picadores, los grandes, les corresponderían multas de hasta 3 millones de pesos en caso de acumulación de faltas porque la Ley 7.449 les prohíbe quemar caña..
Círculo vicioso e inacción oficial
¿Cómo se puede saber si se acumulan faltas? Con registros. No se conoce que Medio Ambiente los tenga, y siempre los quemadores se escaparon por la tangente afirmando que "autores desconocidos" les quemaron la caña, pese a que en el Este (Bella Vista, Los Ralos) hubo barrios en riesgo y hasta casas incineradas (en 2009 y este año) a causa de los incendios. El círculo vicioso era tan cerrado y la inacción oficial tan escandalosa, que hubo que partir de una denuncia penal contra un productor pequeño, de apellido Mamaní, por la quema de un campo junto a la población y junto a un gasoducto en Bella Vista. El hombre fue denunciado por los vecinos, que dicen que el año pasado también puso en riesgo a los pobladores. El defensor del pueblo, Hugo Cabral, hizo la presentación ante Navarro Dávila y este puso las guardias a confeccionar el registro en la puerta del ingenio. El año que viene podrían aparecer las acumulaciones de causas y se podría multar a los reincidentes. Estaría más completo todo si se hiciera el mismo registro en los otros 14 ingenios de la provincia.
Cabral también hizo una presentación en la Justicia federal a partir de la denuncia de Trasnoa por quema de cañaverales, que hizo saltar la central de El Bracho y dejó sin luz a parte de la provincia y del NOA. Hay seis cañeros detectados en esa denuncia. El ombudsman pidió que se junte su presentación con la de Trasnoa y se pida una acción de recomposición del daño ambiental colectivo. Si se determina quién es el responsable, que pague con su patrimonio, dice Cabral. En su informe ante la Legislatura, el 6 de septiembre, el defensor del pueblo dijo que se puede resolver la quema con control eficiente, sanciones efectivas, educación, participación ciudadana y coordinación interinsititucional. Propuso que se ponga el hidroavión para apagar fiuegos y que se les cobre a los dueños de los campos por el uso de la aeronave aguatera.
Ya se acaba la zafra, tras un invierno infernal con atmósfera saturada de hollín e cañaverales. Los productores siguen diciendo que no son ellos y hasta la FET, con Raúl Robín a la cabeza, los defiende afirmando que la sequía, los vientos y las heladas han generado este combo incendiario de todo tipo de campos, no sólo los de caña. Se dice que los certificados policiales tienen un costo, que resulta ínfimo comparado con el hecho de que sirve a los productores para entregar al ingenio la caña quemada. Las picardías forman el círculo vicioso. Pero ya están identificados unos cuantos pícaros. Apenas falta que Medio Ambiente actúe.
El control arrojó datos sorprendentes que el fiscal le envió al secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, para que aplique la ley. Se descubrió que había grandes productores incendiarios porque un alto porcentaje del producto es picado, de modo que el cosechador no encaja en el decreto 795/3 de 2005, que permite a cañeros chicos (de menos de 50 hectáreas) cosechar con fuego, con el compromiso de reducir un 5% la quema cada año. A los picadores, los grandes, les corresponderían multas de hasta 3 millones de pesos en caso de acumulación de faltas porque la Ley 7.449 les prohíbe quemar caña..
Círculo vicioso e inacción oficial
¿Cómo se puede saber si se acumulan faltas? Con registros. No se conoce que Medio Ambiente los tenga, y siempre los quemadores se escaparon por la tangente afirmando que "autores desconocidos" les quemaron la caña, pese a que en el Este (Bella Vista, Los Ralos) hubo barrios en riesgo y hasta casas incineradas (en 2009 y este año) a causa de los incendios. El círculo vicioso era tan cerrado y la inacción oficial tan escandalosa, que hubo que partir de una denuncia penal contra un productor pequeño, de apellido Mamaní, por la quema de un campo junto a la población y junto a un gasoducto en Bella Vista. El hombre fue denunciado por los vecinos, que dicen que el año pasado también puso en riesgo a los pobladores. El defensor del pueblo, Hugo Cabral, hizo la presentación ante Navarro Dávila y este puso las guardias a confeccionar el registro en la puerta del ingenio. El año que viene podrían aparecer las acumulaciones de causas y se podría multar a los reincidentes. Estaría más completo todo si se hiciera el mismo registro en los otros 14 ingenios de la provincia.
Cabral también hizo una presentación en la Justicia federal a partir de la denuncia de Trasnoa por quema de cañaverales, que hizo saltar la central de El Bracho y dejó sin luz a parte de la provincia y del NOA. Hay seis cañeros detectados en esa denuncia. El ombudsman pidió que se junte su presentación con la de Trasnoa y se pida una acción de recomposición del daño ambiental colectivo. Si se determina quién es el responsable, que pague con su patrimonio, dice Cabral. En su informe ante la Legislatura, el 6 de septiembre, el defensor del pueblo dijo que se puede resolver la quema con control eficiente, sanciones efectivas, educación, participación ciudadana y coordinación interinsititucional. Propuso que se ponga el hidroavión para apagar fiuegos y que se les cobre a los dueños de los campos por el uso de la aeronave aguatera.
Ya se acaba la zafra, tras un invierno infernal con atmósfera saturada de hollín e cañaverales. Los productores siguen diciendo que no son ellos y hasta la FET, con Raúl Robín a la cabeza, los defiende afirmando que la sequía, los vientos y las heladas han generado este combo incendiario de todo tipo de campos, no sólo los de caña. Se dice que los certificados policiales tienen un costo, que resulta ínfimo comparado con el hecho de que sirve a los productores para entregar al ingenio la caña quemada. Las picardías forman el círculo vicioso. Pero ya están identificados unos cuantos pícaros. Apenas falta que Medio Ambiente actúe.
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