24 Agosto 2013
Moreno volvió a ser indagado, y habría negado que manejara contratos de la UNT
Una cámara oculta registrada en 2010 y aceptada como prueba por un tribunal comprometería al ex secretario de Bienestar Estudiantil. La audiencia fue celebrada la semana pasada, a pedido de los abogados del imputado. En la ampliación de su declaración, objetó que se sospeche de su conducta
VALORADO COMO PRUEBA. El video tomado mediante una cámara oculta en un bar, grabado en 2010, mostraría a Moreno ofreciendo contratos. CAPTURA DE VIDEO ARCHIVO
Tiene un procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Previamente, ese tribunal había convalidado la validez probatoria de una cámara oculta en la que aparece ofreciendo cuatro contratos de $ 2.500 a cambio de votos para la fórmula de rector y vicerrectora que formaron Juan Alberto Cerisola y Alicia Bardón, para los comicios universitarios de 2010.
En ese contexto judicial aparentemente adverso, Ramiro Moreno, ex secretario de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), volvió a los Tribunales Federales para ampliar su versión de los hechos que lo vinculan a la supuesta comisión del delito de cohecho, junto al empleado universitario Anselmo Damián Conde.
La audiencia fue celebrada hace ocho días, en el Juzgado Federal N°2 que encabeza Fernando Poviña (h). En el expediente consta que los defensores de Moreno, Carlos Saltor y María Alejandra Silva, pidieron la comparecencia. Fuentes vinculadas al imputado explicaron a LA GACETA que, en la ampliación de la indagatoria, este habría objetado el encuadramiento de su conducta en el delito de cohecho, y habría negado que su ex oficina tuviese atribuciones para contratar personal.
La cámara oculta en cuestión sesgó la renovación de autoridades de 2010. En esa oportunidad, la fórmula oficialista Cerisola-Bardón derrotó a la dupla María Luisa Rossi de Hernández-Pablo Holgado en un clima de inusitada tensión alimentado por las acusaciones de irregularidades.
La campaña tocó el punto de aspereza máxima con la difusión del video que mostraba a Moreno y Conde ofreciendo los contratos a Gustavo Pedraza, secretario de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Artes (y querellante en la causa), y a Alejo Gallo, consejero estudiantil de esa unidad académica.
Exclusión denegada
Los imputados objetaron la filmación con el argumento de que esta violaba sus derechos constitucionales a la privacidad y a la no autoincriminación. "La grabación se produjo clandestinamente... con el propósito de obtener una confesión mediante un ardid; por lo que todo lo charlado en esa reunión, los dichos, preguntas y propuestas de los imputados son el resultado de una voluntad viciada", alegaron.
En abril de 2012, la Cámara Federal confirmó el rechazo del planteo resuelto el 3 de agosto de 2010 por Mario Racedo, ex magistrado subrogante del Juzgado Federal N°2. "En efecto, entendemos que correctamente el señor juez, en una resolución de muy destacada factura técnica, denegó el pedido de exclusión probatoria del DVD aportado por Pedraza al presentar la denuncia del 10 de mayo de 2010", expresaron los camaristas Ricardo Mario Sanjuan, Ernesto Wayar y Graciela Fernández Vecino.
La Cámara entendió que los imputados sabían que estaban manifestando algo que podría comprometerlos, y que quienes recibían la información no tenían obligación legal de guardar secreto aunque no supiesen que estaban siendo filmados. "Siendo ello así, carece de asidero jurídico o ético aceptable lo sostenido por la defensa al expresar que 'de haberse conocido la existencia de la cámara y que la conversación excedía el ámbito privado, nada de lo que se dijo se hubiera dicho' (sic)", resolvieron los camaristas.
Cinco meses después, el tribunal integrado por Fernández Vecino, Daniel Bejas (juez federal N°1) y el conjuez Juan Carlos Reynaga ratificó el procesamiento de los imputados -con embargo de $ 40.000- que había dispuesto Racedo. "Podemos sostener que se encontraría prima facie acreditado que Moreno y Conde habrían ofrecido contratos a Pedraza y a Gallo con la finalidad de torcer o asegurar de manera ilícita la voluntad electoral de este último en los comicios de la UNT. Tal ofrecimiento queda comprendido en la acción típica de cohecho activo", expresó el tribunal en su resolución.
En ese contexto judicial aparentemente adverso, Ramiro Moreno, ex secretario de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), volvió a los Tribunales Federales para ampliar su versión de los hechos que lo vinculan a la supuesta comisión del delito de cohecho, junto al empleado universitario Anselmo Damián Conde.
La audiencia fue celebrada hace ocho días, en el Juzgado Federal N°2 que encabeza Fernando Poviña (h). En el expediente consta que los defensores de Moreno, Carlos Saltor y María Alejandra Silva, pidieron la comparecencia. Fuentes vinculadas al imputado explicaron a LA GACETA que, en la ampliación de la indagatoria, este habría objetado el encuadramiento de su conducta en el delito de cohecho, y habría negado que su ex oficina tuviese atribuciones para contratar personal.
La cámara oculta en cuestión sesgó la renovación de autoridades de 2010. En esa oportunidad, la fórmula oficialista Cerisola-Bardón derrotó a la dupla María Luisa Rossi de Hernández-Pablo Holgado en un clima de inusitada tensión alimentado por las acusaciones de irregularidades.
La campaña tocó el punto de aspereza máxima con la difusión del video que mostraba a Moreno y Conde ofreciendo los contratos a Gustavo Pedraza, secretario de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Artes (y querellante en la causa), y a Alejo Gallo, consejero estudiantil de esa unidad académica.
Exclusión denegada
Los imputados objetaron la filmación con el argumento de que esta violaba sus derechos constitucionales a la privacidad y a la no autoincriminación. "La grabación se produjo clandestinamente... con el propósito de obtener una confesión mediante un ardid; por lo que todo lo charlado en esa reunión, los dichos, preguntas y propuestas de los imputados son el resultado de una voluntad viciada", alegaron.
En abril de 2012, la Cámara Federal confirmó el rechazo del planteo resuelto el 3 de agosto de 2010 por Mario Racedo, ex magistrado subrogante del Juzgado Federal N°2. "En efecto, entendemos que correctamente el señor juez, en una resolución de muy destacada factura técnica, denegó el pedido de exclusión probatoria del DVD aportado por Pedraza al presentar la denuncia del 10 de mayo de 2010", expresaron los camaristas Ricardo Mario Sanjuan, Ernesto Wayar y Graciela Fernández Vecino.
La Cámara entendió que los imputados sabían que estaban manifestando algo que podría comprometerlos, y que quienes recibían la información no tenían obligación legal de guardar secreto aunque no supiesen que estaban siendo filmados. "Siendo ello así, carece de asidero jurídico o ético aceptable lo sostenido por la defensa al expresar que 'de haberse conocido la existencia de la cámara y que la conversación excedía el ámbito privado, nada de lo que se dijo se hubiera dicho' (sic)", resolvieron los camaristas.
Cinco meses después, el tribunal integrado por Fernández Vecino, Daniel Bejas (juez federal N°1) y el conjuez Juan Carlos Reynaga ratificó el procesamiento de los imputados -con embargo de $ 40.000- que había dispuesto Racedo. "Podemos sostener que se encontraría prima facie acreditado que Moreno y Conde habrían ofrecido contratos a Pedraza y a Gallo con la finalidad de torcer o asegurar de manera ilícita la voluntad electoral de este último en los comicios de la UNT. Tal ofrecimiento queda comprendido en la acción típica de cohecho activo", expresó el tribunal en su resolución.
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