05 Julio 2013
Luego de varias idas y vueltas, la Legislatura aprobó ayer un proyecto de resolución para conformar una comisión especial que revisará posibles reformas al Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT). Esta normativa, entre otros puntos, regula parámetros de la investigación penal preparatoria y de los procesos orales y públicos en los Tribunales de la provincia.
El proyecto de resolución fue elaborado por el titular de la bancada oficialista, Roque Tobías Álvarez. El texto prevé que el equipo revisor del CPPT esté integrado por representantes del Poder Ejecutivo (tres titulares y dos suplentes); del Poder Judicial (tres titulares y tres suplentes); del Poder Legislativo (cinco titulares y dos suplentes); y de los Colegios de Abogados de la Capital y del Sur (un titular y un suplente por cada organismo).
La resolución aprobada ayer tiene, en su pasado reciente, un historial de disputas entre algunos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) y del parlamento. De hecho, en el texto original, la idea era revisar el cuestionado plan piloto de la CSJT. Pero esto se borró sobre la hora de la iniciativa.
El año pasado, el alto tribunal firmó una acordada para habilitar un convenio con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). El objetivo era diseñar un plan piloto para reformar la investigación penal preparatoria en Concepción y en Monteros. El programa debía aplicarse en abril pasado, pero debió ser suspendido por tres amparos formulados en los Tribunales del sur.
En los planteos se cuestionaba que la CSJT impulsara las reformas sin que el texto pasara por la Legislatura. El parlamento (sobre todo el arco oficialista) apoyó esta postura. Así, tras acordar con el titular del alto tribunal, Antonio Estofán, el armado de un comité para una eventual reforma del CPPT, la bancada alperovichista elaboró el proyecto.
El Poder Judicial ya ha nombrado a sus representantes. El 25 de abril pasado, elevó una nómina con los magistrados Ana Lía Castillo, Carlos Caramuti, Eudoro Albo, Adriana Giannoni, Edgardo Sánchez y Jorge Echayde. Todavía resta definir quiénes llevarán las voces del Poder Ejecutivo y de los Colegios de Abogados.
En la Legislatura ya se discuten los nombres. Según fuentes oficiales, el titular subrogante de la Cámara, Regino Amado, no confirmó a los enviados, pero se menciona a los abogados Ramiro González Navarro, Guillermo Gassenbauer, Gerónimo Vargas Aignasse y Marcelo Caponio para que representen al oficialismo. Y habría otros interesados en participar (uno sería Regino Racedo). El médico Federico Romano Norri (UCR) era una opción para la oposición, pero los letrados José Páez (DC) y Alberto Colombres Garmendia (PRO) también estarían interesados en ese rol.
El proyecto de resolución fue elaborado por el titular de la bancada oficialista, Roque Tobías Álvarez. El texto prevé que el equipo revisor del CPPT esté integrado por representantes del Poder Ejecutivo (tres titulares y dos suplentes); del Poder Judicial (tres titulares y tres suplentes); del Poder Legislativo (cinco titulares y dos suplentes); y de los Colegios de Abogados de la Capital y del Sur (un titular y un suplente por cada organismo).
La resolución aprobada ayer tiene, en su pasado reciente, un historial de disputas entre algunos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) y del parlamento. De hecho, en el texto original, la idea era revisar el cuestionado plan piloto de la CSJT. Pero esto se borró sobre la hora de la iniciativa.
El año pasado, el alto tribunal firmó una acordada para habilitar un convenio con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). El objetivo era diseñar un plan piloto para reformar la investigación penal preparatoria en Concepción y en Monteros. El programa debía aplicarse en abril pasado, pero debió ser suspendido por tres amparos formulados en los Tribunales del sur.
En los planteos se cuestionaba que la CSJT impulsara las reformas sin que el texto pasara por la Legislatura. El parlamento (sobre todo el arco oficialista) apoyó esta postura. Así, tras acordar con el titular del alto tribunal, Antonio Estofán, el armado de un comité para una eventual reforma del CPPT, la bancada alperovichista elaboró el proyecto.
El Poder Judicial ya ha nombrado a sus representantes. El 25 de abril pasado, elevó una nómina con los magistrados Ana Lía Castillo, Carlos Caramuti, Eudoro Albo, Adriana Giannoni, Edgardo Sánchez y Jorge Echayde. Todavía resta definir quiénes llevarán las voces del Poder Ejecutivo y de los Colegios de Abogados.
En la Legislatura ya se discuten los nombres. Según fuentes oficiales, el titular subrogante de la Cámara, Regino Amado, no confirmó a los enviados, pero se menciona a los abogados Ramiro González Navarro, Guillermo Gassenbauer, Gerónimo Vargas Aignasse y Marcelo Caponio para que representen al oficialismo. Y habría otros interesados en participar (uno sería Regino Racedo). El médico Federico Romano Norri (UCR) era una opción para la oposición, pero los letrados José Páez (DC) y Alberto Colombres Garmendia (PRO) también estarían interesados en ese rol.
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